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Explican los beneficios de la baja de imputabilidad a 15 años

El jurista Carlos Aguinaga, funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación, aseguró que el proyecto es una buena medida que apunta no solo a la edad de quien comete un delito, sino también permitir que la Justicia intervenga rápidamente cuando se comete.El objetivo es evitar que el chico crea que es normal  su accionar y que no pasa nada cuando es protagonista de un hecho delictivo

28 de febrero, 2019 - 07:57

Acontecimientos sucedidos en diferentes puntos del país reavivan el álgido debate de bajar la edad de los menores que cometen delitos. Por eso, el Gobierno nacional, por medio del Ministerio de Justicia, agiliza el tratamiento parlamentario de un proyecto de ley que es fuertemente resistido por organismos de Niñez y Derechos Humanos.

Al respecto, recientemente la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresaba en la provincia de Neuquén que “el sentido conceptual de este proyecto es que cada adolescente, incluso cada chico, más aún un niño, que cometa un delito, una infracción o algo que está contemplado en nuestras leyes como un delito. Él tiene que saber que el que comete un delito tiene consecuencias, algo que hasta los 15 años y para los delitos leves la consecuencia no va a ser penal”.

Se busca que la justicia intervenga de manera rápida.

Los dichos de la funcionaria nacional en el Sur del país hizo que, por ejemplo, en nuestra provincia, entidades como el Colectivo en Lucha por Les Pibxs (CELPI Mendoza) y otras entidades respondieran que “sumando al recorrido de establecimientos carcelarios y territorios altamente vulnerables de nuestra provincia, nos oponemos firmemente a dicho proyecto”. “Nuestros pibes mendocinos son parte de ese 48% de niños y jóvenes del país son pobres, según refiere UNICEF Argentina. Esto quiere decir que hay más de 6 millones de niños que habitan hogares sin agua potable, con precarias viviendas, se alimentan de basurales y sus progenitores son desocupados o changarines con escasas remuneraciones, que hace imposible algún tipo de proyección”.

A la oposición del proyecto de ley, los autores de la iniciativa aseguran, “el Ministerio de Justicia de la Nación viene elaborando este proyecto desde hace dos años, con el aporte de todas las provincias argentinas y de los países de la región. Uno de esos aportes es muy destacado porque proviene de la UNICEF Argentina, clara demostración que el proyecto tiene la aceptación de organismos internacionales que se ocupan de la problemática del menores en el ámbito jurídico y social”.

No se quiere criminalizar al menor, tampoco que crea que cometer un delito es normal

El detalle del polémico proyecto lo dio a El Ciudadano el jurista Carlos Aguinaga, funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación: “Sin duda es una buena medida que se quiere implementar y que está rodeada de un esquema mucho más integral. Esto significa que no solamente es bajar la edad de la imputabilidad, sino que es permitir, a través del nuevo sistema, que la Justicia intervenga inmediatamente, cuando un menor comete un hecho que es tipificado como delito. Esto no significa o no tiene la intención de criminalizar al menor, sino justamente evitar que ese menor crea que es normal y habitual que no pase nada cuando comete un hecho delictivo”.

El abogado mendocino Carlos Aguinaga.

A la observación sobre el sostenido crecimiento delictual de menores, Aguinaga reflexionó: “En ese sentido tiene que haber una intervención rápida del Estado para mostrarle que eso no es lo normal. Por eso, se busca bajar la imputabilidad para justamente lograr esa intervención integral del Estado buscando una solución del conflicto que no es precisamente la obtención de una pena. Se deben buscar medidas alternativas con mediaciones, en una Justicia restaurativa. En una palabra, el conflicto se puede solucionar sin necesidad de llegar a la pena”.

El estado debe intervenir para que el menor no caiga en carrera delictiva

Sobre los detalles del proyecto, el jurista dijo: “Dentro de esto que se propone y para que allí converjan una serie de medidas, lo primero que se debe hacer es bajar la imputabilidad para que el Estado pueda, a través del sistema judicial, intervenir. Si no pasa lo que hoy sucede, que como los menores no son imputables, en la mayoría de los casos, el juez no tiene otra opción que mandar al menor nuevamente a su casa. Por eso y, en la mayoría de las veces, no se logra hacerle notar a ese menor que está mal lo que está realizando. Para el menor irse a su casa significa que no pasó nada. Entonces la solución no es que se retire a su casa, la solución es que el Estado intervenga y que ayude para evitar que ese menor caiga en una carrera delictiva. Se tiene que tener en cuenta que la pena sea una herramienta más, pero no la última de todas esas herramientas que el Estado debe echar mano. Se debe abordar a ese menor con un grupo interdisciplinario que propone el proyecto que está impulsando el Ministerio de Justicia de la Nación”.

Las instalaciones del exCose.

Para Aguinaga, “es necesaria una ley nacional para bajar la edad de la imputabilidad en todo el país. De todas maneras, las provincias pueden hacer lo que aquí en Mendoza se viene haciendo desde algún tiempo: un abordaje integral cuando hay menores que cometen delito. Hay provincias en donde ni siquiera hay justicia de menores, ni organismos como es el exCose. Por eso, reitero que aquí en la provincia hay una Justicia de menores que está especializada, por consiguiente hay organismos públicos que se ocupan de los menores. Lo que se busca con un proyecto de ley nacional es darle más jerarquía y permitir que el abordaje sea más abarcativo”.