Proponen ley que exija aptitud de quienes cuidan a menores

Ante el vacío legal y administrativo que hay en Mendoza sobre el cuidado y atención de menores en instituciones públicas en el ámbito municipal y provincial, la Cámara de Diputados tiene en estudios un instrumento jurídico para llenar ese vacío.

Se trata de un proyecto de ley que impulsa el diputado provincial Guillermo Pereyra (FR-FCM) donde se establece la obligatoriedad de quienes tengan relaciones directas o indirectas con menores en organismos oficiales exhiban dos certificados que los habiliten para realizar dichas tareas.

El legislador considera que la presentación de estos documentos es vital para asegurar y resguardar la integridad física y psíquica del menor. Tal cual lo hizo con la ley contra el grooming que ya está en vigencia en la provincia, Pereyra quiere que el Estado asuma responsabilidades y controles para terminar con lo que viene ocurriendo con nuestros chicos. Duros casos de vejaciones, que en muchas oportunidades, terminaron hasta con la muerte del menor.

Al respecto y a la hora de presentar el proyecto, el diputado afirmó como parte de los fundamentos que “las niñas, niños y adolescentes merecen nuestros máximos cuidados. Es una etapa de labilidad emocional y plena formación del carácter y desarrollo mental. A su vez, en esta edad se encuentran desprotegidos por la propia inocencia que caracteriza este periodo”.

El Ciudadano mantuvo diálogo periodístico con Guillermo Pereyra, quien reflexionó sobre su iniciativa parlamentaria: “Este proyecto de ley pretende dar un marco de cuidado y protección a niñas, niños y adolescentes. Los casos sucedidos en la provincia, como el del anestesista en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, que se acercaba con tocamiento a los niños que allí eran atendidos; después de conocer el duro caso del Próvolo, donde administrativos y celadores que también están involucrados en las vejaciones que se produjeron en chicos sordos e hipoacúsicos, es que decidimos en el bloque del Frente Renovador elaborar y presentar un proyecto de ley para que cada una de las personas que estén al cuidado de menores en instituciones públicas tenga un certificado de apto psicológico y otra certificación que le expida el Registro de Defensa de la Integridad Sexual (REDIS). Este último constatará que no integra el banco de datos de este organismo que contiene a todo aquel individuo bajo proceso judicial por violación”.

El legislador agregó: “En la provincia tenemos un deficiente régimen de control de salud física y mental de los empleados públicos, fundamentalmente quienes están en contacto con niñas, niños y adolescentes. En la actualidad ese personal, una vez ingresado al Estado, no vuelve a recibir controles físicos y psicológicos, salvo los docentes, entonces tenemos personas con 30 años de servicio en dependencias públicas que están en servicios de atención primaria, tratamientos de salud, programas de alimentación, protección y defensa de los derechos de niños bajo tutela, custodios o responsabilidad estatal. Todos estos son servicios que se prestan en hospitales, centros de salud, albergues o comedores”.

Por eso, especifica Pereyra, “una vez en vigencia esta ley, el personal deberá presentar certificaciones esenciales para trabajar, educar, curar o cuidar a niños. Será abarcativo para quienes hacen trabajos administrativos, limpieza, jardinería o quienes conducen vehículos de esas reparticiones. En síntesis, todo personal en contacto con menores. La ley será específica y rigurosa en su aplicación, incluso contendrá la renovación de ambas documentaciones”.

Ante la consulta sobre las responsabilidades de los organismos que expidan los dos certificados y de los directivos de los que los reciban, el legislador aclaró: “La ley también los incumbe con igual rigurosidad y responsabilidad. Tanto el profesional o la entidad que entregue el estudio psicológico, mucho más el REDIS, donde solo intervienen jueces y fiscales en graves causas con este tipo de delitos. Debo aclarar que lo último que nos queda por determinar es quién o qué organismo o profesional entregará la certificación psicológica, para el importante encuadre legal que pretendemos darle a esta acción”.

Finalmente Pereyra reflexionó: “Los lamentables episodios que han sucedido en la provincia, como los señalados en esta nota, quizá no hubieran sucedido. En el caso que no se hubiesen podido evitar, con esta ley en vigencia se echaría mano a los responsables de quienes emitieron los certificados y quienes son los responsables de hacer un seguimiento de las personas que los recibieron. Es decir, que el organismo que otorgue el certificado de aptitud es absolutamente responsable de lo que está suscribiendo, un todo donde nadie escapa a cuidar o tener responsabilidades en la salud física y psíquica de ese niño”.