Luis Petri: “Recáudese lo que se pueda y gástese lo que se quiera”

Luis Petri, quien representa a nuestra provincia en la Cámara de Diputados de la Nación e integrante del bloque de Juntos por el Cambio, brindó sus puntos de vista sobre el presupuesto nacional, recién presentado en el Congreso por el Ministro de Economía Martín Guzmán, en diálogo con CNN Radio Mendoza.

“El ministro de Economía al comienzo de su intervención dijo que venía a ‘sarasearnos’ un buen rato, y creo que eso fue lo que hizo”, arrancó el legislador. “Una gran sarasa fue la presentación del Presupuesto teniendo en cuenta que los principales indicadores no reflejan ni siquiera la realidad actual de la República Argentina”, precisó.

Amplió el concepto señalando: “El Presupuesto prevé un dólar a $102, y resulta que hoy el contado con liqui o el dólar que se está comercializando está a $145, por lo cual es imposible que el año que viene, todo a lo largo del año, el dólar ronde los $102”.

También citó como desacertados los números de la inflación: “Proyecta un 29% cuando ya los datos que recoge el Banco Central hablan de una proyectada del 2021 del 47%, y además se toma en cuenta que hay un incremento del 50% de la recaudación, fuertemente atada al IVA, y está claro que la proyección es corta en inflación, sobre todo teniendo en cuenta la gran emisión monetaria con la que se ha estado financiando el gobierno nacional”.

Además, agregó: “Otro tanto pasa con el crecimiento, con lo cual creemos que el Presupuesto es un dibujo, que flaco favor le hace teniendo en cuenta que uno de los principales problemas de la Argentina es la pérdida de confianza y la falta de credibilidad”.

Uno de los puntos más polémicos de los presupuestos en Argentina es la normalización de lo que se conoce como superpoderes, que permiten modificar sobre la marcha las partidas, lo que desvirtúa completamente el Presupuesto mismo: “Se restablecieron los superpoderes que habían terminado en la gestión de Cambiemos –continuó Petri-, y se dio la posibilidad al jefe de Gabinete de reestructurar el 100% de las partidas, que puede hacer lo que quiere, esto hace que la discusión del Presupuesto sea un sinsentido”.

Finalmente, se refirió a otro punto conflictivo, que tiene que ver con la principal erogación del sector público: “Vamos a avanzar sobre un presupuesto sin saber cuál va a ser el gasto previsional de la Argentina, teniendo en cuenta que todavía el Gobierno no manda la ley de reforma previsional que se comprometió a mandar, y teniendo en cuenta que está suspendida la ley anterior. El principal gasto que tiene el Estado no está cuantificado, y eso le resta mucho mérito al cálculo de gastos”.

Su lacónica conclusión fue que el Presupuesto significa “recáudese lo que se pueda y gástese lo que se quiera”.

Proyecto sobre usurpaciones

En otro tramo del diálogo se refirió a su proyecto de ley de endurecer las penas para quienes participen de usurpaciones de terrenos. “Las bandas se organizan y ven como, en definitiva, en lugar de haber un Estado de Derecho hay un Estado de excepción, donde no se cumple con la ley, y entonces a partir de allí empiezan a proliferar las usurpaciones a lo largo y a lo ancho del país, donde en muchos casos son de manera violenta”, afirmó.

A la vez, explicó que “organizaciones criminales que realizan la usurpación efectúan en algunos casos loteos clandestinos, y a partir de allí ponen a la venta los terrenos ofreciéndolos para que familias carenciadas, damnificadas, que no tienen recursos y no tienen vivienda y eventualmente se pueden localizar allí”, y agregó: “Creemos que es imprescindible que se restablezca el estado de derecho; que la Constitución, que garantiza la propiedad privada en el artículo 14 y en el 17 se cumpla, y donde el Código Penal establece penas, pero son exiguas, vemos que las penas actuales van desde los seis meses a los tres años, que se amplían teniendo en cuenta la calidad del autor, por ejemplo funcionario público, como ocurrió en Villa Mascardi, si es con armas, en poblado en banda”.

Sobre las nuevas penas de su proyecto, puntualizó: “Creemos que deben llegar hasta los seis años, y cuando se trata de lucrar con la necesidad de la gente, que venden estas propiedades usurpadas, la pena debe rondar los ocho años y eso es lo que hemos presentado en la Cámara de Diputados”.

A la vez, destacó que, sobre la responsabilidad del Estado, “al menos hay silencio, o hay complicidad, o hay encubrimiento, o al menos hay un Estado en retirada que no defiende a las víctimas, que son los propietarios, en este caso de las usurpaciones. El grave problema que existe es que si el Estado no aparece y termina mediando para recomponer la paz social que se ha violado, se produce una altísima conflictividad social, la posibilidad de que miles de argentinos pierdan sus propiedades por las usurpaciones sin restablecer el orden y devolver la propiedad a su tenedor legítimo, esto enrarece el clima”.

“El estado debe prevenir las usurpaciones con políticas activas en materia de vivienda, pero por otro lado reprimir cuando ocurre con el peso de la ley”, fue su conclusión.