La Justicia le sigue doliendo a la gente

Aturdida, la gente recibe otra noticia que, increíblemente, la escucha impávida por unos minutos para luego continuar con esa titánica lucha de seguir sobreviviendo con las migajas que se le permite en la Argentina de las grandes incongruencias y las terribles desigualdades.

Oficializados los privilegios para los que siempre se creyeron con derechos de zócalos y lejos de las leyes y y la Constitución para usufructuar todo bien del Estado, es decir todo bien de los habitantes, la Justicia, desde el pestilente riñón de la corporación política judicial da otra señal, en la que dice que todo lo que aquí se haga desde las manos sucias de los privilegiados, está bien.

El caso de los vacunados VIP es una lamentable señal ejemplificadora. Que se inició en México, cuando a principios de año Alberto Fernández, en visita oficial en la nación azteca, los defendió expresando que esa acción de adelantarse en la fila no constituye ningún delito penal.

Desafortunada postura del jefe de Estado que completaba sus dichos hacia jueces y fiscales que comenzaban a investigar el vergonzoso caso en el medio de la angustia que sucumbía al país ante la virulenta llegada de la segunda ola de la pandemia del coronavirus y casi toda su gente sin vacunarse.

Allí, Alberto intimó a los magistrados a "dejar hacer payasadas", por el solo hecho de que éstos estaban cumpliendo con su deber bajo acogimiento del Artículo 174 del Código Penal, que habla de quienes cometieren fraude a la Administración Pública.

El entonces ministro de Salud Ginés González García estaba cometiendo fraude con todos los selectos vacunados ante la desesperación de una incontrolable avalancha de contagios, muertes y todo el sistema de salud colapsado.

Se estaban riendo descaradamente ante el sufrimiento de la gente, porque mientras su sobrino ofrecía la Sputnik V a sus compinches sobre las espaldas de trabajadores esenciales, sus colaboradores vacunaban en los domicilios particulares al resto de los amigotes, como Horacio Verbitsky, o políticos como Eduardo Duhalde y familia.

Tras la continuación de la causa a pesar de las expresiones presidenciales, apareció la jueza federal María Eugenia Capuchetti dando señales de cajonear el tema porque, al decir de esta señora, “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales”.

Este es el argumento para cubrir con total impunidad lo hecho por el exministro de Salud con sus secuaces del Ministerio y sus familiares directos.

Mucho más, encubrir a figuras más arriba de los involucrados. Las mismas que desde hace rato vienen zigzagueando el brazo poco sano y efectivo de esa Justicia que tiene todos los elementos de lo que aquí pasó algunos años atrás.

El mismo sector que habría ordenado que 60 dosis salieran de un hospital público de Buenos Aires y desembarcaran en El Calafate. Razón más que suficiente como para que la causa de ese vacunatorio VIP sea prontamente cerrada.

Mientras se barre el oscuro polvo debajo de esa alfombra de los improperios hacia los argentinos, aparece la sospecha cierta de que lotes de vacunas habrían sido guardadas vaya a saber por qué motivo u objetivo.

El país, dolido y golpeado por la segunda ola de la pandemia del COVID-19 saca cuentas sobre los que hasta ahora fueron vacunados con primeras o segunda dosis, y nota que en todo el país solo el 57% de sus habitantes tuvieron esa posibilidad.

El resto está a la suerte de una piedad que no existe en un virus que se reproduce y fortalece en su esencia y ya aterrizó con su tercera ola.

Sin embargo, la Argentina selectiva inmunizada por dos dosis de vacunas y todos los cuidados que no tuvieron y no alcanzan a tener las víctimas predilectas del coronavirus, esto es el ciudadano común y todo el arco del personal de la salud, tiene el agregado de un sistema institucional lesionado de gravedad, donde la Justicia le sigue doliendo a la gente.