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Elevado índice de pobreza al final de la gestión Fernández

La medición de INDEC para fines de 2023 fue del 41,7% mientras que la Universidad Católica midió  en enero 57,4%

Por Redacción

27 de marzo, 2024 - 20:23

El cierre de la gestión presidencial de Unión por la Patria arrojó un saldo de 41,7% de pobreza que implicó a 19,5 millones de personas según mediciones del Instituto Nacional de Estadísticasy Censos siendo más alta en el Conurbano que alcanzó a 45,5%.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 31,8%. Dentro de este conjunto se distingue un 8,7% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 11,9% de las personas.

Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la línea de pobreza se encuentran 3.193.297 hogares, que incluyen a 12.300.481 personas; y, dentro de ese conjunto, 869.821 hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, lo que representa 3.520.174 personas indigentes.

 

 

Según el INDEC, se evidenció que en promedio "el ingreso total familiar aumentó 69%" y "las canastas regionales promedio aumentaron 81,6% (Canasta Básica Alimentaria) y 75,8% (Canasta Básica Total)".

La cantidad de chicos de 0 a 14 años en la pobreza llegó a un 58,4%, lo que implica que en todo el territorio nacional hay 6,5 millones de chicos pobres.

Son 500.000 más que un año atrás. y casi 750.000 más que cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner reemplazaron a Macri.

El empobrecimiento de la población subió a pesar de una mayor cantidad de controles de precios, el aumento de los planes sociales, nuevas moratorias jubilatorias, un tipo de cambio atrasado y servicios públicos completamente subsidiados.

A esto se sumó, una fuerte emisión de moneda para sostener artificialmente el consumo. Todo eso no logró evitar la caída de los ingresos de los trabajadores en medio de una inflación galopante que terminó triplicándose en el último año de gobierno (fue de 211,4%).

A fines de 2022, un trabajo de la UCA y la UBA calculaba que este nuevo fenómeno alcanzaba al 27,3% de los ocupados. 

Ese estudio indicó además que los ocupados en hogares perceptores de política social pasaron de 3,8% en 2003 a 19,3% en 2022. Es otro indicio del ajuste que se profundizó sobre los ingresos.

En 2023, los sueldos –según el índice Salarios del Indec– tuvieron un año malo. Los trabajadores públicos reflejaron una caída real de 20,2%; los privados, una del 14,7%, y los trabajadores informales, una del 31%. 

El desempleo bajó 5,7%. Sin embargo, el empleo que creció es el precario; cambió en su composición: avanzó el público y cuentapropista, pero se mantuvo estancado –desde 2011- el formal privado.

El deterioro de la economía y el avance de la inflación que erosionó el poder de compra de los salarios a lo largo del año pasado provocó un avance de los números de pobreza. 

Un año atrás, un 39,2% de las personas era considerada pobre en la Argentina y un 8,1%, indigente. Y hace seis meses esas cifras ya habían escalado hasta 40,1% y 9,3 por ciento. En definitiva, el avance de la indigencia fue más rápido: de un año a otro la pobreza creció 2,5 puntos porcentuales y la indigencia, 3,8 puntos.

 

 

El empeoramiento de los indicadores sociales se dio en paralelo con números favorables en los porcentajes de desempleo, lo que da cuenta de que el fenómeno está más explicado por la marcada caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. La inflación cerró el 2023 en 211,4 por ciento, la cifra interanual más alta en tres décadas.

En detalle, el informe del organismo estadístico mostró que la última foto de 2023 dejó ver que en los 31 conglomerados urbanos contemplados por la medición oficial, unas 12,3 millones vivían bajo condición de pobreza y 3,5 millones, en indigencia. Al hacer una proyección desde ese muestreo de centros urbanos hacia la totalidad de la población la cantidad de personas afectadas sube a 19,4 millones y 5,5 millones.

La escalada más pronunciada en la tasa de indigencia en comparación con la de la pobreza responde a lo que se conoce como las “brechas”, esto es, qué tan lejos quedaron los hogares pobres e indigentes de superar ese umbral. En el segundo semestre del año, por ejemplo, en promedio las familias pobres tuvieron ingresos un 32,8% más bajos de lo que necesitaban para no ser pobres. Y los hogares indigentes tuvieron remuneraciones un 39,2% inferiores a lo que requerían para no serlo.

 

 

Más allá del declive sostenido del año pasado -y de los últimos años, ya que la tasa de pobreza era de 25,7% hace seis años-, sobre el cierre del 2023 hubo un impacto adicional en las condiciones de vida de la población por las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei, que propició una devaluación del tipo de cambio y la liberación de precios reprimidos, que hizo que la inflación en diciembre fuera de 25,5%. 

Esto representó una caída real del salario -en un solo mes- de 11,5% para los trabajadores del sector privado y de casi 16% para los públicos, según estimaciones de la CTA Autónoma en base a datos oficiales.

En ese contexto, los efectos del plan económico inicial del gobierno libertario podrían implicar un impacto mayor sobre los indicadores sociales en los próximos meses. El próximo dato oficial, que contemplará la situación hasta mitad de año, se conocerá en septiembre.

Algunas estimaciones privadas ya empezaron a ponerle números a esa presunción de números más alto de pobreza e indigencia en el inicio del 2024. 

La Universidad Católica Argentina (UCA) a través del Observatorio de la Deuda Social estimó que la pobreza en la Argentina habría llegado en enero al 57,4% de la población argentina. Ese 57,4% es el nivel más alto de la serie, desde el 2002, cuando había alcanzado el 54% y proyectado a todo el país equivale a unas 27 millones de personas pobres y a 7 millones de ellas en situación de indigencia.

 

 

El impacto de las medidas iniciales del gobierno de Javier Milei en la población más vulnerable forma parte de los planteos que viene haciendo, de manera insistente, el Fondo Monetario como un asterisco al apoyo general que el organismo le da al plan económico. La postura del FMI es que el ajuste fiscal debe ganar viabilidad con mayor apoyo político y sin que recaiga “desproporcionadamente” en el gasto social.