Una buena ley que hicieron añicos con la repartija de cargos

Un verdadero escándalo se dio públicamente cuando se blanquearon los emolumentos que recibían empleados del Poder Judicial de la provincia.

Escándalo para los pocos sectores incrédulos que quedan en Mendoza, sobre una gran porción que sospechaba o que tenía algún conocimiento que el que tenía el privilegio o bendición de ocupar un cargo en la Justicia le reportaba jugosos ingresos.

De ahí que ese segmento de la población viera con buenos ojos la inmediata reacción del gobernador Rodolfo Suarez de hacer algo para bajar semejante asimetría salarial con otros sitios del trabajo público.

Una actitud que no dejó de ser cuestionada por sectores independientes a los principales partidos políticos que gobiernan y que gobernaron, porque esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo.

Los reproches tenían absoluto asidero, partiendo de los interrogantes, ¿cómo, no sabían que había personal que recibía lo mismo que un juez o magistrado?, ¿toman de sonsa a la gente, que ahora caen en la cuenta de que habían sueldos que superan los $400.000?.

¿O la verdad es que esos dorados lugares son para acomodos de parientes o de importantes favores políticos?, ¿cuántas personas entraron por la ventana de la Justicia mendocina en las últimas administraciones de la provincia?, ¿ministros nombrados por el gobernador de turno llevaron en sus alforjas personal que reciba esos apetecibles salarios?

Fue la prensa, como siempre, la que hizo pública semejante distorsión que golpea innecesariamente a la Justicia y produce profundas asimetrías en los sueldos que reciben los empleados del Estado mendocino.

El ruido fue tan contundente que los medios nacionales se hicieron eco inmediato. Al mismo tiempo, un Suarez que inició su gestión con fuertes sismos, tuvo una rápida acción refleja para enviar un proyecto de ley en el que el Poder Legislativo ponga las cosas en su lugar en el Poder Judicial.

Una buena señal que los tres poderes del Estado se ponían acorde a la sensatez de Mendoza y a la excelencia institucional que siempre se destacó en todo el país.

Las duras cinchadas parlamentarias por la Ley 7.722 y el presupuesto provincial 2020, primero, y la cuarentena contra el COVID-19, después, hicieron que el proyecto de equiparación de cargos en el Estado no tuviera el tratamiento que suponía debía tener.

Se notaba que el contacto entre los bloques y el conocimiento del expediente no era fluido entre los legisladores que componen la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

De repente el tratamiento que debía ser normal se transformó en anormal, donde fluyeron inmediatamente los posicionamientos políticos para señalarse unos a otros. Una cuestión que hizo explosión en el recinto de sesiones a la hora de tratar el proyecto.

Fue patético el tratamiento de la ley en todo sentido. Los números de cargos que se equiparan con magistrados fueron lanzados sin la más mínima razón de lo que se exponía: 100, 80, algunos o ninguno.

Tan desopilante como cuando los principales bloques se tiraron en cara los funcionarios de las administraciones de gobierno que asumieron como ministros de la Corte (¿?).

Sí fue delicada la acusación de parte de la oposición que dijo no haber accedido al proyecto en sí, algo que no fue desmentido por el oficialismo que logró imponer la sanción del proyecto que solo alcanzaría en su aplicación a doce empleados del Poder Judicial.

Para observadores políticos locales, la ley que aprobó el Senado ni siquiera se asoma al espíritu de lo que la actual administración provincial pretendió hacer.

Mucho menos lo que la gente aspiraba que ocurriera en un lugar que siempre está bajo la lupa ciudadana. Un punto que es apoyado desde adentro de la Justicia con empleados y funcionarios que consideran que la razonabilidad y la racionabilidad debe alcanzar a ese poder.

Que por lo pronto no será así, donde solo una docena de personas estrenarán el nuevo instrumento jurídico que suponía equidad y lógica. Puntos que para esas doce personas pueden transformarse es inequidad e injusticia, porque lo que se debía arreglar no se arregló, lo que se debía reducir no se reducirá y las irregulares formas de alcanzar un lugar en el escalafón seguirán siendo irregulares.

Seguirá entonces la impotencia de mujeres y hombres que entraron por concurso y hacen honor a la Justicia, frente a los que entraron por la ventana del acomodo del esquema político de turno.

Algo de lo que los partidos mayoritarios de la provincia no pueden hacerse los distraídos y quizá por eso, una buena ley fue hecha añicos mucho ante de ser sancionada por todos los que pasaron ejerciendo el gobierno mendocino.