Buscan prohibir el lenguaje inclusivo en Mendoza

Desde que comenzó a ponerse en boga hace algunos años, de la mano de reclamos sectoriales de ciertos colectivos, especialmente los feministas y los que se autodenominan como ‘disidencias’, el llamado ‘lenguaje inclusivo’ es motivo de polémica en cuanto foro exista.

En algún momento se trató de reemplazar la vocal que determinaba el género por el signo arroba. Luego mutó al uso de la ‘x’ en esos espacios, como referencia a la incógnita, a lo indeterminado, para pasar finalmente al uso de la ‘e’ en el espacio de la determinación, en un camino que no se sabe si ha concluido, ya que hace poco tiempo se escuchó a un funcionario nacional decir “les pibis” en una conferencia oficial.0

Lo cierto es que la tendencia ha permitido acuñar neologismos que mueven más a la risa que a la reflexión, con gobernadores diciendo “adolescentas”, el Presidente diciendo “albañilas” y, en medio de eso, hemos escuchado “la cuerpa”, en referencia al cuerpo, entre otros desafíos a la ortodoxia lingüística y semántica.

Luego de permear en las organizaciones nombradas, el lenguaje fue adoptado en ámbitos educativos, como las universidades, aunque vale decir que en ningún caso la aceptación y la defensa de su uso son unánimes, prestándose en cada caso a disputas que exceden lo idiomático, porque en todos los casos significan más una toma de postura política que otra cosa, sabiendo quienes lo usan que va a generar identificaciones inmediatas, para un lado o el otro.

En ese terreno, desde quienes lo rechazan, uno de los argumentos va en el sentido de que, más que incluir, excluye, pues deja afuera a quienes no coinciden con ciertos reclamos, o bien a quienes creen que, cualquiera sea el reclamo, el idioma tiene suficiente riqueza y claridad para contenerlo y expresarlo.

Otro de los argumentos de rechazo se basa en su imposición desde el poder, lo que le quitaría base de sustentación a su defensa, ya que si bien el idioma está vivo y es mutante, eso no se decide desde arriba, sino que parte de los usos sociales.

Proyecto de prohibición

Uno de los que han tomado la iniciativa al respecto es el diputado Gustavo Cairo, del PRO mendocino, quien presentó en la cámara un proyecto que explicó en CNN Radio Mendoza: “En principio, la iniciativa trata sobre los documentos oficiales de los tres poderes del Estado, que se escriban y se difundan en castellano, tal cual está aprobado por la Real Academia Española, y la Academia Argentina de las Letras. También para los textos escolares de las escuelas de la provincia de Mendoza, que dependan de la provincia”.

El diputado, además, sumó otros episodios a su análisis: “Justamente, mi preocupación tiene que ver con eso ese avance cada vez mayor que, como último peldaño, tuvo este proyecto de la Cámara de Diputados de la Nación, con media sanción, condicionando a los medios y a los periodistas a utilizar el lenguaje inclusivo, so pena de no bajarles pauta publicitaria, o quitársela”, explicó.

Y agregó: “Esto, que al principio parecía un tema hilarante, cada vez se ha difundido más, sobre todo desde el kirchnerismo, y también en Mendoza. Hace un tiempo se aprobó en la Cámara de Diputados en Mendoza un reglamento donde todas las palabras están duplicadas: diputados y diputadas, y me preocupan las escuelas, porque los chicos ya tienen problemas para comprender textos con el idioma, tal cual lo tenemos, y esto no hace más que complicarlos mucho más”.

Las voces de las academias

La Academia Nacional de Educación se pronunció, en los primeros días de este mes, en contra de la utilización del lenguaje inclusivo. Advirtió que “complejiza la lengua, tanto como su enseñanza y no contribuyen a señalar la igualdad de los sexos, sino que, por el contrario, sugieren la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.

Desde la Academia Argentina de Letras, por su parte, explicaron que no es un lenguaje, sino “el espejo de una posición sociopolítica que desea imponer un grupo minoritario, sin tener en cuenta el sistema gramatical del español”.

Según la institución, se trata de una manipulación de la lengua para condenarla invisibilidad de la mujer, y la Academia insistió en que “el género no marcado abarca explícitamente a los individuos de uno y de otro sexo, sin menoscabo de nadie”.

Por otro lado, también plantearon que la tendencia al desdoblamiento indiscriminado e innecesario del sustantivo en su forma masculina y femenina (los alumnos y las alumnas) “atenta contra la economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas”.

Por tanto, aunque su uso no es incorrecto, recomendaron evitar estas repeticiones “agotadoras y afectadas, que hasta lentifican la sintaxis”.

Por su parte, la Real Academia Española emitió un documento al que llamó ‘Informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas’, en el cual señala: “El llamado lenguaje inclusivo supone alterar artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español, bajo la premisa subjetiva de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer, ya que el uso de la @ o de las letras ‘e’ y ‘x’, como supuestas marcas de género inclusivo, es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término nomarcado de la oposición de género”.

El lenguaje y la pauta

La reciente aprobación de la Ley de Equidad de Género para los medios de comunicación, una norma impulsada por las legisladoras Gisela Marziotta (exconductora del recordado programa de la TV Pública 6,7,8) y su par Mónica Macha, ambas del Frente de Todos, marca un nuevo esquema de uso del lenguaje inclusivo para la prensa.

Uno de los requisitos para la publicidad oficial, obligatoria por ley y de distribución equitativa, será la obtención de un certificado de equidad.

“Los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional”, sostiene la norma.

Pero, además, suma otro condicionante para la obtención del certificado, que será “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”, es decir, que el Estado va a pagar por el uso de este lenguaje o, en todo caso, va a premiar con dinero a los medios que lo utilicen.

La norma causó controversias, sumando al ejercicio de la profesión periodística un condicionante que, en todo caso, contraviene las normas universales de libertad de prensa.

Pese a las diferentes presiones, este modo de hablar no encuentra, por ahora, un eco mayoritario en la sociedad, quedando restringido a minorías o colectivos que luchan por su imposición, sumando a representantes del Estado en la presión y también en la resistencia.

En última instancia, esperemos que no se cumpla un viejo refrán, y que la letra no entre con sangre.