Vecinos de El Sauce reclaman al EPAS por cortes de agua potable

La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados fue epicentro de una fuerte controversia entre habitantes del barrio Jardín El Sauce, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el administrador que el organismo provincial designó para administrar el recurso hídrico de ese barrio.

Quienes reclaman aseguran que las 160 familias que viven en esa zona del distrito El Sauce, de Guaymallén, no pueden tener con regularidad el líquido vital, ya que “el administrador se ha tomado atribuciones que van desde cobrar medidores domiciliarios en la misma factura de agua, y al menor retraso corta el servicio. Además de tratar de adueñarse de la perforación de donde fluye el agua que alimenta al barrio para ampliar la zona de distribución”. Algo que, dicen los vecinos, no es correcto porque el pozo pertenece a la unión vecinal del barrio.

El Ciudadano accedió en forma exclusiva al tema y dialogó con Carlos Laffi, vecino del barrio, quien detalló: “Tenemos un grave problema en el aprovisionamiento de agua potable que afecta a las 160 familias que allí viven. La comisión vecinal que está constituida desde hace 30 años administraba la distribución del agua del barrio con una perforación que en su momento fue abonada por los vecinos. Se suman tiempo después viviendas del Plan Sismo y otras familias de humilde condición”. 

“Con todo esto –explica el vecino– comienzan a haber demoras sucesivas en el pago del servicio y es cuando la comisión vecinal se comunica con el EPAS para expresar que no puede administrar el recurso, y el organismo, por medio de una resolución, entrega a un nuevo administrador la distribución y cobro del agua”.

“Los problemas se inician cuando el nuevo administrador toma de manera unilateral la decisión de utilizar micro medición con medidores. Como los medidores no son entregados en propiedad a los vecinos, decide cobrárselos compulsivamente a todas las familias del barrio. Originalmente eran montos aproximados de $3.000, más IVA, pero después, como el administrador obtiene un supuesto subsidio, la cifra se baja a $1.331”, asegura.

Respecto de si está mal que cobre el costo del medidor, Luffi respondió: “Pasa que el cobro del medidor a un usuario que tenía un pago de servicio fijo que estableció la unión vecinal, se hace tras la instalación de un medidor. Si ese vecino no paga el medidor, se corta el servicio. Es decir, que en forma astuta vincula en una boleta el cobro del medidor al pago del servicio de ese mes, bajo el argumento que no se puede desvincular. Por lo que el administrador busca el pago específico de ese medidor y es donde se inicia el reclamo generalizado de los vecinos”.

Consultado qué sucede con la comisión del barrio, Laffi, confesó: “La Unión Vecinal está floja de papeles porque desde hace tiempo que no presenta actas, balances y no hay respuestas ente los reclamos de los habitantes del barrio. A propósito, la comisión de derechos y garantías de la Cámara de Diputados nos ha recibido y está solicitando de forma urgente al administrador del agua del barrio, a EPAS y otros organismos, informes que son necesarios para comenzar a actuar y dar respuestas al barrio”.

“Cortar el agua es cortar un derecho de vida”

Los vecinos coinciden en indicar a nuestro diario que “lo grave de este complejo entramado es que a las familias que no pagan el medidor, aunque paguen el servicio de agua, les cortan el suministro. Algo que es inadmisible porque el vecino sabe que el agua es un derecho de vida”. 

“Lo otro es que el EPAS es el organismo que defiende a los usuarios de las anormalidades que pueden cometer los administradores del vital elemento. Sin embargo, en este caso a todos los vecinos del barrio Jardín El Sauce nos demuestra que defiende al administrador. Por eso vemos que jamás el administrador fuera auditado por el EPAS y las decisiones que el primero tomó en la distribución del agua, su cobro y el corte indiscriminado del servicio”, aseguran.

En tanto, uno de los vecinos mostró otro problema indicando que “en los últimos tiempos se agregó otro elemento a este asunto. Es cuando bajo el argumento de que el agua no es del barrio, sino de la Provincia, aparecen las perforaciones. Porque para acceder al agua se recurre a las perforaciones y las mismas tienen una persona física y jurídica”. 

Y agregó: “Entonces, a la perforación que funciona perfectamente en el barrio están tratando de enajenarla al cuestionado administrador para que amplíe el radio de servicio en la zona. Algo inaceptable porque es la unión vecinal la dueña de ese pozo y ese paso no le traería ningún beneficio al barrio pero agravaría la distribución. Pero, además, el administrador no puede adueñarse de esa perforación y no puede hacer otras más porque el Departamento General de Irrigación no está autorizando nuevos pozos”.