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Fuerte crítica al fallo que sobreseyó a CFK y familia en la causa Hotesur

En la misma se investiga supuesto lavado de dinero. El abogado penalista mendocino, Carlos Aguinaga, sostuvo que "hay presión sobre los jueces"

15 de diciembre, 2021 - 07:26

Se cumplieron los plazos de los límites procesales que marcan los procedimientos de la justicia de nuestro país y el fiscal Diego Velasco, apeló los dictámenes de primera instancia que implica la causa Hotesur - Los Sauces por supuesto lavado de dinero que involucraría a Cristina Fernández de Kirchner y que el fallo del Tribunal Oral Federal N° 5, la desvinculó sobreseyéndola.

Como se recordará, la actual vicepresidente y otros acusados obtuvieron ese fallo mediante el dictamen de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, mientras que la jueza Adriana Palliotti, consideró que se debía avanzar en el juicio oral y una vez allí, sostener la inocencia o la culpabilidad de todos los involucrados.

Juristas y políticos de todo el país, miran con detenimiento lo que podría suceder en la semana. Uno de ellos es el abogado mendocino, especialista en derecho penal y exfuncionario del Ministerio de Justicia de la Nación, Carlos Aguinaga, quien, ante El Ciudadano, dijo: “Hay un intento claro que se caiga la causa con fuertes manejos desde esferas del poder central, para dominar a la Justicia y a los jueces. Con el objetivo de imponer una solución a los problemas judiciales que hoy tiene la vicepresidente, a pesar del fallo que la beneficia y que será recurrida por el Ministerio Público Fiscal”.

 

—¿El fallo de la Justicia obró conforme a derecho?

—No, para nada este fallo obró a derecho. Al contrario, se ha forzado la ley para beneficiar a la familia Kirchner, porque si se hubiera aplicado la ley definitivamente los jueces tendrían que haber ordenado la realización del juicio, que es lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación.

 

—¿Es flexible el código en algunos aspectos?

—El código solamente permite que ante casos muy excepcionales y obviamente causas sencillas, cuando aparece una nueva prueba y ella determina, de manera indubitable, que no hay delito en el hecho que se investiga, puede disponerse el sobreseimiento, que no es este caso.

 

—Pero, acá no se aportó esa prueba.

—Exacto, acá lo hicieron sin que aparezca ninguna nueva prueba. Ese sobreseimiento anticipado, es un paso procesal indebido que tergiversa todo el sistema judicial. Algo que desconoce el derecho de forma premeditada y arbitraria, forzando la impunidad de conductas que el Ministerio Pública Fiscal de la Nación sostiene que son delictivas, evitando que ello pueda ser debatido en un juicio oral y público.

 

El Ministerio Público Fiscal será el encargado de pedir la elevación a juicio 

Al solicitarle sus apreciaciones del por qué los jueces asumen estos comportamientos, el abogado penalista, respondió: “Acá, sin dudas, hay presión sobre los jueces, porque, que desde Gobierno nacional se les indique de manera amenazante qué es lo que tienen que hacer, es algo que no se corresponde con la democracia y con el sistema legal que existe en la Argentina".

 

—¿Existen otras conductas?

—Sí, están aquellos jueces que ideológicamente forman parte de un grupo político que se llama ‘Justicia Legítima’ que actúan forzando la ley interpretándola de otra manera para lograr la impunidad, como sucede en este caso. Esto, es tan evidente con lo que ha ocurrido con el dinero público que, la causa requiere ser juzgada.

 

—¿Hay pruebas suficientes?

—Está más que claro lo que pasó acá y hay pruebas de lo que afirmo. Fue un grupo empresario que le prestó plata a los Kirchner para que construyan hoteles e inmuebles. Por esto, esos grupos empresarios fueron beneficiados con obra pública que los Kirchner les dieron. Luego, estos grupos de empresarios alquilaron esos hoteles e inmuebles que nunca usaron y de esa forma se cerraba el retorno económico (coimas) por los beneficios de la obra pública.

 

—Empresarios que hoy están procesados y enjuiciados.

—Sí, Cristóbal López y Lázaro Báez, quienes habrían recibido los beneficios por la obra pública, la devolución por el sobreprecio de esa obra pública fue el alquiler de esos inmuebles que nunca usaron. Fíjese que es un gran escándalo institucional lo ocurrido, por lo que se hace necesario que esto llegue a juicio y a la vez, entender porque se forzó para que esto no llegue a la últimos instancia del proceso judicial.

 

—¿Se llegará a esa instancia?

—La apelación que realizó el fiscal Diego Velasco, demuestra que el Ministerio Público Fiscal, que es el que representa al pueblo, pida al sistema judicial que se investiguen los hechos que presuntamente pueden ser delictivos, es decir, que logre que un Tribunal Superior ordene que se realice el juicio oral. 

“Espero que la apelación presentada por la fiscalía prospere y que esto sea resuelto de acuerdo con lo que la Justicia determine, donde se aplique lo que dice el Código Procesal Penal, que se llegue a juicio y que se pueda determinar la veracidad de los hechos denunciados por la Fiscalía. Una cuestión que no es un invento que son hechos probados por pericias y que por un artilugio y una mala interpretación de la ley hay jueces que quieren beneficiar incorrectamente a las personas que están acusadas”, terminó expresando el abogado penalista mendocino.