Italia expulsará a inmigrantes que simulen ser menores de edad
El gobierno de la líder de ultraderecha aprobó una normativa para implementar un análisis antropométrico, a los que se declaren menores de edad, al arribar a territorio italiano
Por Redacción
El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, detalló ante medios de prensa que los inmigrantes que se declaren menores de edad serán sometidos a un examen antropométrico. "Está previsto que en el caso de que en el resultado de ese análisis la condición de ese menor sea contradicha, se pueda aplicar la sanción sustitutiva de la expulsión, porque incurriría en una consecuencia penal por falsa declaración", aseveró.
El decreto-ley
El decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros del estado italiano permite articular estas pruebas físicas de crecimiento en los menores no acompañados, previa autorización de la Fiscalía. Si la edad declarada no es verdadera, las autoridades judiciales podrían dictar una condena por el delito de falso testimonio y, la sentencia, podrá ser transformada en la expulsión fuera de Italia.
El decreto se produce en un momento de gran flujo migratorio desde el norte de África a través del Mediterráneo central, con epicentro en la isla de Lampedusa. De acuerdo a los datos, 133.131 personas han desembarcado, durante 2023, hasta el día de hoy en las costas italianas, el doble que en el mismo periodo del 2022 (70.320) y el triple que en 2020 (45.599). En 2023, llegaron hasta septiembre 11.650 inmigrantes que se declararon menores no acompañados.
La primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que el decreto "acelera la expulsión de los inmigrantes irregulares peligrosos, introduce la plena protección para las mujeres y mantiene la de los menores y no permitirá mentir sobre la edad", detalló en sus redes sociales.
Los anteriores decretos de inmigración
La reciente disposición, es el cuarto decreto en materia migratoria que Meloni aprueba en lo que va de año. El primero dificultó las misiones de los barcos de las ONG de ayuda humanitaria, asignándoles puertos lejanos para desembarcar inmigrantes e impidiendo más de una operación de salvamento seguida; el segundo eliminó la denominada "protección especial", una tutela que el ordenamiento de Italia ofrece a los inmigrantes que no tienen derecho al asilo.
El tercer decreto, aprobado la semana pasada, alarga el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión hasta el máximo legal permitido por la Unión Europea, 18 meses, y prevé la apertura de nuevos Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR).