Bolivia: huelgas y marchas recrudecen el clima social

Después de casi 14 años en el poder, Evo Morales anunciaba oficialmente su “renuncia forzada” a la presidencia de Bolivia, previa convocatoria a elecciones, en noviembre de 2019. El vacío de poder dejado por el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) dejó entrever, en los acontecimientos que le sucedieron, el histórico enfrentamiento entre los sectores de influencia, tanto de izquierda como de derecha, que han delineado la historia reciente del Estado plurinacional.

Alejamiento de Evo Morales

La situación de acefalía del Ejecutivo, debido a las deserciones del vicepresidente Linera, de la presidenta del senado Adriana Salvatierra y del responsable de la cámara baja Víctor Borda implicó que, siguiendo la línea de sucesión, la entonces senadora por el departamento de Beni Jeanine Áñez anunciara su disposición para asumir provisionalmente la conducción del país.

El 12 de noviembre de 2019, después de una breve sesión legislativa, Áñez fue proclamada presidenta del Estado, argumentando sucesión constitucional y respaldándose en un pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de la “inmediatez” de la línea jerárquica de asunción en el ejecutivo. La ex senadora, obtuvo el respaldo de la bancada de partidos opositores, una tercera parte del congreso, mientras que el masismo no quiso ser parte de la votación,  rechazando de “plano” el respaldo.

Áñez no alcanzó a cumplir un año en el ejercicio de la Jefatura de Estado y gran parte de su gestión estuvo signada por la pandemia de Covid. En octubre de 2020, en segunda vuelta, la fórmula masista Luis Arce-David Choquehuanca, respaldada por Morales que se encontraba asilado en Buenos Aires, se hizo con la presidencia del país y el 8 de noviembre tomó posesión de la investidura presidencial.

Entre huelgas y marchas

Traer a colación estos acontecimientos es con el objetivo de demostrar este antagonismo marcado en la disputa por el poder, entre los sectores de influencia económica y política de la sociedad boliviana. El retorno a una posición de control de las estructuras y recursos del Estado por parte del socialismo del altiplano no les ha garantizado apaciguar la conflictividad ciudadana y su manifestación en las disidencias regionales del país.

El último capítulo de este “duelo” en la forma de entender la gobernanza y asignación de recursos es la seguidilla de huelgas que se han suscitado en el departamento de Santa Cruz, histórico bastión anti-izquierdista, por la decisión del gobierno central paceño de aplazar el censo poblacional a 2024.

El gobernador del rico departamento cruceño, Luis Fernando Camacho, tuvo un rol bastante protagónico en los hechos que llevaron a la interrupción del último mandato de “Evo” y es uno de los principales referentes de la oposición, en esta serie de “paros  productivos”, con amplio perjuicio sobre las finanzas bolivianas y que tiene como eje de enfrentamiento la asignación de partidas presupuestarias por parte del ejecutivo nacional. Estos fondos se reparten de acuerdo al número y poder adquisitivo de los habitantes departamentales. Otro aspecto relevante de los resultados que arroje el futuro censo es su relación directa con la asignación de cuotas de representación legislativa en el congreso.

Arce y Morales, consideran al gobierno de Camacho en desobediencia y acusándolo a él y a sus seguidores de intentar un nuevo “golpe de estado”, han llevado adelante una serie de multitudinarias marchas proselitistas a lo largo de estos últimos días.

Santa Cruz de la sierra

Camacho hace un uso político personal de posicionamiento en este desacuerdo. Sin embargo, utiliza una línea argumental que le genera un amplio apoyo popular. Santa Cruz concentra gran parte de la industria boliviana y la producción agropecuaria creció exponencialmente en la última década. Su aporte al PBI nacional es muy alto y concentra el mayor ingreso per-cápita del país. El ideario social de la región considera que su contribución al tesoro boliviano no tiene una justa retribución y este aplazamiento del censo es leído como una afrenta más que busca debilitar su posesión de peso específico político  y su calidad de vida.

Este departamento concentra el pensamiento más liberal del país, lógicamente asociado a su condición económica pudiente y desde la llegada de Evo y el masismo, hace más de 15 años, se sienten bajo constante amenaza de perder su autonomía y verse subyugados por el gobierno de La Paz.

Debilitamiento de las bases de poder

Como todo modelo político, el idilio socialista que advino con Morales muestra fisuras después de un largo tiempo de permanencia. Ni el masismo ni Arce han podido sostener el consenso pleno entre sus propias filas. Las agrupaciones que nuclean a las numerosas comunidades indígenas reciben amplios beneficios sociales pero comienzan a clamar por más margen de decisión en la estructura de poder y menos de obediencia doctrinaria.

En sintonía similar se encuentran las centrales obreras de hidrocarburos y minería. Son las canalizadoras del sustento financiero que sostiene la caja del Estado y grandes baluartes de las partidas de asistencia que sustentan la savia electoral de un heterogéneo cuadro social de clase baja y trabajadora. El sector del campesinado, muy subsidiado, clama por mayor porcentaje en la repartición de fondos y parte de su dirigencia no desestima tomar protagonismo en el prolífico negocio de las plantaciones de “hoja de coca”; esto traería aparejado una mayor influencia de los cárteles y el riesgo, para el gobierno, de perder o tener que negociar control territorial  sobre las áreas de cultivo.

Por último, no hay que desestimar que el control del gobierno sobre las fuerzas armadas no es mayoritario. El ámbito castrense y sus jerarquías más altas responden a valores de tipo conservador y los oficiales de mayor graduación suelen surgir de familias tradicionales relacionadas con sectores de mayor preeminencia económica. El masismo intenta, desde hace mucho, cambiar esta dinámica pero no ha tenido los resultados más propicios. Una muestra de ello fue el rol de “presión” de la cúpula militar durante  los acontecimientos de 2019.

Intereses de carácter estratégico siguen sumando aristas a esta conflictividad manifiesta. La explotación de un recurso de importancia capital, como es el litio, ya está generando encendidas discusiones. El diálogo democrático y la búsqueda de acuerdos estables y duraderos  entre los representantes del oficialismo y la oposición es la única garantía de mantener la estabilidad de cualquier gobierno, sin importar su color, y la cohesión estadual. El desencuentro y el enfrentamiento solo garantizará la desconfianza y las sospechas que alientan los ataques contra las instituciones del Estado y contra el bienestar de cada ciudadano boliviano.