Sindicatos niegan que el Gobierno haya realizado auditorías previas a los despidos

En una nueva jornada de protestas convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) frente a los despidos masivos de los trabajadores estatales, el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, indagó sobre la postura que están tomando los distintos gremios frente a la censatía de, al menos, 11.000 personas.

Pablo Almeida, legislador porteño por la Izquierda Socialista y delegado general de la Junta interna de ATE en el Ministerio de Economía, dijo: “Se fue cayendo la mentira de que el Estado estaba infestado de ñoquis o de gente que no trabajaba, el miércoles estuvo la demostración de decenas de miles de compañeros bancando a su compañero de trabajo en cada sector para que puedan ingresar, porque no son ñoquis, son compañeros y todos los días prestan servicios en las distintas dependencias públicas”.

A su vez, Almeida reveló que “el Gobierno, con su vocero presidencial (Manuel Adorni) y otros alcahuetes, intentaron instalar lo de las auditorías, que ya lo hizo el macrismo en el 2015 y el 2016, y es mentira, no hubo ninguna auditoría, no hay ningún criterio que puedan justificar los 11 mil despidos, de hecho, se producen situaciones tan ridículas que dejan vacías dependencias enteras”.

A partir de esta situación, el legislador confirmó que, si bien están en asamblea permanente, entre lunes o martes discutirán cuáles serán las próximas medidas a tomar: “Creemos que es imprescindible presionar para que la pelea se dé en conjunto porque el ataque a los trabajadores estatales no es solo un ataque a los trabajadores, es al conjunto del pueblo”, opinó.

La postura de UPCN

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó un amparo colectivo contra los despidos masivos y Fernando Barrera, secretario de profesionales del gremio, se refirió en Sin Verso al respecto y, al igual que Almeida, coincidió en que “es mentira que el Gobierno ha planificado y estudiado pormenorizadamente la situación de los trabajadores públicos, la evidencia salta a la vista cuando vemos que llegan notificaciones a gente que hace 20 años que trabaja en la administración pública y que cumplen funciones estratégicas en diversas reparticiones del estado”.

A su vez, el abogado comentó que la organización tiene un viejo reclamo en relación con el personal contratado durante 10, 15, 20 años y que nunca formó parte de la planta permanente: “Desde el punto de vista legal la ley prevé que debe haber una posibilidad de sumar trabajadores en planta transitoria siempre y cuando cumplan funciones de transitoriedad y no las funciones habituales y permanentes del personal con estabilidad y establece la ley que ese porcentaje de personal transitorio no debería ser superior al 25%".

Y agregó: "Ahora, la política a lo largo de los años ha revertido este concepto y generado esta situación de que muchos compañeros que figuran en estas plantas transitorias y en realidad estén cumpliendo funciones habituales y permanentes como el resto de los trabajadores de la planta permanente con estabilidad y lo hicieran durante largos años de funciones renovando contratos anuales”.

En ese sentido, el abogado añadió que “hemos denunciado esto en los distintos gobiernos desde hace mucho tiempo, hemos planteado la necesidad de avanzar en los concursos para acomodar la situación y darles la estabilidad a los trabajadores que de hecho tienen la estabilidad porque vienen ejerciendo su función con habitualidad y permanencia y, de hecho, hemos avanzado en concursos”.

Por último, Barrera concluyó: “Sin lugar a dudas hay que discutir esto, lo hemos planteado en reiteradas oportunidades, es un reclamo histórico, pero también esa es la responsabilidad de la política que no supo estar a la altura de las circunstancias y generó esta cantidad de trabajadores en estas condiciones donde no correspondía”.