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El Senado trata la derogación de la Ley 9.209

Así lo comunicó el viernes pasado el gobernador Rodolfo Suarez. A las 9 se tratará en la Cámara Alta

Por Redacción

30 de diciembre, 2019 - 11:23

Casi sobre el fin de 2019 parece que el durísimo conflicto por las leyes de regulación minera llegaría a su fin. Hoy sesionarán ambas cámaras de la Legislatura para derogar la Ley 9.209, una de las de más corta vida en la historia legislativa.

Atentos a la inesperada magnitud de la protesta social contra la modificación de la Ley 7.722, los senadores y diputados se volverán a sentar en sus bancas para tratar, y seguramente aprobar, el pedido del Poder Ejecutivo de deja sin efecto una norma legal que fue sancionada y promulgada el viernes 20. Así, las cosas volverán al estadio anterior con la prohibición taxativa del uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros elementos tóxicos.

Tal como dijo Suarez, él es el garante de la paz social y decidió no continuar con una ley que, según sus palabras, es legal pero no legítima.

Sin embargo las organizaciones ambientalistas y grupos de ciudadanos siguen expresándose en las redes y en los medios sobre la desconfianza que les inspira el paso atrás del gobernador y las actitudes ambiguas de la oposición, que, de un voto favorable a la reforma, viraron al cuestionamiento de la misma dejando solo al impulsor de la iniciativa que se creía con el suficiente apoyo político.

No se podrá decir que aquí nada pasó y todo sigue como antes porque los miles de reclamantes no bajarán la guardia. Mientras tanto en Malargüe la esperanza de lo que allá esperaban como un salto cualitativo con el desarrollo minero, ha quedado frustrada hasta que las decisiones políticas tomen otro curso.

También cabe esperar la reacción de los consorcios mineros que ya tenían en carpeta proyectos de cateo, exploración y posible desarrollo de emprendimiento mineros.

El argumento esgrimido por Suarez de que la explotación minera en Mendoza iba a inducir a la creación de miles de empleos para reducir el 40% de pobreza no fue convincente. Prevaleció el temor a que los mendocinos perdieran la calidad de un agua que por ahora no cuidan.