Reelección de intendentes: Fernando Simón apura a la Suprema Corte

Luego del decreto del Gobernador limitando las reelecciones de los intendentes, estos presentaron una medida cautelar para frenar su aplicación. Del tema se le había corrido traslado al fiscal de Estado, Fernando Simón, quien finalmente ayer se expidió al respecto, pidiéndole a la Suprema Corte resolver cuanto antes, diciendo taxativamente que debe hacerlo en forma urgente para evitar un daño irreparable.

Vale recordar que la reforma en cuestión es la del artículo 198 de la Ley 7.814, que había sido sancionada en su momento pero nunca se promulgó, hasta que lo hizo Cornejo con el decreto 2010 el 21 de noviembre del año pasado, zanjando una discusión sobre cómo se interpreta el texto, si es sobre el total del padrón o sobre el de los votos válidos, inclinándose el Ejecutivo por esta última postura.

Cuatro intendentes del Partido Justicialista, Emir Félix, Jorge Giménez, Martín Aveiro y Roberto Righi, impulsaron una medida cautelar impugnando el decreto. Quien ayer habló al respecto es uno de los abogados de los intendentes, José Luis Correa, señalando: “Iniciamos una acción de inconstitucionalidad, dijimos que el decreto 2010 por el que se promulgaba la ley y que había rechazado la enmienda porque  era inconstitucional, ya que el electorado había rechazado la enmienda que pretendía que se cambiara la palabra electoral por voto válido.

En esa ocasión en 2009, el electorado por 3 mil votos dijo que no se debía enmendar la elección. El Gobierno hizo caso a omiso a eso y promulgó la ley diciendo que la mayoría de los votos válidos habían sido favorables”, agregando: “Pedimos que se suspendiera la aplicación del 2010 y además pedimos que se autorizará a los cuatro intendentes a inscribirse para participar, no que lo hicieran nuevamente intendente, sino inscribirse para participar”. 

La postura del Gobierno ha sido que no hay ninguna razón para declarar inconstitucional el decreto 2010, a la vez que negó la legitimación de los intendentes para demandar. La resolución de la Fiscalía “resaltó la estrictez y prudencia que la jurisprudencia exige a efectos del otorgamiento de una medida cautelar, debiendo a tal fin analizar si la demora hasta el dictado de la sentencia de fondo puede generar un daño irreparable a los peticionantes", párrafo que da a entender que los legitima como tales, una de las calidades que la posición del gobierno desconoce. 

El daño sería por la cercanía del proceso electoral en los municipios que dirigen los intendentes que presentaron la medida cautelar, dando a entender que la promulgación tan cercana en el tiempo a los comicios afectaría la postulación a una nueva reelección.

Entre los precedentes citados por Simón aparece el fallo de la Sala 1 de la Corte en 1989 que consideró que el término ‘electores' utilizado por nuestra Constitución provincial era equivalente el término ‘empadronados', postura contraria a la que sostiene el cornejismo.