Viene un año legislativo con fuerte discusión sobre la minería

Todavía no llega el proyecto mejorado de autoría del gobernador electo Rodolfo Suarez y su entorno de asesores para modificar la ley, y ya hay exposiciones públicas de legisladores de diferentes bloques.

En la mayoría de las afirmaciones legislativas, tanto senadores como diputados coinciden en que hay que meter mano en la ley si se quiere instalar en Mendoza la producción minera metalífera. 

La excepción es la incólume postura que tiene el diputado Jorge Difonso (FR-FCM), quien asegura que “el instrumento jurídico, no prohíbe hacer minería, asegura que la tierra y el agua mendocina no sean contaminadas con sustancias tóxicas como el cianuro. Además de considerar que la matriz productiva no se la hace crecer con extractivismo contaminante”.

No se sabe si hay otros legisladores que piensan como el exintendente de San Carlos, sobre todo entre los que se han llamado a silencio esperando ver qué pasa. Estos últimos también piensan en los vecinos y productores de los oasis productivos de donde provienen y el pensamiento generalizado de esos sitios que no quieren tocar la 7.722.

De todas maneras el debate ya se instaló y los nuevos legisladores van preparados a darlo, como el flamante diputado demócrata Guillermo Mosso, quien le expresó a nuestro diario: “Quiero trabajar en el tema del empleo, promover nuevas actividades económicas –como las economías del conocimiento–, recuperar actividades como la hidrocarburífera y, sobre todo, la minera. De esto último resalto que Mendoza ya ha dado su debate. Al respecto, el gobernador electo Rodolfo Suarez ganó con el 50% expresando claramente lo que hará con la minería. La misma postura que tuvo en campaña su principal oponente político, Anabel Fernández Sagasti, lo que implica un plafón político para avanzar en este tema y mejorar la matriz productiva de Mendoza”.

El PJ espera que llegue el proyecto para estudiarlo

Hace pocas semanas, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti estuvo reunida con el gobernador electo en el primer acercamiento entre el oficialismo y la oposición. El eje del diálogo tuvo dos puntos sobresalientes, el Presupuesto 2020 y las modificaciones a la Ley 7.722.

Para obtener más detalles, El Ciudadano entrevistó brevemente al presidente del bloque de senadores del PJ, Lucas Ilardo, quien explicó que “Suarez se reunió con Anabel Fernández Sagasti y le transmitió su intención de debatir la modificación de la Ley 7.722. En ese marco, la senadora nacional le solicitó que enviara el proyecto a la Legislatura. Pensamos que ello ocurrirá cuando asuma Suarez y una vez que esté ese proyecto, el peronismo dará sus aportes y sus visiones”.

Al preguntarle si están dispuestos a modificar la ley, el legislador aseguró: “No deben caber dudas que dentro del justicialismo mendocino siempre hay un espacio de participación. En este caso, más que nunca con quienes tengan interés de aportar y discutir la matriz productiva de Mendoza. Algo que garantizamos en nuestro partido de que sea así”.

“La ley evitó que hubiera contaminación”

Quien también habló con nuestro diario fue el diputado Jorge Difonso (FR-FCM), quien expresó: “Nosotros sobre esa ley y el control a la megaminería metalífera tenemos una posición histórica, que arranca hace 15 años con la sanción de la 7.722 y nos tiene como coautores. Además hemos participado en todos los procesos desde que fue aprobada, con las más de diez denuncias de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Allí un fallo plenario unánime la declaró constitucional”.

“Se tiene que tener en cuenta que esta ley controla la minería, no la prohíbe. Ella especifica sobre el tratamiento de algunos químicos como el cianuro que es altamente contaminante para el agua. Por eso, al contar con esta ley en la provincia, se evitó que tuviéramos graves contaminaciones en nuestros cauces, como lamentablemente ocurrió en Jachal (San Juan)”, razonó.

“Además, la profundización del cuadro de sequía que padece la provincia desde hace diez años pareciera que se prolongaría. Entonces, esto amerita sumo cuidado con el recursos hídrico, con su correcta administración”, agregó Difonso.

Consultado sobre qué hacer ante esta situación, respondió: “Me parece que hay que ocuparse y preocuparse en el análisis de todas las eventuales alternativas. Estamos dispuestos a discutir, pero aclaramos que cualquier modificación ambiental debe tender a reforzar controles y a un Estado más presente en el control de este tipo de actividades”.

En otro tramo advirtió: “Vamos a plantear nuestros argumentos en el recinto. Me animo a decir que es similar la actitud que deberán tener diputados y senadores en esa evaluación, muy necesaria antes de emitir su voto. No se debe olvidar que representamos a mucha gente (vecinos y productores) que no quieren que se modifique la ley. Esas posturas se basan en sobrados argumentos que no pueden ser desatendidos por los que quieren modificar la 7.722”.

Finalmente expresó: “Escuchamos sobre cambios en la matriz productiva, como un relato que se ha modificado. Creemos que modificarla es agregarle valor a los productos primarios. Si en cambio se habla de ampliar la matriz productiva para pasar a un sistema extractivista, no le veo dónde está el cambio”.

Incidencia en la economía 

Un panorama parcial de la importancia de la minería en Mendoza se observa en un fragmento de la columna de Giuliana Frecentese publicada en el portal de opinión Integración Nacional con una fuerte crítica a los gobiernos provincial y nacional.

Allí se expresa que la producción minera en Mendoza representa el 0,5% del total argentino y solo el 0,2% del PBG provincial, que cuenta con yacimientos conocidos de oro, cobre, uranio, plomo, plata y zinc, entre otros.

Fuentes privadas estiman que el potencial geológico de la provincia es elevado en el caso del cobre, debido a que la zona de exploración de Papagallos tiene similares características geológicas que la región de la mina El Teniente en Chile, el yacimiento con explotación subterránea más grande del mundo. El valor potencial de la explotación provincial, podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares.

Esto se torna esencial en una provincia que mantiene un matriz productiva poco diversificada, dedicada a servicios y /o extracción de materias primas agrarias.

Sin embargo, un relevamiento de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) postula que hay 20 proyectos paralizados, algunos de ellos en etapa de desarrollo o factibilizados y otros en fase de exploración.

El análisis atribuye al estancamiento de algunos proyectos a la ausencia del Estado provincial en la planificación de la explotación de los yacimientos. Actualmente, seis de las ocho provincias mineras parten de la OFEMI, que propiciaron empresas estatales para explotar de forma mixta –con privados– los recursos, ya que el Estado en sí mismo no lo puede hacer por ley.