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La Legislatura de Mendoza derogó la ley minera y restituyó la 7.722

Con acuerdo de los legisladores de ambas cámaras se avanzó con el pedido del Poder Ejecutivo de la provincia

Por Redacción

La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza dio sanción definitiva a la derogación de la Ley 9.209 que regulaba la explotación minera con uso de cianuro. De esta manera, quedó en plena vigencia la norma anterior, la Ley 7.722.

Con votos 43 a favor, 4 votos en contra y una abstención, la cámara baja fue en línea del escrito enviado por el Poder Ejecutivo provincial "es deber de las autoridades adoptar todas las medidas necesarias tendientes a conservar la paz social".

Los diputados que votaron en contra de la derogación de la Ley 9.209 fueron Gustavo Cairo, Hebe Casado, Guillermo Mosso y Josefina Canale

Antes había sido el turno de los senadores de dar luz verde al pedido del gobernador Rodolfo Suarez y lo aprobó por 34 votos a favor y 2 en contra.

Diputados votaron en la Legislatura - Foto Delfo Rodríguez

Antes había sido el turno de los senadores de dar luz verde al pedido del gobernador Rodolfo Suarez y lo aprobó por 34 votos a favor y 2 en contra.

El vicegobernador Mario Abed indicó en las salas contiguas a la de sesiones de la Legislatura que "hoy se deja en plena vigencia la 7722". "Hemos escuchado y junto con el gobernador estuvimos en distintas reuniones con los distintos actores sociales que pretendía la derogación de esta ley".

De esta manera se vuelve al estadio anterior con la prohibición taxativa del uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otros elementos tóxicos.

Tal como dijo Suarez, él es el garante de la paz social y decidió no continuar con una ley que, según sus palabras, es legal pero no legítima.

La alegría estalló en las calles - Foto Delfo Rodríguez

Mientras en las afueras de la Legislatura, cientos de ciudadanos festejaron la restitución y plena vigencia de la Ley 7.722 en todo el territorio provincial.

El argumento esgrimido por Suarez de que la explotación minera en Mendoza iba a inducir a la creación de miles de empleos para reducir el 40% de pobreza no fue convincente. Prevaleció el temor a que los mendocinos perdieran la calidad de un agua que por ahora no cuidan.