La industria del vino anticipa repercusiones negativas por la aplicación de retenciones

Una de las novedades que ratificó la Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso, convalidó, en parte, un esquema de suba y modificación de las retenciones a las exportaciones. Entre las actividades afectadas se encuentra la industria vitivinícola, una de las principales fuentes de ingresos para nuestra provincia.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado antes una suba generalizada de un 15% para la mayoría de los derechos de exportación (salvo la soja), pero inmediatamente hubo cambios. Así, la Secretaría de Agricultura, a cargo de Fernando Vilella, excluyó a casi 20 economías regionales.

Pero dejó a algunas en el medio, como el sector vitivinícola, para el que pasaría del 0% al 8%, cambio que fue ratificado en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Por eso, productores vitivinícolas de Mendoza están intentando por todos los medios evitar el pago de la retención, ya que la medida provocó “una profunda inquietud” porque “de manera desalentadora” propone la imposición de derechos a las exportaciones de vinos, “amenazando directamente el sustento de cientos de miles de trabajadores”, tal como expresó Bodegas de Argentina, la cámara que agrupa a más de 250 bodegas y empresas proveedoras del sector.

Es que al ser una actividad de alto valor agregado, la aplicación de la medida seguramente irá desmejorando la ganancia de competitividad en los próximos meses, haciendo peligrar el sostenimiento de los mercados logrados a través de los años.

Advirtiendo eso, el Gobierno mendocino emitió un comunicado días atrás en el que señaló que las retenciones del 8% significaran para el Fisco nacional ingresos por US$ 60 millones por año, un monto equivalente al 0,005% del gasto público de la administración Nacional.

"Es decir que, con la implementación del 8% no se alcanzaría una recaudación significativa (para el país), por lo que el 0% en la alícuota de los derechos de exportación sería la decisión correcta que se debería implementar para el sector", se aseguró en el documento.

Además, se remarcó que las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional en materia de tipo de cambio, tanto en lo que se refiere al valor del dólar que recibirán los exportadores como el que pagarán los importadores, mejoró la competitividad del sector vitivinícola en 20% aproximadamente.
 

Reacción colectiva

También la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) manifestó la disconformidad por  el cobro de derechos de exportación, considerando que “es confiscatorio” para la vitivinicultura. 

En tanto, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, opinó sobre la suba de las retenciones, y en una entrevista radial aseguró que la medida del Gobierno nacional fue tomada “por desconocimiento”.

“He hablado en reiteradas veces con Vilella porque lo que no queríamos es que ese 8% de los derechos de exportación de la vitivinicultura entrara en el paquete, porque luego es más difícil sacarlo”, consideró Vargas Arizu.

“Es impropio, es imposible gravar algo como el vino con todo lo que ello implica en un 8%, es confiscatorio, entonces, la verdad, es que no tiene ninguna lógica con todo lo que se dijo, con todos los anuncios que se están haciendo y el sentido que indica que la economía va a transitar, es un ataque a la propiedad privada, un ataque a la actividad productiva y la verdad que es inexplicable”, sostuvo por su parte el empresario vitivinícola José Zuccardi al ser entrevistado por la prensa.

Habrá que esperar

En este escenario, ayer el ministro Vargas Arizu; el presidente de COVIAR, Mario González; y el  ministro de Producción y Trabajo de San Juan, Gustavo Fernández, mantuvieron una reunión con el secretario Vilella para plantear los argumentos y meter la presión necesaria para mantener al vino exento de derechos de exportación.

Tras el encuentro, el Ministerio de Producción de Mendoza publicó en X (ex Twitter): “Durante la reunión todos concordaron en seguir trabajando para que las retenciones sean una medida temporal”. 

Por su parte, Vargas Arizu consideró “muy positiva” a la reunión porque pudieron expresarle al secretario Vilella las implicancias y consecuencias que tienen las retenciones para la industria.

“Vamos a aguardar que se logren las metas fiscales propuestas por el Gobierno nacional para obtener nuevamente la eliminación de este tributo distorsivo para el sector”, sostuvo el funcionario mendocino, dando a entender que por ahora habrá que esperar.