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Internet en la cárcel: el discutido y millonario programa del Gobierno

La medida ya fue aprobada y creada, por lo que los penales del país están a un paso de darle acceso a internet a sus presos

Por Redacción

08 de enero, 2022 - 15:07

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un programa del Gobierno, en el que se usarán $1.000 millones para poner internet en las cárceles federales. La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial y generó las críticas de la oposición.

La Resolución 2183/21 indica que el objetivo es que los presos puedan participar en audiencias judiciales, capacitarse y estar en contacto con sus familiares y allegados a través de las plataformas virtuales.

Desde el organismo indicaron a TN que el dinero saldrá del Fondo de Servicio Universal (FSU), que tiene como fin fomentar la conectividad en las escuelas y hospitales de zonas vulnerables, con una inversión de $8.000 millones anuales.

La iniciativa fue impulsada por la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, y alcanzará a las cárceles donde se alojan los presos por causas más graves, como narcotráfico, secuestro, trata de personas y políticos con causas de corrupción.

Además, el plan fue aprobado por mayoría oficialista del ente, con solo dos directores que se opusieron: Silvina Giudici y José Corral, quienes consideraron que aún no hay definiciones sobre cómo se aplicará en cada unidad penitenciaria.

Además, la referente de la oposición advirtió que hay una "grave falta de control sobre los internos que delinquen desde las cárceles", asumiendo que el acceso a internet podría facilitarlo. En ese sentido recordaron el caso de Ariel "Guille" Cantero, detenido por seguir al frente del negocio narco desde prisión.

Al jefe de "Los Monos" se le encontraron celulares, chips y hasta teléfonos de línea en su celda del penal de Marcos Paz en diversos allanamientos.

El hecho fue advertido y pasado en un informe, con recomendaciones que brindó el Procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, alegando que la situación es grave y que implica una "peligrosidad y riesgo latente", aunque Garrigós de Rébori de lo minimizó.

Con respecto al nuevo y polémico programa, ya fue aprobado y creado, pero ahora cada penal del país deberá presentar un proyecto que detalle las características técnicas y objetivos de la conexión, o sea qué sector del penal tendrá WiFi, para recibir los fondos del Estado.