Chaves imputó a Macho por supuestas afiliaciones truchas
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Chaves imputó a Macho por supuestas afiliaciones truchas

Se trata del secretario general de ATE, Roberto Macho, que fue imputado por la titular de la Unidad de Delitos Económicos, Gabriela Cháves. Las afiliaciones apócrifas alcanzarían las 900, y los damnificados pertenecían a los sindicatos ATSA y SITEA, gremios con representación en el área de salud

El escándalo por las supuestas afiliaciones truchas de ATE va creciendo en magnitud. Luego del allanamiento de la Justicia, el secretario general Roberto Macho lanzó acusaciones en varias direcciones, denunciando persecuciones y falta de independencia de la Justicia.

Todo comenzó el año pasado, con la denuncia de Juan Carlos Navarro, por ese entonces titular de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina), filial Mendoza, que canalizó la inquietud de varios afiliados a su gremio que, según argumentaron, estaban recibiendo descuentos de ATE en sus bonos de sueldo. Inicialmente habrían sido cerca de cien casos.

La palabra de la fiscal

La fiscal Gabriela Cháves, de la Unidad de Delitos Económicos, declaró (que a partir de la denuncia): “Comencé con la investigación. Traté de hacerme de la ficha de afiliación. Primero de entender como es el sistema de descuentos. En este caso el empleador es el Estado, que es el que hace el descuento a los trabajadores afiliados a determinados gremios, una vez que el secretario le informa mensualmente la nómina empleados a los cuales corresponde hacerles los descuentos, porque son sus afiliados. Eso lo hacen en carácter de declaración jurada, porque se supone que en la sede del gremio está la ficha de afiliación y sobre todo el libro de afiliados actualizados”.

Pero, cuando fueron a buscar las afiliaciones no encontraron la información. “Hicimos un registro en ATE del año pasado para buscar esas 100 afiliaciones, para ver si se correspondían con afiliaciones reales o era cierta la denuncia que formulaba el señor Navarro”.

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Esa denuncia fue fusionada con otra de igual contenido, esta vez sobre 800 trabajadores del Sindicato De Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), la tercera agrupación que tiene inserción en el área de trabajadores de instituciones públicas de salud.

Para Cháves, “el problema sería que la que le hacían de ATE no es una afiliación voluntaria. Afiliarse o desafiliarse es derecho del trabajador, que surge de la Constitución y de una decisión libre, por eso es cuando se afilian tienen que llenar una ficha”, y agregó: “El viernes lo que hicimos es un registro para ver si encontrábamos el libro de afiliados y las fichas de afiliación correspondientes a estos empleados y además las planillas de cotización, que son la planillas que envían mensualmente desde el gremio, para ver cuáles son los nuevos afiliados, que hay que hacerles descuentos. O las personas que se han dado de baja, que también se informan en la misma planilla”. 

Además, destacó que la acusación es específicamente “contra el señor Macho, porque es él el que ha hecho, de acuerdo a la resolución que consta en la contaduría de la provincia y que establece cuál es el sistema para proceder a estos descuentos, se hace a través de la declaración jurada del secretario gremial. En este caso será Macho y de hecho en esos dos periodos que se investigan ha firmado él, por eso le he imputado el delito de estafa. 

“Desde el punto de vista penal entiendo que estoy ante un delito de estafa, por eso lo imputé y ahora él tiene que defenderse. Ahora debería incorporar esta nómina de 800 empleados, porque yo lo impute respecto de 100, que eran los primeros. Ahora tenemos más víctimas, o sea, el perjuicio económico es mayor”, explicó. Además, según se informó, entre las afiliaciones truchas también habría integrantes de la comisión directiva de ATSA.

La defensa de Roberto Macho

La defensa de Roberto Macho no se hizo esperar. En diálogo con CNN Radio Mendoza señaló: “Estamos lamentando el actuar de la fiscal (Gabriela) Cháves, obviamente mandada directamente por el gobernador (Alfredo) Cornejo. En un principio era ver y registrar la sede gremial el viernes, y con lo que nos hemos encontrado es con una patota de policías de Investigaciones, encabezada por la fiscal, sin orden de allanamiento porque no mostró absolutamente nada, entró en las instalaciones de nuestra ATE, rompió y destruyó literalmente la sede sindical, se llevó y rompió documentación que no sabemos, tapó las cámaras de seguridad como en los clásicos hechos de la dictadura, y violentó a los compañeros que estaban adentro, inclusive empleados”.

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En otro tramo también remarcó que el caso por la denuncia de Juan Carlos Navarro, secretario general de ATSA, es algo netamente laboral, pero que terminó en la Justicia Penal. “Me presenté a atestiguar, les expliqué cómo se afilian a las personas o a los trabajadores que están en el marco de lo que vendrían a hacer los acuerdos paritarios, que todos estos compañeros han pasado a planta por los acuerdos de ATE, que firmaron los decretos de pases a planta, y que están en los listados en la Subsecretaría de Trabajo aceptando los pases a planta”.

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Con respecto a si esas personas sabían o no que estaban afiliadas a ATE, afirmó: “Tienen que saber porque pasaron a planta por nosotros”, aclarando el sistema de afiliación: “En una primer instancia, los trabajadores eran contratados por locación de servicios en su gran mayoría. Esos trabajadores se afilian a ATE en forma directa por medio de una ficha de afiliación, que se las hemos presentado a la fiscal. Luego, nosotros rescatábamos en esa época a todos los trabajadores que eran contratados o prestadores de servicio, firmaban su anuencia para el pase a planta y ATE lo representaba en las distintas paritarias, y de ahí en más esas planillas se presentaban en las Subsecretaría de Trabajo y se planteaba el cronograma de pase a planta. Cronograma que salió por ley y que está en el Boletín Oficial. Es lo que la fiscal no tenía en las manos por eso ahora me pide que acentúe cuáles son los trabajadores que pasaron por esos acuerdos paritarios”.

Por otra parte, no es la primera vez que desde ATE denuncian persecuciones por parte del Gobierno, ya que siempre han sido los portadores de la postura más dura y crítica contra la gestión de Cambia Mendoza. 

Lo cierto es que el tema ya está en la órbita judicial, y ahí se decidirá el destino de una causa por estafa que, en un principio, involucraría una suma cercana al medio millón de pesos.
 

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Chaves imputó a Macho por supuestas afiliaciones truchas

Se trata del secretario general de ATE, Roberto Macho, que fue imputado por la titular de la Unidad de Delitos Económicos, Gabriela Cháves. Las afiliaciones apócrifas alcanzarían las 900, y los damnificados pertenecían a los sindicatos ATSA y SITEA, gremios con representación en el área de salud

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