Chile: grandes mineras deberán aportar más para las comunas en donde trabajan

El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la ley de Royalty Minero, que establece un aumento de los impuestos a las grandes compañías mineras y con la que el Gobierno espera obtener un sustantivo incremento de la recaudación y distribuirlo en regiones y ciudades para atender "gastos como seguridad pública, inversiones y salud".

La iniciativa modifica los impuestos que pagan las grandes empresas del sector minero y establecer la distribución de mayores recursos a Gobiernos regionales y municipios de todo el país.

La ley comenzará a regir a partir del 2024 y espera recaudar una suma equivalente a 0,45% del PIB, alrededor de 1.350 millones de dólares, de los cuales 450 millones serán distribuidos para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.

“Esta ley permite, desde nuestro punto de vista, una recaudación que es más justa, eficiente y que da más recursos a las regiones y más de 300 comunas en el país”, afirmó Boric en Mejillones, Antofagasta, a unos 1.300 kilómetros al norte de Santiago.

"Tengo la más firme convicción de que legislaciones como esta que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores es un paso en la dirección correcta”, dijo el mandatario.

Boric remarcó que esta ley “no es para agrandar las arcas del Estado”, y que el proyecto contempla la generación de tres fondos: Fondo Comunas Mineras, Fondo Equidad Territorial y Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo.

Estos fondos tendrán como objetivo brindar recursos a comunas mineras a modo de compensación por externalidades negativas de sus faenas y trabajos, distribuir de mejor manera los recursos pensando en las comunas más vulnerables del país y el financiamiento de inversión productiva enfocado en desarrollo regional.

“Los recursos que están aquí comprometidos van en directo beneficio de las comunas y regiones para financiar gastos como seguridad pública, inversiones y salud”, precisó Boric.

El proyecto de Royalty Minero estuvo en tramitación por cinco años, ya que el gobierno de Sebastián Piñera no apoyó la iniciativa.