Cornejo, corresponsable de la conmoción judicial
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza no tiene memoria institucional de haber atravesado, junto a la estructura de todo el Poder Judicial de la Provincia, un momento tan difícil, complejo y donde no está en disputa su calidad institucional, sino saber qué ideología manejará sus criterios de impartir justicia.
Algo que para el ciudadano común es absolutamente ridículo, en el fiel convencimiento de que la misma solo debe responder a la defensa que le asiste a toda la comunidad, sin distingo alguno.
Aun sabiendo que todo lo que hoy ocurre se fue al terreno puramente político, no de estado, sino partidario, la cuestión es saber cuál es específicamente ese terreno.
Ahí, quienes observan la política local saben que es una lucha feroz y sin miramiento alguno entre el Alfredo Cornejo y todo el arco opositor.
Una cuestión que no tiembla el criterio de mirar la realidad provincial, cuando se asegura que Rodolfo Suarez no tiene nada que ver y la está "ligando" de arriba.
Claro que el Gobernador sabía cuando se promocionó como candidato a la gobernación que el terreno político mendocino y todos sus entuertos quedaban en el redil de estrategia y decisiones “del cornejismo”.
El actual mandatario solo debe gobernar este Estado provincial cuyano, que de por sí no es una cuestión menor por cómo quedó la provincia con su abultada deuda, por lo que le sucede al país en torno a la crisis de la economía que produce la pandemia y las ninguneadas políticas del Gobierno nacional.
En ese terreno en el que se colocó a la provincia se llega a nuestros días con la postulación, estudio y nombramiento de María Teresa Day para ocupar el lugar que en la Corte dejó Jorge Nanclares.
Y en medio de todo ese tumulto legal, legislativo y de intereses políticos, el nombramiento de Dalmiro Garay como presidente del máximo órgano de justicia de Mendoza.
En los dos puntos, la reacción virulenta de la oposición y de organizaciones afines al mismo, como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por ejemplo, no tardaron en plantar una bandera de batalla, que lejos de arriarse se ha fortalecido con la dura señal que desde la Corte dieron supremos afines.
A esta altura de los acontecimientos, quienes viven en la provincia no saben a ciencia cierta dónde está la razón. Los argumentos que se esgrimen son válidos, a tal punto que se exagera en demasía en invocar la Constitución y los procedimientos jurídicos que ella indica para esos casos.
Cuando la realidad está detrás de todo este aparatoso escándalo, la pelea que la oposición, esencialmente el justicialismo, ha encarado contra Cornejo. Incluso, mucho antes que cumpliera su mandato en la gobernación, donde, desde allí, no le dejan pasar una sola cuestión, como ésta de poner una mujer de su riñón como Teresa Day y el manejo de la Corte, como Dalmiro Garay como presidente.
A propósito, muchos profesionales del Derecho consideran que la respuesta a esta movida cornejista está viciada de irregularidades por parte de los miembros de la Corte que hicieron lugar a las presentaciones de legisladores de la oposición.
Así las cosas, y en el medio de una gran tormenta sobre del Poder Judicial, los dos sectores en pugna velan armas mirando el jueves 30, cuando la Corte, por medio de la Sala II y desafiando todo, llevará a cabo una audiencia pública que analizará si es correcto o no que Teresa Day sea miembro de ese organismo.
Sin importar que ella ya cumplió con todos los pasos que hay que dar como indica la Constitución y que torcer eso desataría una guerra total entre los tres poderes del Estado que lesionaría gravemente la institucionalidad de la Provincia.
Si bien toda la oposición obtuvo respuestas de diferentes organismos y profesionales que hacen a la vida de Mendoza, que fortalecieron su pregonar, como el inédito pronunciamiento de la Asociación de Magistrados, la movida ucerreísta, acompañada por algunos de sus socios en el Frente Cambia Mendoza, hablan de preparar terrenos para pedidos de juicios políticos a los ministros rebeldes.
Una desafiante advertencia que surgió en los últimos días invocando el Artículo 12, Inciso 4 del Código Procesal Civil de la Provincia.
Es difícil saber si la Provincia podrá superar este momento institucional, que no tiene precedente en su vida de Estado. Sí es seguro, que Mendoza no merece lo que le pasa, mucho menos quienes la habitan.
Una cinchada de intereses políticos que no está midiendo sus consecuencias, en donde queda claro que para Cornejo será uno de los desafíos más fuertes de toda su carrera política, que rebotaría en sus ambiciones presidenciales en el país.
Él sabe que si la pierde no solo será negativo para sus objetivos, sino totalmente perjudicial para las instituciones de la provincia, que es lo más preocupante.
Desde el lado de la oposición la cosa no será menos fácil, sobre todo teniendo en cuenta que viene siendo observada con rigurosidad por muchos puntos negros que no cayeron bien entre los mendocinos. Fundamentalmente por la incidencia “K” que pretende introducir a como dé lugar en la vida política de la provincia.
Así las cosas, Mendoza, con un choque de poderes en la que la sensatez de su dirigencia todavía no aparece y produce un hecho que supera el difícil momento de la pandemia que perforó la vida de toda la provincia.
Un instante en el que solo queda responder desde esa dirigencia si lo que sucede con la Justicia es por culpa de Cornejo o del oficialismo.