Fuerte cruce entre la CTA y el gobierno escolar por cuestionadas medidas

Nuevamente Mariana Caroglio está en el ojo de una tormenta gremial, docente y judicial. Ahora, la funcionaria –que impulsó cuando fue senadora provincial el polémico ‘ítem aula’– fue denunciada penalmente por actuaciones que habría realizado en su condición de directora de Educación de Jóvenes y Adultos de la Dirección General de Escuelas (DGE).

El caso, que produjo mucho ruido en los ámbitos donde se desencadenó, tuvo epicentro en el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 3- 503, ubicado en el histórico penal mendocino de Boulogne Sur Mer. Allí, el pasado 28 de julio se llevó a cobo un almuerzo entre directivos y docentes al finalizar la jornada laboral, en el retorno a la presencialidad dispuesta por el Gobierno provincial.

El encuentro de los educadores se habría producido “bajo conocimiento de las autoridades penitenciarias con todas las medida sanitarias contra el COVID-19 en vigencia”, dicen los involucrados. Algo muy diferente a lo que expresan desde las oficinas de la funcionaria demandada, que indican que “no se habrían respetado los protocolos sanitarios que en esos momentos regían en la provincia”.

Tras el hecho, Caroglio abrió un sumario y decidió suspender y después remover al director del establecimiento educacional, Jorge Galleguillo, además de tomar otras medidas con el resto del personal, de acuerdo con lo expresado por dirigentes gremiales involucrados en su demanda.

La presentación se llevó a cabo ante la Unidad Fiscal Correccional, cuyo titular es el fiscal Thomas Guevara, y la impulsó el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Mendoza, Gustavo Correa.

El dirigente sindical califica este hecho como “discriminación, porque el trasfondo de esta acción de carácter persecutorio debe ser investigada de manera urgente. Porque son acciones que buscan eliminar la pluralidad de ideas en el ámbito docente y silenciar las voces críticas en relación con la gestión educativa”.

Tal cual lo dicho, es un tema que hace mucho ruido, por lo que se hizo cargo de inmediato el Departamento Jurídico de la DGE, en el que se centró la acción más allá de las respuestas legales que se le den al asunto.

Para funcionarios de ese organismo, “la denuncia contra Caroglio es un disparate jurídico que la Justicia archivará. Porque el único objetivo que persigue esta acción es desprestigiar la carrera de la funcionaria”.

Además de los acontecimientos que son investigados por la Justicia en el fuero Penal y por la DGE, nuestro diario hizo averiguaciones acerca de los procedimientos que deberían seguirse ante situaciones similares.

Al respecto, educadores consultados, aseguran que “en casos graves como este se debe realizar un pormenorizado informe y elevado inmediatamente a la Junta de Disciplina. Este organismo es el único que puede iniciar el sumario que corresponda y eventualmente separar del cargo a la persona que es señalada por un supervisor/a o funcionario/a ante un hecho puntual sujeto a estudio o gravedad”.

“Mal desempeño de funcionario público”

Además, El Ciudadano tomó contacto con la cabeza de la CTA local, Gustavo Correa, quien reiteró: “Caroglio es la responsable directa de una situación claramente de abuso de autoridad. Por lo tanto, incurrió en mal desempeño de funcionario público porque atenta contra los derechos de los trabajadores, inclusive los derechos a la defensa del personal del colegio ubicado en la cárcel”.

—Son muy graves los cargos...

—Sí, lo son, porque a ella la hacemos responsable directa por separar del cargo preventivamente al director y suspender a los docentes del establecimiento.

—Más allá de lo que ustedes esperan de la Justicia, ¿qué esperan del gobierno educativo?

—La DGE debe rever esta situación y dar marcha atrás con lo que se ha planteado. Además, debe abrir un proceso administrativo para que actúenlas Juntas de Disciplina, donde los trabajadores y trabajadoras tenemos la posibilidad de defendernos frente a cualquier situación que se da dentro del sistema educativo. Si se cumple todo eso, estaremos cumpliendo con lo que marca nuestro Estatuto.

Para la DGE, “Caroglio actuó conforme a derecho”

También dialogó con nuestro diario el director de Asuntos Jurídicos de la DGE, Sebastián Boulin, para quien la demanda penal de la CTA es “un disparate jurídico que no tiene ningún sentido. La funcionaria siempre actuó con dictamen jurídico y conforme a derecho”.

—Se la acusa de discriminar, entre otras cuestiones.

—No, ella no ha realizado ningún acto ilegítimo ni irregular, mucho menos arbitrario. Solo ejerció su función disciplinaria sobre sus subordinados por un hecho muy grave que ocurrió dentro del penal.

—Cuando tomó esas determinaciones, ¿no incurrió en abusos?

—En sus responsabilidades, cuando toma y tomó decisiones disciplinarias actuó siempre con dictamen legal y conforme a derecho. En los casos en los que correspondía remitir los expedientes a la Junta Disciplina así lo hizo, y en los casos en los que no correspondía, no lo hizo.

—¿Actuó conforme a lo que indica el Estatuto del Empleado Público?

—Mire, el señor Correa confunde el Estatuto de Empleo Público. Desconoce la legislación que regula la actividad docente, donde no siempre debe intervenir la Junta de Disciplina. Cuando debe hacerlo, como fue el caso de uno de los sumariados, intervino. En los demás casos no debía intervenir y por eso no lo hizo”.

“Le repito, la funcionaria no incurrió en delito alguno y así lo verá la Justica, por lo que creo que este tema va camino al archivo”, consideró el profesional.