¿Qué encierra el negocio de las minas de potasio Río Colorado?

Desde que la poderosa minera brasileña Vale entregó a la Provincia el yacimiento de potasio en el sur mendocino, se abrieron sutiles y profundos interrogantes desde el mismo riñón del oficialismo, que en su mayoría pasaron inadvertidos para el grueso de la comunidad.

Las instalaciones del complejo minero, sin ser utilizadas desde su construcción, ahora son del Estado mendocino y pareciera ser que es lo único visible de la entrega de ese patrimonio a Mendoza.

Es allí donde surgió la primera observación, cuando el diputado Jorge Andrés Difonso puso en dudas las tratativas de esa operación y el famoso punto de “pacto de confidencialidad” de partes, donde se cerró la puerta para conocer detalles de lo que Vale cedió, la Provincia recibió y lo que en el medio se negoció.

También donde por primera vez se señaló que el patrimonio de la Provincia no se debería poner en juego, como advirtió el legislador del Frente Renovador dentro de Cambia Mendoza, al no saber qué es lo que se había tratado y acordado con los brasileños.

Las minas de potasio fueron, son y serán un negocio altamente rentable, sobre todo con la magnitud del yacimiento que cuenta este Estado provincial cuyano.

Solo mirando el alcance, uno puede darse cuenta de lo que se trata, con ejemplos como el potasio aleado con sodio que se utiliza como refrigerante en reactores nucleares, o la utilización del potasio para fertilizantes agrícolas.

Este último juega un papel muy importante en la producción de soja, de allí que los mercados chinos y brasileños estén asegurados para la compra de grandes toneladas del producto.

Pero el producto que se encuentra en las entrañas de las napas del departamento de Malargüe también es utilizable por otras industrias, como en la fabricación de jabones y detergentes, y la farmacológica en suplementos o medicamentos.

El camino de recuperación de la gran mina de potasio por parte del Estado mendocino comenzó en 2016, el primer año de la anterior gestión de gobierno, cuando el entonces secretario de energía Emilio Guiñazú participó del Congreso Mundial Minero de Canadá y mantuvo el primero de los encuentros oficiales y no oficiales de Mendoza con Vale.

Un largo recorrido de lo que poco y nada se sabe, hasta que, en el segundo año de Rodolfo Suarez en el gobierno, tomó intervención la Legislatura para autorizar el aspecto final del traspaso puntual del yacimiento en los primeros días del pasado mes de marzo.

Es precisamente donde se escuchó la primera voz que pone el acento en las tratativas, con observaciones desde el núcleo oficial, emitidas por el diputado Difonso, como se dijo.

Con el permiso encuadrado jurídicamente desde la Legislatura, el camino desembocó en la acción concreta de entrega de todo el yacimiento.

Al mismo tiempo se conformaba el directorio con tres ministros de la actual Administración y una gerencia general que recayó en el mismo Guiñazú, quien a su vez renunció a la Subsecretaria que comandó durante cinco años en dos gobernaciones.

De acuerdo con la presentación oficial del Gobierno, que, eufórico, daba la buena nueva, recuperar la mina de potasio implicó para Mendoza recuperar US$ 280 millones, un complejo hasta ahora no utilizado y un negocio que traería a la Provincia importantes divisas, hoy tan necesarias frente  a los inconvenientes y deudas.

Por eso surge el segundo cuestionamiento de otra entidad política dentro de la coalición gobernante, cuando el diputado nacional del PRO Omar De Marchi expresó sin eufemismos que “no puede venir un funcionario público, de la noche a la mañana, a sentarse a gestionar las minas de potasio”.

Para el legislador, el yacimiento ubicado en Malargüe provee un producto para un sistema económico e industrial altamente complejo, sofisticado y difícil, a lo que se agrega la planta que dejaron los brasileños con una inversión de US$ 2.000 millones.

Puntos por los que De Marchi consideró que “no puede venir un funcionario público a gestionar, lo que debería hacer una consultora con staff altamente capacitado para lograr, con transparencia, que inversores privados se hagan cargo y produzcan un desarrollo sustentable”.

Para los observadores de la política mendocina, los legisladores Difonso y De Marchi colocaron el foco en el campo atencional como nadie, ni siquiera desde la oposición lo había hecho.

Porque ellos, según mostraron a su tiempo y en diferentes espacios, entienden que lo sucedido con el yacimiento de sales de potasio son de una magnitud tal que deja lógicos interrogantes.

Como por ejemplo saber qué es lo que Mendoza negoció con la minera de Brasil para que ésta acceda a entregar la mina y el sofisticado complejo construido para su explotación, fundamentalmente entregar un fenomenal negocio.

Un punto desconocido como para que ambos dirigentes políticos adviertan que, sea lo que sea, no debe lesionar los intereses de todos los mendocinos.

Como expresó a su tiempo De Marchi, “cuando no cuesta al bolsillo de uno, las decisiones erróneas que se toman las terminan pagando todos los ciudadanos. Ya conocemos estas experiencias en otros ámbitos del Estado cuando alguien conduce una empresa de esta naturaleza, si no tiene responsabilidad patrimonial es muy difícil que acierte”.

Un cúmulo de expresiones que abren interrogantes que solo el tiempo podrá responder, sobre todo lo que encierra el negocio de las minas de Potasio Río Colorado.