Causa Siemens: Carlos Corach sujeto a indagatoria
El Principado de Liechtenstein brindó los datos de tres cuentas bancarias con vinculación al ex funcionario menemista
Por Redacción
Uno de los fiscales asignados de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), José Lasenkiewicz, pidió que el ex ministro del Interior de Carlos Menem, Carlos Vladimiro Corach, y un grupo de parientes y personalidades de su entorno, sean llamados a declaración indagatoria por el presunto cobro de sobornos, para entregarle la renovación de los DNI a la empresa de gestoría alemana Siemens, en 1997.
La Procuración se hizo a raíz del conocimiento de nuevos datos sobre tres cuentas bancarias en el extranjero, cuyos beneficiaros eran Corach y sus allegados, aportados por el Principado de Liechtenstein.
Corach fue acusado de “haber aceptado la promesa de recibir entre los años 1997 y 2005 aproximadamente 15 millones de dólares en concepto de sobornos pagados por directivos de la empresa Siemens AG”.
Ese dinero, sostiene el dictamen, compuesto por 36 páginas, fue pagado para que Corach, “en base a su competencia funcional, adopte las medidas necesarias para reposicionar a esta empresa como la oferta más conveniente”.
“Se ha logrado demostrar la existencia de un acuerdo venal celebrado a principios del año 1997” entre directivos de Siemens, quienes están a la espera del juicio oral en la Argentina, “y altas autoridades del Gobierno Nacional de aquel entonces, quienes para este Ministerio Público Fiscal resultaron ser Carlos Saúl Menem, (Presidente de la Nación), Carlos Corach (Ministro del Interior de la Nación) y Hugo Franco (titular de la Dirección Nacional de Migraciones)”, sostiene el escrito judicial, que tiene varias semanas.
Corach, resalta el documento, “celebró un acuerdo venal con los directivos del grupo Siemens, por lo que estaba al tanto de las obligaciones recíprocas emanadas de él”.
La situación de los empresarios de Siemens fue elevada a juicio oral hace casi seis años y a ello se suma una denuncia de la fiscalía contra el lavado de activos denominado PROCELAC de 2019.
“Se cuenta con sobrados elementos como para avanzar en el juzgamiento de los funcionarios públicos responsables y así cumplir con los mandatos asumidos internacionalmente”, resumió la fiscalía pertinente.