Patricia Bullrich y su plan para fortalecer la seguridad interior

Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, prepara una serie de proyectos de ley que enviará al Congreso en materia de seguridad interior y con el objetivo de combatir las mafias del crimen organizado. El borrador de los proyectos ya está en manos de la Casa Rosada, pero también se envió, de manera confidencial, a los bloques oficialistas de La Libertad Avanza y el PRO.

Bullrich se encuentra en un momento particular, ya que viene de un cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien la cuestionó por enviar a las Fuerzas Armadas a la ciudad de Rosario, Santa Fe.  

En ese sentido, la ministra aseguró que hay que “sacar a las Fuerzas Armadas del rincón de la penitencia” para que entren “a la democracia”. Villarruel, por su parte, había comentado: “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las FFAA no es combatir a civiles”.

“Quedó claro con el tema de los ‘70. El narco es un civil para el derecho. En los ’70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, agregó la vicepresidenta. Bullrich, por su parte, argumentó que “mantener a las FF.AA. siempre viviendo en el pasado es malo” y remarcó que no volverá a “pasar lo mismo que en los '70”.

 “Yo creo que ella está más volcada a penar que la historia puede repetirse en las FFAA, pero yo estoy convencida de que la gran decisión que deben tomar los gobiernos es dar saltos en la historia que permitan que nunca más se pueda repetir los malos momentos de nuestra historia. Creo que estamos en un momento justo para que las FF.AA. entren de pleno en la democracia", concluyó respecto a la opinión de Villarruel.

Las medidas      

El paquete de proyectos recibe el nombre de “Ley Antimafia”. Su objetivo es combatir las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos.

“La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, comentó Bullrich la semana pasada durante la presentación del conjunto de proyectos de ley.

Entre otras medidas, incluye la acción de extinción de dominio, que permite quitar bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos. También se añade la "reiterancia" al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el que están siendo investigados.

“Hasta ahora, se consideraba reincidente a toda persona que hubiera sido condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Entonces hay un montón de casos de delincuentes con innumerables condenas con libertad condicional, sin ser nunca reincidentes", señaló Bullrich.

"Con esto cortamos la impunidad que siente la gente, que dice, ayer vinieron al barrio, me robaron, lo dejaron, lo largaron, al otro día vuelve al barrio, me volvieron a robar y lo volvieron a largar. Y así la impunidad, que es el sentimiento social profundo que hoy tiene la comunidad argentina, se termina con la ley de reiterancia”, añadió la ministra.

"Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, cárcel o que comience una imputación, se le hará una prueba de ADN que va a estar en un sistema de almacenamiento y a partir de ahí todos los imputados y condenados por delitos sexuales, van a dejar sus huellas genéticas", finalizó Bullrich.

El proyecto también incluye una "ley antipiquete" para garantizar el orden público y la libre circulación. Se aplicaría a quienes organicen cortes, instiguen a otras personas a hacerlo, fuercen a terceros a asistir a una manifestación mediante coacción, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.

“Ya dijimos y venimos demostrando que no permitimos el entorpecimiento de la circulación por parte de manifestantes. Un derecho termina donde comienza otro. Esta clara determinación la acompañamos con la Reforma del artículo 194 del Código Penal, que propone el aumento de las penas para aquellos que organizan manifestaciones, que instigan al corte de calles o que obligan a la gente a participar de las manifestaciones, bajo promesas de remuneración, amenazas", consideró Bullrich, quien luego añadió: "Las condenas irán de cuatro a seis años de prisión".

Respecto a la legítima defensa, su intención es reformular si concepto: "Cuando un miembro de un miembro de la fuerza de seguridad está cumpliendo con su deber, no es legítima defensa. Por eso, hemos planteado un artículo 34, tal cual lo hizo Uruguay y Chile, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios", explicó.

"Hoy le pegan a un policía y es como si nada, pero esto se termina. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad", defendió.