09 de agosto, 2020 - 13:03

Hace un año escuchábamos promesas de campaña que, como siempre, señalaban un futuro venturoso para uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Iban a ser una prioridad indiscutida. “Entre los bancos y los jubilados, nos quedamos con los jubilados”, posteó en Twitter desde su cuenta oficial a las 10:50 pm del 29 de julio de 2019 el presidente Alberto Fernández, en ese entonces candidato. “Voy a recomponer los ingresos de los jubilados y de los que consumen. Lo voy a hacer en cuanto llegue", aseguró, vaticinando un 20% de suba para los primeros días de gestión, y puntualizó que la plata de las lelics se destinaría a ellos.

Un año después, el volumen de lelics duplica al de la gestión de Mauricio Macri. Un año después, se desactivó por decreto la ley que determina cómo deben ser las recomposiciones y pasó al entero arbitrio del gobierno, con la consecuente pérdida de ingresos que se acentuará en el decreto de septiembre.

Un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en la que comparan la jubilación promedio con el salario de los aportes activos a partir de los 50 años de edad, etapa tenida en cuenta para el cálculo de los haberes pasivos, arrojó un resultado asombroso: La jubilación promedio es equivalente al 38,1% de los salarios de los trabajadores activos, menos de la mitad que el 82% de referencia.

Esto no ocurre con los regímenes especiales, que si alcanzan y hasta superan ese famoso 82%.

Se aclara, de todos modos, que ese 38,1% abarca a todos los regímenes, pero si se considera solamente al régimen general, la relación entre los haberes jubilatorios y las remuneraciones de los aportantes activos es más baja aún, con un 36% de un promedio que, además, deja en evidencia un menor nivel en el caso de las mujeres.

La OPC señaló, en base a datos de la ANSES, que el 38,1% de relación entre jubilaciones y salarios activos en el total de los regímenes se desglosa en un 45,7% para los jubilados varones y un 34,5% para las mujeres, en tanto en el 36% del régimen general hay un 43,9% y un 32,6%, respectivamente.

El famoso 82% móvil fue un sistema que se puso en marcha hace 62 años, en octubre de 1958, en los primeros meses de gobierno de Arturo Frondizi, que había asumido el 1 de mayo de ese año, y fue mediante la ley 14.499.

En ese entonces la relación entre trabajadores activos aportantes al sistema y jubilados era mucho más favorable que en el presente. Pero ese 82% móvil fue muy poco cumplido a lo largo de la historia.

El estudio de la Oficina de Presupuesto adjudica el ensanchamiento de la brecha entre el nivel promedio de jubilaciones y salarios a “una evolución propia de todos los regímenes de reparto, en el que con el transcurso de los años y una mayor expectativa de vida se va reduciendo la relación entre aportantes (trabajadores activos) y beneficiarios (jubilados y pensionados)”.

Pero también postulan que “otro factor que incide fue la masiva incorporación de nuevos beneficiarios por las sucesivas moratorias previsionales, que, según los cálculos de la OPC, llevó la relación aportante/pasivo de 3,06 a 1,43”.

Pero no es la única explicación que brindan: “si en el marco del análisis se excluyen los beneficios otorgados mediante moratorias previsionales, las tasas de reemplazo del régimen general resultaron ser de 47,1% en general, 53,2% para varones y 44,3% para mujeres”.

Muy lejos de aquellas promesas, la realidad de los jubilados es lamentable, más cerca de las líneas de indigencia que de alcanzar un ingreso que los sitúe en un nivel de vida digno. La situación no ofrece, por lo menos para este año, ninguna posibilidad de revertirse. Con la suspensión de la movilidad la pérdida se acentuará en el resto de 2020.

Una vez más, los jubilados fueron el pato de la boda. Una vez más, y van…