Advierten sobre la disolución del federalismo y de las instituciones

La Argentina está pasando por un proceso de disolución de sus instituciones por causa del accionar de la vicepresidente del Senado, los senadores oficialistas y ahora por la acción del presidente de la Nación, expresó la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica-ARI, integrantes del frente Juntos por el Cambio.

En declaraciones a CNN Radio Mendoza expresó también que ante esta situación se presentan diversas posibilidades para enfrentar esas actitudes por parte de la ciudadanía. Mientras que por un lado Frade aseguró que los legisladores harán “todo lo posible para impedir estos procedimientos”, no descartó la acción de la ciudadanía citando a comentarios de la exdiputada Elisa Carrió que justificó alguna forma de desobediencia civil ante las acciones en contra de la Constitución y las leyes que se les arrogan a la presidente del Senado, y el jefe de Estado.

La también abogada describió los posibles caminos antes señalados ante la sucesión de hechos en su opinión violatorios de las normas institucionales básicas de la república. Dejando sus reflexiones ante el incumplimiento de lo que le corresponde a cada poder del Estado y la prohibición de interferir o arrogarse las facultades de los otros.

Como es públicamente conocido la expresidente Cristina Fernández de Kirchner se ha fijado como uno de sus objetivos defenderse de las acusaciones y acciones judiciales en su contra por presuntos hechos de corrupción, desplazando o quitando poder a los magistrados que intervienen en dichas casusas.

Para alcanzar ese objetivo la titular natural del Senado promovió que se considerara nulo el traslado a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, como también el pase del juez Germán Castelli al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

La doctora Frade relató que a partir de detectar esas intenciones del oficialismo, radicaron una denuncia judicial ante un juzgado para que se impidiera que la Cámara alta anulara esos traslados dispuestos por decreto del expresidente Mauricio Macri.

La jueza María Alejandra Biotti tomó la denuncia y ordenó que el cuerpo legislativo se abstuviera de tratar ese tema. Algo que el Senado simplemente a instancias de su titular, simplemente desobedeció.

Procedimiento cuestionable

El argumento que utilizó Cristina Kirchner avalado por la mayoría que posee en el cuerpo legislativo nacional, es que los jueces fueron mal trasladados por no tener un nuevo aval de los senadores como lo indica la Constitución.

Cabe aclarar que los jueces de la Cámara Nacional (Bertuzzi y Bruglia) han confirmado todo lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadío en las causas de corrupción que devinieron en el pedido de prisión preventiva contra la exmandataria, disposición que no se ha podido llevar a cabo por los fueros parlamentarios que antes tenía y por el cargo que hoy ejerce.

Por otra parte el juez Castelli tiene a su cargo la instrucción de la causa de los cuadernos donde se registraron movimientos de fondos que comprometen a quienes ejercieron el poder hasta 2015.

Mónica Frade explicó que el traslado efectuado en 2018 por Macri están dentro de los términos legales y que la causa no es su supuesta improcedencia sino para detener el avance de las causas contra Cristina Fernández.

La especialista recordó que la decisión del expresidente fue en primer lugar autorizada por el Consejo de la Magistratura y después por dos acordadas de la Corte Suprema los avaló. Por lo que ahora una vez que el Senado ordenó que los jueces retornen a sus puestos anteriores, acto refrendado por un decreto del presidente Alberto Fernández, explicó Frade: “Ahora corresponde a la Corte responder a los reclamos elevados por los afectados, y no adoptar una actitud tiempista esperando decisiones e los otros poderes”.

Argumentos jurídicos

Según la entrevistada por CNN, no son válidas las razones esgrimidas por el kirchnerismo, que sostiene que para el traslado debió pedirse un nuevo aval del Senado. Pues Frade asegura que el cambio de puesto se efectuó entre órganos judiciales de la misma jerarquía (traslado horizontal). Por lo que además de la aceptación del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema emitió las acordadas 4/18 y 7/18 en las que se sostiene que el traslado horizontal no requiere nuevo acuerdo y que por lo tanto es procedente el cambio.

En la serie de denuncias penales presentadas por los diputados de Juntos por el Cambio contra CFK, y los senadores que dieron su voto, ahora se suma al Alberto Fernández por haber firmado los decretos 750, 751 y 752 en los que da la razón a los argumentos de la vicepresidente de la Nación.

La diputada Frade invoca para esta extensión que el primer mandatario viola con su accionar el artículo 109 de la Constitución Nacional que prohíbe a los presidentes intervenir en causas judiciales en trámite como en las ya cerradas.

La abogada sostiene que al estar pendiente una decisión de la Corte la causa aún está en trámite.

Los jueces en cuestión habían presentado un recurso de per saltum que implicaría una respuesta de la Corte sin esperar el paso del caso por otras instancias, además la Cámara de Casación Penal (fuero donde actúan los magistrados que se intenta desplazar) sostuvo que deben volver a sus tribunales de origen hasta 2018. La Corte no respondió al pedido de per saltum, por lo que ahora a los jueces les queda el camino del recurso extraordinario que es ámbito de la Corte, pero la demora en este caso hace más difíciles las cosas.

Pocas herramientas

Frade advirtió que hay un proceso de desintegración del sistema federal y pidió a los bloques formados por diputados del interior que se unieran a la oposición para impedir este avance sobre las autonomías y los intereses provinciales. Hizo referencia concreta a las presiones que los gobernadores reciben por la coparticipación para que instruyan a sus legisladores a votar a favor de los intereses sectoriales del kirchnerismo.

Apuntó a los casos de los representantes cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y al mendocino José Luis Ramón, que preside uno de los bloques que han respaldado las iniciativas oficialistas.

Finalmente, la entrevistada se refirió al futuro institucional vaticinando que están acorralando al presidente Fernández y que, opinó, lo van a terminar “tirando por la ventana”, para después actuar sin límites. Dijo que tal vez fuera a eso cuando el expresidente Eduardo Duhalde habló de golpe de Estado.

Ante estas posibilidades, dijo que quedan pocas herramientas legales y debe ser la ciudadanía la que salga a defender las instituciones.