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24 de marzo: ¿la espada o el puñal?

Tanto las Fuerzas Armadas como las de seguridad son vistas aún como las responsables de todos los males del país, por lo que se procedió a domarlas e incorrectamente transformaron a los militares y a los policías en ciudadanos de uniforme en lugar de ponerlos bajo un estricto control civil 

Un pensador español, Juan Donoso Cortés, sostuvo que entre la dictadura de la espada y la del puñal prefería la de la primera de estas armas, porque la consideraba más noble. En nuestro caso, no nos inclinamos por ninguna. Una dictadura es una dictadura, así de simple.

Los argentinos hemos sufrido varias veces la dictadura de la espada. Ya las había anunciado Leopoldo Lugones con su famoso discurso de La hora de la espada.

La peor de todas ellas estuvo a cargo del denominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN), a partir del 24 de marzo de 1976. Fue la más infame, porque fue la que apareció –paradójicamente–como la más justificada de todas, pero fue la que fracasó más estruendosamente.

Concretamente, esta dictadura se inició bajo el pedido, casi unánime, de una sociedad que estaba bajo ataque de los grupos insurreccionales de la izquierda terrorista para que las FF.AA. actuaran en consecuencia, a la par de las acciones de ‘autodefensa’ llevadas adelante por grupos de la derecha sindical, organizados desde la cumbre del gobierno constitucional de entonces.

A la pregunta de si era lícito que el Estado respondiera a esta violencia con fuerza mortal, la obvia respuesta es que sí. El problema es que esta respuesta fue excesiva y se hizo fuera del marco de la ley.

Alguien poco formado podría argumentar que en la guerra todo medio es válido para alcanzar la victoria. Pues está muy equivocado. Un buen profesional de la guerra sabe que un combate sin reglas no es solo una barbarie moral, es también una imposibilidad práctica, como lo estamos viendo en otros escenarios mundiales, tales como Afganistán, Irak, Siria o Libia. 

En pocas palabras, si a uno le toca combatir a los caníbales, puede hacerles muchas cosas, menos comérselos.

Además, desde el punto de vista político, el PRN constituyó un grave error, pues no era necesaria la intervención militar para derrotar a una guerrilla que ya lo estaba sobre el terreno.

Por otra parte, los militares disponían del plexo legal adecuado para empeñarse en ese conflicto armado interno. Concretamente, el gobierno constitucional en ejercicio había emitido las leyes necesarias para hacerlo.

Pero, lamentablemente, los mandos prefirieron hacer ‘desaparecer’ a los terroristas, cuando podrían haberlos juzgado e, incluso, condenarlos a muerte, en el marco de la Justicia militar de la época.

Pero dejemos el pasado para pasar al presente. Si bien hoy no hay espadas que nos amenacen, estamos rodeados por los múltiples puñales de la inseguridad.

No vamos a describir el calvario de varios millones de argentinos que enfrentan a diario hechos y situaciones de inseguridad, basta ver el noticiero o escuchar los relatos de algún familiar o amigo y ahí sí corresponde que nos preguntemos por sus causas.

Al respecto, es nuestra opinión que la primera causa de la inseguridad es moral y que se encuentra atada al desprestigio que ha sufrido el ejercicio de la autoridad estatal a partir de la caída del PRN.
Recordemos que fue luego de la llegada de la democracia que comenzó a hablarse de autoritarismo como de una enfermedad que afectaba al ejercicio del poder.

Una cuestión lógica, si analizamos el contexto de situación que había dejado una dictadura que había usado en forma excesiva a la fuerza legítima del Estado. Pero una tendencia que llegó hasta límites risibles como fue la anulación del sistema de premios y castigos en nuestros institutos educativos.

Más recientemente, asistimos a la vuelta de tuerca que representa el ‘garantismo’ o del ‘abolicionismo’ judicial como lo llaman algunos. Teorías que sostienen que el delincuente no es otra cosa que producto de una sociedad enferma y que como tal no es responsable de sus actos. Por lo que 20 ó 30 piqueteros le pueden hacer la vida imposible a una ciudad de varios millones de habitantes, ya que, como algunos dicen, “no se puede criminalizar la protesta”.

Mutatis mutandis, llegamos a la situación actual. Una caracterizada por el miedo de los ciudadanos honestos a ser atacados por unos pocos deshonestos. Pues el Estado, que es quien debería ejercer el monopolio del uso legítimo de la fuerza, para defender las conductas decentes, no lo hace y deja a la gente de a pie librada su suerte.

De allí el lógico auge de los ‘countries’ y de la seguridad privada. Nos preguntamos si esta situación es solo la lógica evolución de una concepción errónea del hombre y la sociedad, o un efecto deseado por quienes quieren tener dominada a esta sociedad.

Pero volvamos al tema. En el marco de este contexto, tanto las Fuerzas Armadas como las de seguridad siguen siendo vistas como las responsables de todos los males del país, por lo que se procedió, no a destruirlas –como creen algunos–, sino a domarlas.

Había que colocarlas bajo el más estricto de los controles civiles –lo que no está mal–, pero se lo hizo en una forma incorrecta: una cargada de resentimiento y de prejuicios ideológicos, una que en vez de reforzar sus virtudes y combatir sus defectos se pretendió ‘civilizarlas’, transformando a los militares y a los policías en ‘ciudadanos de uniforme’.

Valdría aclarar que en ciudadanos de segunda clase, como los desajustes salariales y en su obra social nos muestran.

En todo país civilizado, los militares y los policías están bajo un estricto control civil. Eso nadie lo discute. Pero es uno que les reconoce a los uniformados un status especial.

Por un lado, acepta las particularidades y las dignidades de su profesión, como el mando y la obediencia, pero a la par les exige un estricto sometimiento a la ley y a la autoridad civil. En pocas palabras, no busca transformarlos en algo que no son.

Un giro preocupante en esta tendencia ‘civilizadora’, la que se ha mantenido durante esta administración, ha sido negarles a estas Fuerzas, aún el ejercicio de sus funciones que tradicionalmente han hecho bien, como la dirección del apoyo a la comunidad en ocasión de desastres naturales, también la reducción en su participación en operaciones de paz. Actividades en las que se han ganado un reconocido prestigio. 

En función de lo expresado, sostenemos que hasta que no haya un verdadero y sano control civil sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad, uno que les restablezca su dignidad, no se podrá comenzar a ponerle fin al tema de la inseguridad.

Obviamente, hay una infinidad de temas técnicos concomitantes y que no son el objeto de esta nota, pero éste deberá ser el necesario principio de todo cambio.

Para concluir y que quede claro, no abogamos por la dictadura de la espada para que reemplace a la actual de los puñales. Queremos ver la espada de las Fuerzas Armadas y de seguridad conducida por una mano civil.

Claro, con dos condiciones: que esa mano civil las use legítimamente, vale decir, en pos del bien común, y que esa espada esté bien afilada.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.