Negociaciones tras el voto en contra al peaje de Argentina
Después de que Brasil, Uruguay y Bolivia respaldaran con su rechazo a Asunción, desestimando los argumentos técnicos de Buenos Aires ¿Cuáles serían los siguientes pasos?
Por Redacción
Julio César Vera, titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de la República del Paraguay, estuvo presente en la última reunión de la Comisión Intergubernamental de la estratégica vía navegable, donde se trató el asunto del controvertido cobro de peajes en parte de su tramo.
Futuras negociaciones
Vera destacó que la comisión se reunirá nuevamente el 15 de septiembre y subrayó que eliminar la tarifa de 1,47 dólares por tonelada transportada, requerirá que Argentina muestre voluntad política a pesar de la falta de argumentos técnicos, desde la mirada de Asunción, que respalden la posición de Buenos Aires.
El funcionario paraguayo enfatizó la distinción entre dos enfoques, uno técnico y otro político, en este tema. Señaló que el gobierno argentino ha implementado el cobro de peaje por razones no del todo claras y expresó su opinión de que la perspectiva política debería prevalecer en Argentina.
No aceptación del argumento argentino
Además, explicó que los representantes argentinos argumentaron inicialmente que se habían realizado trabajos de dragado y otros por valor de 30 millones de dólares en el pasado y que planeaba hacer más obras en el futuro. Pese a esto, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia, firmantes del acuerdo de la hidrovía, están de acuerdo en que esto no se ajusta a lo establecido en el tratado de Santa Cruz de la Sierra.
Desde la mirada de los países en oposición a la postura de Argentina, se afirmó que la intención original del artículo 9° del tratado es que solo se pague por trabajos que se hayan realizado efectivamente durante la gestión en curso, no por lo que se hizo en el pasado ni por lo que se planea hacer como trabajos futuros.
También, se destacó que este peaje unilateral impuesto por Buenos Aires viola el tratado de la hidrovía y que Brasil, Uruguay y Bolivia respaldan la postura paraguaya al considerar que no hay justificación técnica para imponer la tasa impositiva.