El chavismo reprime pero ya no tiene la fuerza de antes

Nicolás Maduro ha logrado sacar del medio a la candidata María Corina Machado haciendo que el Tribunal Supremo de Justicia, que es un apéndice del poder chavista, la declarara inhábil para ejercer cargos públicos y por lo tanto la presidencia en el caso de que ganara las elecciones que se realizarán este año. Los cargos poco creíbles y no comprobados aluden a una supuesta adhesión de la candidata a las sanciones de Estados Unidos.

En los días previos el régimen también ordenó la detención y desaparición temporaria de varios colaboradores en la campaña electoral de Machado. La proscripción también alcanzó a otro de los candidatos con posibilidades, Enrique Capriles, que ya enfrentó a Maduro en elecciones anteriores.

El gobierno chavista ha visto con preocupación algunos signos de desobediencia popular que se interpretan como una pérdida del dominio sobre la ciudadanía. Un signo atendible fue que frente al referéndum por la anexión de la región de Esequibo la participación fue escasa en cantidad aunque el resultado fue el triunfo de la tesis anexionista.

Por otra parte en las elecciones primarias para determinar un candidato de la oposición los venezolanos acudieron en masa y le dieron la victoria a Corina Machado con el 92% de los votos a pesar de las amenazas de quitar las bolsas de comida a quienes salieran de su casa para ir a votar.

El chavismo no renuncia a sus métodos represivos para afirmarse en el poder, ahora con la acción de la Furia Bolivariana, una banda de militantes violentos que amenazan a partidos políticos y ciudadanos comunes con pintadas en los frentes marcando a los opositores para otro tipo de propósitos.

Este tipo de control sobre la población tiene relación a las recientes denuncias de conspiración para "asesinar al presidente Nicolás Maduro o derribarlo del poder", que por supuesto se atribuye a la oposición en la que todos se transforman en sospechosos.

La reacción de Maduro pone en jaque el pacto que el Gobierno venezolano y la oposición firmaron en octubre de 2023  en Barbados que establecen algunas garantías para la elección presidencial en el segundo semestre de 2024. Tras el pacto, Estados Unidos flexibilizó por seis meses las sanciones al sector de petróleo y gas, y levantó la prohibición para negociar bonos venezolanos posición que ahora el gobierno de Washington va a revertir.