La Corte podría habilitar la reforma de la Constitución de Mendoza

Lejos de entrar en especulaciones políticas, jurídicas, electorales y mucho menos constitucionales, el pronunciamiento que debe dar la Suprema Corte de Justicia de la provincia a los intendentes por el tema de su reelección encerraría una cuestión más amplia e inesperada para el grueso de la comunidad: podría dejar en puerta esa casi añeja reforma integral de la Constitución de Mendoza.

A propósito, para los juristas y los políticos ligados al hilar fino en materia constitucional, el pronunciamiento del procurador de la Corte Alejandro Gullé, como parte del fallo plenario que debe dar el máximo organismo de justicia, queda extemporáneo y no obstaculiza el camino de los intendentes que buscan su reelección. 

Tampoco dejaría sin sustento jurídico al decreto provincial que limita las reelecciones indefinidas de los jefes comunales. Esto último, siempre y cuando la mayoría de los ministros voten en sintonía con lo firmado por Gullé. 

Si todo saliera como muchos estiman, se echaría luz sobre una polémica in límine que contiene el artículo 198, que obtendría respaldo legal y el rótulo de constitucional. Algo que inmediatamente rebotaría sobre otro artículo de la Carta Magna mendocina, el 221. Se caería de este último el sustento que no permitía que el 198 fuera viable con la mayoría de electores y no con la mitad más uno del padrón, como era (¿es?) hasta ahora. 

De ser así, dejaría al gobernador Alfredo Cornejo ante los umbrales de una decisión que nadie esperaba: conseguir una nueva Constitución. Un objetivo institucional que tuvo el primer gobernador al regreso de la democracia. En aquel entonces (1987) Felipe Santiago Llaver envió a la Legislatura provincial un proyecto de reforma integral de la Constitución. 

La Ley 5197 fue apoyada por el sufragio de más de 397 mil mendocinos, contra aproximadamente 117 mil. Más tarde, en 2001, hubo un nuevo intento de reforma integral en la administración de Roberto Iglesias. En esa oportunidad  el resultado fue un poco más ajustado:  311.187 votos a favor y poco más de 218.000 en contra. 

Tanto en el primero como en el segundo pronunciamiento, la Corte declaró fallidas las votaciones porque no se ajustaban al artículo 221. Hoy esa historia podría tener un fantástico giro, producto del fallo que en ciernes se le tiene que dar al amparo presentado por los intendentes de San Martín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael contra el decreto que limita sus reelecciones.

Mendoza podría tener nueva constitución 

El abogado y diputado provincial Mario Vadillo (Protectora), es un activo parlamentario que ha buscado claridad para terminar en este tema de las reelecciones indefinidas de los intendentes. Por eso, dejó por unos instantes el fragor de la campaña electoral para analizar este tema de las consecuencias que podría traer el fallo de la Suprema Corte de Justicia. 

Al respecto le expresó a El Ciudadano que “el dictamen del procurador de la Corte Alejandro Gullé, como así el pronunciamiento del resto de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al respecto de la causa de los intendentes que buscan su reelección, no incidiría en el derecho subjetivo de los jefes comunales. Algo que ya han logrado porque la Junta Electoral de la provincia aceptó los pliegos y el proceso eleccionario en los municipios de San Martín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael ya están en marcha”. 

“Por lo tanto –continuó el legislador–, como el organismo electoral considera que el proceso tiene todos los requisitos constitucionales, es muy difícil que el pronunciamiento de la Corte anule dicho procedimiento”. 

Ante este estado de situación, El Ciudadano le preguntó qué precedente deja el pronunciamiento de la Corte. A esto, Vadillo respondió que  “es muy importante que un fallo de la Suprema Corte diga que las mayorías que se necesitan son las mayorías de electores y no la mayoría del padrón. Esto daría validez a un plebiscito de reforma constitucional y  produciría un hecho muy importante para la vida institucional de Mendoza”. 

Para el legislador, “al gobernador Alfredo Cornejo le quedaría en puerta decretar la validez del plebiscito del año 2001, donde el entonces gobernador Roberto Iglesias propuso reformar la Constitución. Un trámite que también tiene un precedente en los primeros años del regreso a la democracia, donde el gobernador Felipe Llaver propuso la reforma total de la Constitución de la Provincia. Es decir que en manos y de decisiones de Estado del mandatario mendocino quedaría la posibilidad de que Mendoza tenga una nueva Constitución”. 

Queda entonces esperar el resultado del fallo de la Suprema Corte de Justicia para saber si el sentido o espíritu del mismo va en dirección de todo este análisis. Fundamentalmente, de contener esa línea, saber si el gobernador Cornejo dejaría su mandato con un acontecimiento histórico para la democracia de Mendoza: una nueva Constitución provincial.