Agua y ajo

Cada día, en los ámbitos más dispares, es posible escuchar la repetida cantinela de la falta de justicia, de la inoperancia de los jueces, o lisa y llanamente de su alto nivel de corrupción. En la cola del supermercado, en las impunes redes sociales, en el café, no hay sitio malo para dejar caer nuestra furia, impotencia, o acaso frustración.

Pero vale la pena hacerse otra pregunta, ya que inevitablemente siempre también se cae en reflexiones del tenor de “Macri debería meterlos a todos presos”, o “acá hace falta un presidente que los meta en cana o los mande al paredón”, y es si la solución que se propone no es, acaso, tan falaz como la realidad contra la que despotricamos. En síntesis, si nuestro pensamiento no es el huevo de la serpiente.

Tras un cuarto de siglo de devaluar la institucionalidad, de mellar la cultura política, resorte central de la construcción de poder peronista –la que permitió erigir feudos vitalicios en la mayoría de las provincias argentinas, ergo, la que permite una mayoría inamovible en el Senado, que oblitera la posibilidad de cualquier transformación seria- todos terminamos creyendo, entonces, que la justicia no es una cuestión institucional central, cuya transparencia es el eje de la república, cuyo arbitrio es central para que vivamos mejor: es un poder a colonizar, solo que por alguien mejor a quienes ya lo han hecho, alguien con sentido patriótico, y ya estaría.

Todo esto viene a cuento porque, en esta semana, en medio de la causa de los cuadernos –una de las investigaciones de corrupción más grandes de la historia universal, acaso consecuente con lo que fue uno de los regímenes más corruptos de que se tenga memoria-, saltó el caso del juez que cobró los 10 millones de dólares, en medio de operetas cruzadas para salpicar a los funcionarios actuantes en la causa, como Stornelli.

Ahora es muy fácil indignarse, putearlo, pedir que lo encarcelen, lo torturen, lo fusilen y toda esa sarta de bravuconadas que nos encantan.

Pero propongo otro ejercicio: vayamos al archivo. El 4 de octubre de 2012 era primera plana de los diarios que en el Senado nacional se había aprobado “el concurso para designar jueces más escandaloso y largo de los últimos tiempos.

"Ayer, la mayoría oficialista en el Senado aprobó los pliegos de los cuatro hombres que Cristina postuló para ocupar los juzgados federales vacantes en la Capital. Son juzgados importantes porque allí se investigan los casos de corrupción en la que están involucrados funcionarios públicos, entre otros delitos”, se decía entonces.

El Fuero Federal, ese de los famosos doce jueces de Comodoro Py, los de la servilleta de Corach, los impecablemente descriptos por Tato Young en El libro negro de la Justicia, quedaba completo luego de maniobras políticas impresentables. La nota de Clarín decía que “pasaron el examen Sebastián Ramos, que irá al juzgado 2; Sebastián Cassanello, que asumirá en el 7; Marcelo Martínez De Giorgi, que fue propuesto para el juzgado 8, y Luis Rodríguez, quien irá al 9. Sobre los tres primeros no hubo grandes objeciones, aunque el bloque del radicalismo votó en contra porque denunció que el concurso está sospechado de corrupción. Es que hubo fuertes indicios de que varios de los candidatos tenían el examen de antemano. Se abrió una investigación judicial que estuvo a cargo de la jueza María Servini de Cubría quien cerró el caso”.

¿Suena, verdad? Tortuga Casanello, por ejemplo, que duerme la causa de la ruta del dinero K, y la despierta unos minutos cuando lo necesita. Que espectacularmente con chaleco antibalas y casco de seguridad metió en cana a Báez, pero sigue permitiendo que Cristina ni abra la boca y solo presente un escrito de vez en cuando.

¿Pero qué se decía del muchacho de los 10 millones de dólares? Veamos: “El más cuestionado de los cuatro fue Rodríguez a quien, además de sospechar de que se copió, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que encabeza el periodista afín al kirchnerismo Horacio Verbitsky, lo había acusado de coleccionar objetos nazis”.

O sea, hasta sectores ultra K lo cuestionaban. Además, contaba entre sus relaciones con ser compadre de Javier Fernández, auditor general de la Nación y principal operador del kirchnerismo en la Justicia.

Poco tiempo después la ahora expresidente Cristina Fernández ratificó los nombramientos, y así, de los doce jueces federales, quedaron siete nombrados por el kirchnerismo. Son los que hoy investigan la corrupción.

Por último, vale recordar un poco cómo era el clima de época. CFK venía de imponerse en 2011 con el 54% de los votos. Vivía un momento de esplendor, acumulando la suma del poder público: arrodillaba a gobernadores e intendentes, el Congreso era una escribanía, con la Justicia ya vemos cómo se procedía. Diana Conti gritaba “Cristina eterna” y la frase era el “vamos por todo”. Gastábamos a mansalva, como si nunca nos fuera a llegar la cuenta.

Fuimos muy irresponsables, como sociedad lo fuimos. Avalamos todo eso comprando en Ahora 12 y encendiendo tres aires por domicilio. De todo ello se puede aprender, cosa que no parece que suceda.

Muchos quieren volver a ese mundo irresponsable. Es probable que la pasen mejor. Pero no miren a la cara a sus hijos, ellos heredarán nuevamente la cuenta.