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¿Y las instituciones republicanas? Bien, gracias

Aprovechando la Semana de Mayo recordemos que nuestra historia independiente comenzó con un Cabildo Abierto y sería bueno que los responsables de las decisiones políticas lo tengan en cuenta

La República romana murió, precisamente, el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, cuando el dictador Julio César fue asesinado por sus varios de sus seguidores, entre ellos, su hijo adoptivo, Lucio Junio Bruto.

Pese a que los asesinos argumentaron que lo hacían en defensa de las instituciones de la República, las luchas posteriores que siguieron al magnicidio, trajeron lo contrario: el nacimiento del Imperio, bajo el mando de un sobrino nieto del mismo César, César Augusto, quien fue el primero de una dinastía que pariría a cuatro “Césares” más. 

A partir de estos hechos, la Ciencia Política ha considerado a la separación del poder político como la piedra de toque de todos los sistemas políticos modernos, que argumenta que el poder debe dividirse en un diverso número de magistraturas. Ya sea mediante procesos electorales o por un simple sorteo de los distintos cargos, pero no por una estricta especialización funcional en las  tareas legislativas, ejecutivas y judiciales.

El principal responsable teórico de esta teoría fue el filósofo político francés Barón de Montesquieu, quien en 1748 escribió El espíritu de las leyes, que identificó a los  tres poderes del Estado, los que acabamos de mencionar. 

Los responsables prácticos de la misma fueron los Padres Fundadores de los EE.UU. De hecho, ese país dispone de la democracia por división de poderes más antigua del mundo. Al respecto, uno de ellos, James Madison, decía en su diario El Federalista: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”.

Por su parte, nosotros, los argentinos de la pluma de Juan Bautista Alberdi, lo incorporamos a nuestra Constitución de 1853, que está estrechamente inspirada en los principios de la doctrina política del federalismo estadounidense. Y que a similitud de éste, estableció un sistema republicano de división de poderes, con un importante grado de autonomía para las provincias y un Poder Ejecutivo fuerte, pero limitado por un Congreso bicameral con el objetivo de equilibrar la representación poblacional con la equidad entre las provincias.

Dejando las teorías de lado y pasando a la crítica histórica de cómo estos principios se aplicaron o no a la conducción política reciente de nuestra Nación, no tenemos más remedio que hacer una síntesis brutal. Una hecha por partes, poder por poder. Veamos.

Podemos empezar por el Poder Ejecutivo. Al respecto, vemos que casi todos sus titulares, empezando por las Juntas Militares del denominado Proceso de Reorganización Nacional, han terminado, de una forma u otra, enfrentando diversas instancias judiciales.

Concretamente, el único que se salvó completamente de tal tratamiento fue el presidente Raúl Alfonsín. Aunque no faltan los que dicen que fue porque su sucesor, Carlos Menem, no quiso hacerlo pese a sus promesas electorales de llevarlo a cabo.

Por su parte, el doctor Menem debió enfrentar varios juicios, a saber: el de la venta de armas a Croacia y Ecuador (condenado), la explosión de la FM de Río Tercero (absuelto), la venta del predio de la Rural (condenado) y el segundo juicio de encubrimiento por el atentado de la AMIA (absuelto). 

Sigamos: el doctor  Fernando De la Rúa fue procesado por la represión del 20 de diciembre del 2001, por el pago de coimas en el Senado, por el megacanje de la deuda externa y la contratación irregular de su jardinero cuando era jefe de Gobierno de la CABA. En todas ellas fue absuelto. 

Por su parte, el doctor Eduardo Duhalde no fue procesado, pero debió abandonar la Presidencia interina tras la denominada “masacre de Avellaneda” y bajo amenazas de ser procesado por ello. 

El doctor Néstor Kirchner no fue sometido a proceso alguno por razones obvias. Pero su viuda y sucesora enfrenta hoy un sinnúmero de ellos. Igualmente, se podría especular que el actual presidente, el ingeniero Mauricio Macri, podría sufrir una suerte similar si perdiera las próximas elecciones.

La conjetura enunciada en el párrafo anterior nos lleva a la crítica del siguiente poder de la República, el Judicial. Para hacer una historia larga muy breve, podemos afirmar que su máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ha sufrido los embates de las necesidades del Poder Ejecutivo de turno por reformarla. E incluso, para que sus fallos se ajustaran a sus necesidades políticas.

Entre estos últimos se destaca el hecho de que a menos de un mes de su asunción, el presidente Néstor Kirchner sancionó el Decreto Nº 222/03, para designar a los miembros de la Corte Suprema, los que previa designación presidencial debían recibir el acuerdo del Senado en audiencia pública. 

Una jugada que llevó a la renovación de la CSJN existente mediante la designación del doctor Eugenio Zaffaroni en 2003 y de las doctoras Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay en el 2004. Obviamente, todo luego de la destitución de Antonio Boggiano en 2005 y de la renuncia del juez Augusto Belluscio en ese mismo año. 

A los efectos de que el presidente materializara su política de Derechos Humanos, a mediados de 2007 la CSJN declaró inconstitucional el indulto del expresidente Carlos Menem a los acusados y condenados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.  Todo sabemos lo que vino después y que aún dura. 

Podríamos seguir con las arbitrariedades, citando las designaciones por decreto, a solo cinco días después de asumir el Poder Ejecutivo el presidente Macri, luego de la retirada de dos nuevos miembros de la Corte: los doctores Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Pero creemos que con lo expuesto alcanza y sobra. 

Pasando, por último, al Poder Legislativo, vemos que también ha sido la norma de su conducta una obediencia a los dictados del PE, incluso, con la anulación de leyes sancionadas previamente por ese mismo cuerpo, como fue el caso de las leyes de Punto Final, junto con su complementaria, la de Obediencia Debida, derogadas en 2003 después de haber sido aprobadas con todos los honores en 1989. Anulación, dicho sea de paso, convalidada por la CSJN, que las declaró inconstitucionales en 2005.

Como vemos, luego de este brevísimo repaso, nada parecido con la independencia de poderes pregonada por nuestra Constitución Nacional.

No nos vamos a poner a mentar a toda una larga serie de principios políticos y jurídicos que contradicen a todas estas tramoyas. Desde la prosecución del bien común, hasta la igualdad ante la ley, pasando por la no retroactividad de la ley penal, todas normas básicas que configuran el entramado de un verdadero Estado de derecho.

Mucho más si consideramos que vivimos en un país, único en el mundo, que viene manteniendo un constante retroceso de su PBI per cápita desde hace varias décadas. Así como una de las inflaciones persistentes más altas y el default más grande de la historia humana. 

Prefiero remitirme, para terminar, a nuestra historia y a la doctrina comparada de lo que está pasando en otros países con situaciones similares.

Empecemos por el final. Es bien sabido y lo venimos exponiendo en estas columnas, que son numerosos los países en los que sus respectivos sistemas políticos, algunos de ellos más sólidos que el nuestro, como es el caso de los EE.UU. y de Brasil, los que vienen sufriendo profundas transformaciones que han llevado a la elección de sendos presidentes desvinculados de sus respectivos sistemas políticos tradicionales.

Finalmente, aprovechando que transitamos la Semana de Mayo, recordemos que nuestra historia independiente empezó con un Cabildo Abierto. Y sería bueno que los responsables de las máximas decisiones políticas, de todos los partidos lo tuvieran en cuenta, pues, una vez más, el pueblo puede volver a exigir saber de qué se trata.

Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.

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