La UCR propone una ley para garantizar el presupuesto universitario

 En medio de la crisis presupuestaria que afecta al sistema universitario, la diputada nacional Danya Tavela, representante de la UCR, ha presentado un proyecto de ley en el Congreso. El objetivo es establecer criterios de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, una medida largamente reclamada por los rectores.

A continuación, se presentan los testimonios y detalles clave de esta iniciativa que Tavela compartió con Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano Radio 91.7) : “El pacto Massa-Milei que llevó a no discutir el Presupuesto 2024 dejó a las universidades en manos de la prórroga presupuestaria del 2023, o sea, otorgada en noviembre de 2022 con una inflación estimada del 60%, que fue superada y que se agudizó en estos últimos tres meses y eso hace que las universidades no tengan las partidas de gastos de funcionamiento autorizadas".

“Esto repercute en que las universidades no pueden pagar las facturas de servicios públicos, que tuvieron aumentos por arriba del 100%, no se pueden pagar los comedores, las becas estudiantiles, ni el funcionamiento mínimo de abrir y cerrar los edificios universitarios, por eso se ve muy afectada por el congelamiento de las partidas de gastos presupuestarios y eso implica que las universidades van a tener que tomar medidas como cierre de bandas horarios, prácticas en laboratorio y esto repercute sobre la calidad de la formación de los estudiantes", amplió la diputada.

Esto permitiría a las universidades afrontar los aumentos en los costos de servicios y materiales necesarios para la investigación y el laboratorio: “El proyecto de ley lo que hace es establecer que el Presupuesto tiene que ser actualizado desde los valores de enero de 2023 a la fecha por la inflación, además, que esto se diera bimestralmente por una fórmula polinómica que contemple la inflación, las tarifas y la devaluación monetaria, porque impactan directamente a los insumos que se necesitan para desarrollar investigaciones y laboratorio".

Tavela especifica que el proyecto establece criterios claros para la distribución de los recursos: "Tiene algunas otras cuestiones que ayudan a la transparencia de la situación presupuestaria como el cumplimiento de pautas y artículos específicos y la necesidad o la autorización al Poder Ejecutivo a que este incremento o esta actualización de gastos de funcionamiento la haga con las partidas que manejan a nivel discrecional, por debajo de la línea del presupuesto no asignado a las universidades y que hoy también están en el presupuesto prorrogado”.

—¿Habría sido posible llegar a un acuerdo sin presentar una ley, si hubiera habido voluntad política?

—Por supuesto, siempre que hay diálogo y decisión política las cosas se pueden resolver, si el problema se origina justamente en una decisión política de Milei de no discutir el Presupuesto 2024.

—¿Este proyecto  tendrá una aceptación generalizada?

—Es un proyecto que firman muchísimos bloques y que debería tener una aceptación generalizada, salvo que tras la no autorización de las partidas presupuestarias haya una voluntad política de perjudicar al sistema universitario nacional, que creemos, no es tal, sino producto de una mirada fiscalista que se está teniendo de los números públicos, entendemos que la formación universitaria es una inversión y las universidades, a diferencia de las provincias, no pueden endeudarse, no pueden emitir bonos, tienen que cerrar sus ejercicios con déficit cero, con lo cual  necesitan, sí o sí, avanzar en esta solución, porque si no, así como algunas universidades van a reducir su funcionamiento, otras no podrán abrir sus puertas.

—¿Son $750 mil millones los que estaban presupuestados para las universidades nacionales en octubre 2022 para el Presupuesto 2023?

—Sí, aproximadamente, y de ahí el 90% se dispone para salarios.

—¿Qué cifras manejan? ¿Cómo se puede superar esto?

—Depende de las universidades, porque algunas no llegan a gastar el 90% en salarios, otras que gastan un poco más. Hay universidades que tienen gastos adicionales como las que tienen hospitales dependientes o colegios secundarios, la UNCuyo es una. En general, el sistema tiene los días contados de no ocurrir esta actualización presupuestaria que representa aproximadamente unos $150 mil millones más.

—¿Tienen señales del actual Gobierno de poder llegar a esta cifra o hay intransigencia del Ejecutivo?

—Hay sectores del Gobierno con los que se viene conversando y entienden esta situación y otros que están más intransigentes y que, además, se enmascaran detrás de cuestiones vinculadas, por ejemplo, al supuesto adoctrinamiento de las instituciones universitarias, atrás de un oficio de una agrupación o sectores de izquierda o en el tema de los extranjeros que estudian en la universalidad.

—¿Declarar la emergencia, qué modifica y en qué alivia a las universidades?

—Lo que sirve es el contexto en que le da eso al contexto del proyecto, es una fórmula más bien legislativa y la importancia del proyecto está en los artículos que tienen que ver con la obligación del Estado de garantizar la educación superior, la obligación de modificar y actualizar los gastos de funcionamiento cada dos meses.

—¿Existen universidades que podrían haber sido creadas con motivaciones políticas y se busca regular el uso de los fondos?

—Siempre es una discusión, porque hay autonomía, pero las universidades primero son sometidas al control de la Auditoría General de la Nación donde están todos los partidos políticos. Además, presentan anualmente la cuenta de ahorro y estado de financiamiento donde está el detalle de todos los gastos, con lo cual, si quisiesen avanzar sobre alguna institución en particular, lo podrían hacer. Me parece que es una manera de enmascarar un ajuste generalizado.

Producción periodística: Martín Gastañaga, José Urrutia y Daniel Gallardo.