|05/01/22 07:35 AM

El peronismo pide a la Provincia cambios en la RTO, que es ley nacional

No es solo la oposición quien se expidió públicamente sobre el tema, también lo hicieron sectores independientes y del trabajo. La polémica también incluye a quienes poseen vehículos de sustancias alimenticias

Tras el anuncio del director General de Policía, Roberto Munives que, en toda la provincia, por ahora y por solo seis meses, no se aplicarán multas en vehículos que no hayan realizado la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y todas las anomalías que surgieron en la web para turnos y expendio de certificaciones, la oposición, con el justicialismo a la cabeza salió a realizar severa exposición sobre la conducta del Gobierno provincial en torno a este tema.

No es solo la oposición quien se expidió públicamente sobre el tema, también lo hicieron sectores independientes y del trabajo, cuyos medios vitales de sus tareas diarias son sus vehículos. A ellos, desde los que tienen capacidad económica para poseer una flota de vehículos, como los que utilizan sus humildes autos para trasladar sus mercaderías, se les estaría cobrando un plus extra, denominado “homologación del furgón”, que en la mayoría de los casos el monto a abonar, más la RTO superaría los $50.000. 

Para el justicialismo, lo sucedido plasma en la provincia un “nudo de improvisaciones que solo han traído perjuicio y desorientación a la gente, y solo un rápido beneficio económico a quienes fueron beneficiados con el control de los centros de verificación”, señalaron.

Desde el peronismo mendocino se señala que bien “se podría haber evitado todo esto, si el gobernador Rodolfo Suarez escuchara a la gente y la catarata de reclamos que por estos días se elevaron desde distintos puntos de toda la provincia. Como los sectores productivos, desde donde se manifestó preocupación por la posibilidad de perder fuentes de trabajo al no poder cumplir con las exigencias de la RTO en los vehículos que utilizan para movilizarse y trasladar materiales” se indicó.

Otro ejemplo que muestra la oposición, lo exhibió el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez quien aseveró: “Un desastre total lo que está sucediendo con la RTO en Mendoza. Estuve en talleres de revisión en San Rafael y hay un desborde absoluto: falta de turnos, filas desde la madrugada, caída del sistema de cobro; todo esto en medio de una nueva ola de la pandemia. Se podría haber evitado, con solo promulgar un decreto de suspensión”, aseguró.

 

La legislatura pidió suspensión

Otro de los dirigentes del justicialismo que se refirió al escabroso tema es el titular del bloque de senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo, quien dijo: “Desde la oposición no estamos más que expresando lo que está sintiendo la mayoría del pueblo de Mendoza”.

—¿Y qué han percibido ustedes?

—Bronca, solo bronca frente a un gobierno que primero actuó con soberbia y capricho, como actuó el gobernador de Mendoza, cuando desde la Legislatura y desde la sociedad civil se le pidió muchísimas veces que suspendiera la aplicación de la ley.

—¿Con qué argumento?

—Porque no estaba el sistema federalizado, no estaba organizado, porque la gente venía de pasarla muy mal en términos económicos con la pandemia y que necesitaba un respiro. Y a todo esto solo se sumó la ineptitud de un gobierno que mostró su inoperancia para el manejo de esto.
“Fíjese, era imposible acceder a un turno, el sistema no estaba federalizado (como le expresé hace instantes), de manera que muchas personas tenían que viajar kilómetros para poder hacerla RTO y cuando llegaban les decían que no habían sacado el turno correspondiente”, agregó el legislador.

—Pero, finalmente, el Gobierno provincial dispuso suspender las multas.

—Discúlpeme, esa no fue la primera reacción del Gobierno, lo primero que hizo es disponer un aumento en la RTO a partir del primero de enero, una maniobra que el Gobernador anuncia con muy poco tacto y sensibilidad, cuando en la calle ya tenía resistencia de la gente.

“Entonces, este lunes, no le quedó otra cosa que, por medio del director de la Policía, mediante un acto administrativo, dijera que suspendía las multas. Cuando en realidad hay una ley y el Gobernador debió haberla enviado suspendiendo la aplicación de la RTO todo el territorio provincial, durante el tiempo que él lo estimara. Creo que actuó bajo la urgencia del enojo de la gente, desde la oposición esperemos que el Gobernador empiece a escuchar más y no actúe con la soberbia y la impericia con la que se ha manejado el Gobierno provincial”, apuntó con dureza Ilardo.

 

Preocupación del transporte de alimentos

Lo otro que El Ciudadano pudo enterarse en torno a la RTO, es la cuestión que se habría presentado a quienes poseen vehículos de sustancias alimenticias. Que, de acuerdo con lo que pudo saber este diario, al llegar a los centros de revisión se les exigiría el pago de un monto que está fuera del que deben abonar por la RTO en sí.

Muchos de los consultados, quienes se disculparon y prefirieron no identificarse, habrían protestado esta acción de la cual tuvieron escuetas respuestas por parte de ingenieros a cargo de los centros en donde se llevan a cabo las revisiones técnicas. Allí, los damnificados pidieron explicaciones sobre una “homologación que ellos ya habrían diligenciado y abonado a la hora de solicitar el permiso o habilitación para transportar alimentos ante SENASA, primero, Municipalidad y la Provincia, después”, señalaron a El Ciudadano.

Cuando se les preguntó qué les respondieron en los talleres de revisión, contestaron: “No nos quisieron escuchar y solo nos remitieron al ingeniero a cargo del centro, quien a su vez escuetamente nos dio un cuadro tarifario de lo que debemos pagar, sin escuchar y analizar toda la documentación que exhibíamos”.

“Esto ha provocado mucho enojo en todo el sector, nos hemos comunicado entre verduleros, carniceros, los que llevan lácteos y fiambres, hasta los que transportan panificados y todos sufrimos esta situación. No la aceptamos, porque nosotros no llegamos hasta la RTO siendo clandestinos con nuestros vehículos. Todos debemos que tener homologados nuestros furgones para transportar alimentos y sostenemos que en esos centros no tienen autoridad legal para regular nuestra actividad. Es como que nos exigen que paguemos dos veces un mismo impuesto, primero al SENASA y después a ellos.

Además, imagínese aquellas personas que su único sustento de vida es trasportar verdura o pan, los obligan a utilizar un auto común y corriente para concretar sus ventas, viviendo en la clandestinidad, impedidos de pagar semejante cifra que en la mayoría de los casos superan los $50.000”, reflexionaron con enojo y preocupación los transportistas.