Más de 900 familias peregrinan en busca de una vivienda propia

Produce conmoción y pena ver a un grupo grande de mujeres y hombres, la mayoría con sus pequeños hijos en brazos, solicitando el apoyo del Estado para obtener una solución al problema habitacional.

Son alrededor de 900 familias que se autoconvocaron para tratar un tema que hoy, junto a la pobreza y la desocupación, es prioritario: tener una casa. Todos ellos son inquilinos que, dicen, no pueden ya pagar lo que hoy significa un alquiler en Mendoza. “No es que no queramos, es que no nos alcanza”, repiten y repiten, como si hiciera falta.

Sobre este tema El Ciudadano reflejaba unos meses atrás que los problemas de viviendas para los mendocinos tienen su historia, tanto como sus vicisitudes, un tema ligado a fondos de la Nación hacia la Provincia y de la Provincia, en muchos casos, a los municipios.

Por eso, a pesar de los importantes fondos que se manejan anualmente para viviendas, el déficit está y en el caso de Mendoza es más que preocupante.

Muchos aseguran que es un asunto que pasa sí o sí por el cedazo de la política y en muchos casos, lamentablemente, por discriminaciones entre los gobiernos de turno. Una inadmisible situación que tendría que desaparecer porque estamos hablando de intereses de miles de familias que necesitan un digno hábitat.

El ejemplo que demuestra lo que se plantea es lo ocurrido el año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández presentó el plan ‘Casa propia, construir futuro’. El programa tiene como objetivo para los próximos tres años la construcción de 264.000 cupos habitacionales, con un monto aproximado a $900.000 millones. Montos que aun no llegan a Mendoza, por lo que la Provincia encara con fondos propios y solo los del FONAVI la construcción de viviendas.

Casi mil familias ya no pueden afrontar el alquiler

El Ciudadano se encontró con familias que han comenzado a contactarse y aglutinarse para lograr que alguien les dé una respuesta.

Son inquilinos autoconvocados que piden ser escuchados y, como ellos dicen, “que nos den una solución habitacional que podamos pagar, porque no estamos buscando nada gratis”.

Al respecto, nuestro diario entrevistó a Elizabeth González, quien obró de vocera de las familias, y ante la consulta de cuántas de ellas estaban autoconvocadas, respondió: “Somos aproximadamente novecientas familias que alquilamos en distintas zonas del Gran Mendoza y otros departamentos de la provincia. Todos, en diferentes situaciones o realidades pero con un solo objetivo, luchamos por nuestros derechos de tener una vivienda propia”.

—¿Quieren ser comprendidas en algún plan del Gobierno?

—No señor; no estamos buscando ni subsidio ni regalos del Gobierno, queremos pagar por esa casa que recibamos. Le repito, no queremos nada regalado, sí que se nos tenga en cuenta como a las personas de las villas a las que se les está entregando viviendas. Nosotros integramos familias numerosas, con ancianos, personas con discapacidad y muchos niños.

—¿Qué han hecho en consecuencia?

—Hemos solicitado en su momento una audiencia con el vicegobernador. También entregamos un petitorio hace dos semanas, del cual todavía no recibimos respuesta alguna. Tenemos sobradas esperanzas de alguna respuesta por parte del señor (Mario) Abed.

—¿Fueron al Instituto Provincial de la Vivienda? ¿Qué les respondieron?

—Con el IPV y sus autoridades no tuvimos contacto directamente. Todos los que usted ve aquí más los que no pudieron venir, hace años y ante diferentes autoridades que estamos anotados en esa repartición y nunca logramos respuestas por parte del Instituto. Lo que hace que ni nos molestemos en ir a buscarlas.

—¿Acudieron a otros organismos públicos?

—Por supuesto, el hecho de que no busquemos respuestas en el IPV no significa que intentemos soluciones en otros organismos y oficinas. Al respecto, le cuento que estamos preparando llegar con el petitorio al ministro de Infraestructura para que conozca lo que afecta a muchas familias mendocinas.

“No molestamos ni preocupamos al Gobierno”

—Por lo que noto en sus rostros, hay mucha preocupación...

—Es así, estamos todos muy mal, desesperados y decepcionados. A nuestra precariedad laboral, social y de vida, le agregamos este gran peso que nuestras familias vivan en lugares que alquilamos que, si nos retrasamos en los pagos, nos dejan en la calle.

“Señor, no es que no pagamos porque no queremos, es que no nos alcanza, para vivir no nos alcanza. Tendría que escuchar el llanto de todos los días de la mayoría de nosotros ante la inminencia del desalojo y no poder alquilar otro sitio más económico. Quisiera que alguien entendiera esta realidad tan dura que sostenemos como podemos junto a nuestros hijos y nuestros abuelos”, pidió la entrevistada.

—¿Es un problema en toda la provincia?

—Esto usted lo puede comprobar en toda la provincia, a autoconvocados inquilinos llegan adhesiones desde el Este, el Norte y el Sur de la provincia. Son muchos los casos de personas con graves problemas de vivienda por no poder pagar un alquiler que aumenta considerablemente. Gente de Tunuyán y Luján, por dar ejemplos de casos muy graves de no tener casa propia y peregrinar para conseguir un alquiler accesible.

—Es donde se nota con mayor rigor el problema económico y social que sufre la gente del país y la provincia.

—Sí, como le decía, todo está atado a la delicada situación económica de las novecientas familias que nos hemos autoconvocado. Los números se nos escapan como agua entre las manos, porque los sueldos no alcanzan y mucho menos la manutención de nuestras familias. Sentimos que somos una parte de la sociedad que no le molestamos ni preocupamos al Gobierno.