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Se presentó un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la corrupción

El proyecto de Marcos Niven versa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y está en línea con legislaciones nacionales, a las que Mendoza aún no adhirió

Por Redacción

22 de marzo, 2019 - 08:56

Muchas veces, a la hora de pensar en el derecho penal se hace exclusiva referencia a las personas físicas, que son aquellas que finalmente afrontan el castigo de esta rama del derecho. Sin embargo, las personas jurídicas también se ven involucradas, sobre todo cuando hablamos de delitos de corrupción. 

A nivel nacional, esto está contemplado desde hace unos cuantos años, y el diputado provincial Marcos Niven, del Partido Demócrata, presentó en la Legislatura provincial un proyecto para que Mendoza se ponga en sintonía. Lo explicó en diálogo con CNN Radio Mendoza 91.7, señalando que “esto es adherir a una Ley nacional, la 27.401, con el objetivo de evitar todo lo que son delitos de corrupción, delitos contra la administración pública, inclusive los temas de soborno trasnacional, a los cuales la República Argentina ya ha adherido, a través de una convención que se firmó en el año 1997 y que se aplica en la Nación a través de la Ley 25.319, sancionada en el año 2001”. 

Siempre la cuestión jurisdiccional es compleja en estos terrenos, ya que las empresas suelen estar conformadas en el exterior, o ser uniones transitorias con integrantes nacionales y extranjeros, y eso está contemplado en el proyecto según su autor. “Es una cuestión integral, no solo localmente, sino también lo que ocurre a nivel trasnacional, con un claro objetivo, evitar todo lo que es la corrupción y los delitos contra la administración pública, previendo a las personas jurídicas y tratando de que cooperen con las autoridades, en la lucha contra la corrupción”, explicó, agregando que “hemos visto en la Argentina el gran suceso con el tema de los cuadernos y el desvío importante de fondos de obra pública con la corrupción, y esto es una herramienta más”.

La Nación le pidió a las provincias que adhieran, y Mendoza aún no lo ha hecho. “Ahora estamos pidiendo esta adhesión que abarca todo, delito de cohecho, tráfico de influencias, negocios incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, tanto de funcionarios como empleados, a lo que son las personas jurídicas cuando presentan balances o informes falsos”, explicó el legislador.

Uno de los problemas que suelen suscitarse es que cuando se hacen contratos con empresas trasnacionales, suelen designarse tribunales extranjeros para dirimir los diferendos. Esto se ha visto en innumerables casos, sin ir más lejos, los célebres fondos buitres cuyo proceso tramita en Nueva York. 

Según Niven, esto “principalmente tiene su razón de ser en la falta de credibilidad de la justicia argentina, creo que justamente las empresas internacionales descreen de nuestra Justicia, y eso es una responsabilidad nuestra, hacerla creíble, es algo totalmente necesario y hace a que un país funcione en sus instituciones Creo que esto es nuestra responsabilidad en la medida que nosotros podamos esgrimir una Justicia que funcione correctamente, las empresas extranjeras no van a tener inconvenientes en firmar estos acuerdos y que se resuelvan los diferendos en nuestro país”.

También fue consultado acerca de si se lograron consensos o acuerdos antes de la presentación, a lo que el diputado respondió que, según su parecer, “no hay razón para oponerse a esto, es una demanda clara de los ciudadanos. Ya existe esta ley nacional y la Provincia tiene que adecuar su legislación penal para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción”.