El kirchnerismo busca lograr en la Justicia mendocina lo que no consiguió en la Nación

Por estos tiempos la gente escuchó en dos oportunidades que desde una ventana del Poder Legislativo se le pidió al Poder Judicial una “declaración de certeza”.

Que, para que se entienda, se trata de nada más y nada menos, que un costado le pida a otro costado si el primero está haciendo bien las cosas.

Absurda postura, cuando existe un organismo rector y supremo, llamado Constitución, que ha colocado los roles muy equilibrados para que cada uno sepa que es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Funcionamiento contundentemente claro para los tres poderes del Estado.

Sin embargo, en medio de la dramática situación que el coronavirus colocó al país y cuando las instituciones de la Nación intentaban funcionar como imponía la cuarentena contra el COVID-19, desde el cerebro central del kirchnerismo salió disparada una flecha hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el pedido expreso de declaración de certeza.

El Senado pretendía un fallo que respaldara las sesiones virtuales y lo que de ellas sancionaran los legisladores nacionales.

Desde el Poder Judicial no se tardó un segundo en responder la inoportuna petición con el lógico rechazo del todos los miembros que integran el máximo órgano de justicia del país.

Incluso, la negación fue acompañada por la sugerencia al Poder Legislativo, indicándole que puede fijar su propio reglamento. Una sarcástica manera de decirle dos cuestiones puntuales: lean la Constitución sobre la división de poderes y las atribuciones de cada uno.

El rechazo de la Corte nacional también encerraba decirle no al aval que pretendía el "poder K" sobre cuestionados procedimientos legislativos o sanciones de leyes non sanctas.

Pero esa actitud de los supremos se ajustaba a derecho constitucional, lo contrario los dejaba en las puertas de pedidos de juicio político a cada uno por llevar a colisionar a dos poderes del Estado con una innecesaria intromisión.

No tardó en llegar el ejemplo, cuando en la última sesión de la Cámara alta, con modalidad virtual se produjo un escándalo legislativo que tendrá graves secuelas.

El "poder K” aprobó una Comisión Bicameral por el tema Vicentin sin contar con los dos tercios como indica el procedimiento constitucional. No solo violando esto último, sino cortando toda comunicación que en esos momentos pretendía con legítimo derecho el resto de los senadores.

Pasaron solo dos meses para que en la provincia de Mendoza el kirchnerismo hiciera lo propio anudando a los tres poderes del Estado en una discusión que, para observadores jurídicos, nunca se tendría que haber dado.

Pero se dio. Y se dio porque dos miembros de la Suprema Corte de Justicia otorgaron lugar a una presentación que armaron desde bloques opositores del Senado, encabezados por el kirchnerismo, pidiendo que la Corte mendocina dicte una medida cautelar que detenga el proceso de estudios de pliegos de María Teresa Day para que integre dicha Corte.

Además de una declaración de certeza que dijera si la funcionaria judicial cuenta con los requisitos para ser miembro del máximo órgano de justicia de la provincia.

La movida con exclusivo voltaje político tuvo conexión interna en la Corte provincial por coincidencias de corazones doctrinarios.

Única razón por la que los integrantes de la Sala Dos de la Suprema Corte de Justicia Mario Adaro y Omar Palermo decidieran dar lugar a la demanda.

El otro integrante de la Sala, José Virgilio Valerio –quien podría ser considerado como candidato a presidir la Corte provincial– con gran atino se excusó de intervenir en semejante papelón alegando razones de salud.

A partir de ahí el escándalo fue mayúsculo entre profesionales del derecho, políticos y juristas, que entendieron que este punto puso en vilo esa institucionalidad mendocina tan prestigiosa a nivel nacional. Un inaceptable choque de poderes cuyas derivaciones todavía no se miden.

Los especialistas endilgan malas intenciones para llevar al terreno de confrontaciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, violando hasta la misma Constitución y lo que ella dice claramente.

Por eso mismo, tendría que haber respondido inmediatamente la Corte provincial rechazando la presentación por improcedente y haber marcado, como lo hizo su par nacional, que la Legislatura dicta su propio reglamento, si es que no lo tiene, evitando de esta manera la intromisión de un poder del Estado sobre otro, como logró finalmente la movida.

Dejando, inclusive, la posibilidad de que alguien haga presentaciones de pedido de juicio político a los ministros Adaro y Palermo, invocando el Artículo 12, Inciso 4 del Código Procesal Civil de la Provincia.

Así las cosas, en medio de una despiadada pandemia, cierta dirigencia política no se priva de mostrar sus mañas, sin importar siquiera el daño que pueden hacer a las instituciones de la Nación y de la Provincia.

Aunque en cada movida esté el disfraz de lo correcto y procedente, que impulse cuestiones lógicas como una declaración de certeza. Aunque en estos casos solo sea una sectaria chicana política que lesione poderes e instituciones de la Provincia y de la Nación.