Megaminería: el problema no es el cianuro, tampoco el agua

Como suele suceder a veces, la furia de los mansos puede ser terrible. Sucedió en los episodios del 'Mendozazo', una protesta social ocurrida entre el 4 y el 7 de abril de 1972 en Mendoza, con motivo del aumento de las tarifas de luz.

Recientemente, algo parecido tuvo lugar, también en Mendoza, pero como una protesta contra la minería que habilita al uso del cianuro, la que hasta hace poco estaba prohibida por una ley provincial.

Los argumentos de uno y de otro lado han llegado a extremos contradictorios, pero no opuestos.

Por un lado, los ambientalistas que están a favor de mantener la prohibición, han apelado a todo tipo de argumentos, aunque los que más se han destacado son los de una descalificación total, no solo de la actividad, sino también del Gobierno provincial y de las entidades y personas que la apoyan.

No se han detenido solo en afirmar que la minería representa un grave peligro ambiental. Han enfatizado que agravaría un endémico problema que sufre la provincia de Mendoza, cual es la creciente escasez de agua.

Por el otro lado, los defensores de la actividad extractiva han acudido a argumentos técnicos para garantizar la seguridad de los procesos extractivos mineros y a la necesidad de cambiar a la matriz productiva de la alicaída economía provincial.

Sea como sea, creemos que ambas posturas, al margen de tener algo de cierto, yerran al no tener en cuenta una cuestión de fondo, cual es el contexto geopolítico en el que tiene lugar esta actividad.

Lo primero es reconocer que la minería es una actividad económica primaria, probablemente una de las más antiguas de la humanidad y que es básica para cualquier desarrollo industrial.

Lo segundo, es admitir que, actualmente, la industria minera se encuentra globalizada en manos de unas pocas corporaciones multinacionales y, en algunos casos, de empresas estatales.

Lo tercero, que ha sido necesario para los gobiernos de los anfitriones de tales actividades, generar una serie de políticas para el cuidado del medioambiente y para evitar la sobre explotación.

Llegado a este punto, es lícito preguntarse qué hacer, ya que ambas posturas, como dijimos, parecen tener parte o algo de razón.

De entrada, hay que empezar por reconocer que existe una asimetría entre los grandes recursos financieros y los amplios conocimientos técnicos de las potenciales compañías multinacioanles que se harían cargo de la explotación minera en relación a un Gobierno provincial necesitado, desesperadamente, de ingresos fiscales y con pocos profesionales formados en el tema minero al servicio del Estado.

Salvando las distancias y a los efectos de ejemplificar, se pueden citar los casos no muy diferentes a las situaciones que terminaron arruinando a países africanos, donde las concesiones mineras causaron daños irreparables no sólo al medio ambiente, sino también, al sistema político. Pues, como sugiere Joseph Conrad, muchas veces “lo meramente racional falla”.

En este sentido, hay que partir de la base que el artículo 124 de la Constitución Nacional, modificada en 1994, que le otorga el manejo del subsuelo a las provincias. Por lo que las mismas están autorizadas a: “...celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación...”.

Creemos que este es el quid de la cuestión. En nuestra opinión, las provincias carecen de la simetría de poder necesaria para celebrar tales convenios internacionales en condiciones de razonable igualdad.

Nuestra historia nos muestra que a partir del descubrimiento del petróleo, a principios del Siglo XX, se fue elaborando una política energética llevada adelante por la empres estatal YPF y caracterizada por la nacionalización de la explotación de los hidrocarburos, que quedó consagrada gracias al artículo 40 de la Constitución de 1949.

Por esos años, YPF llegó a aumentar en un 50% la producción de petróleo, que alcanzó el autoabastecimiento, en el marco de una política industrial desarrollista con el fin de promover la industrialización del país.

También, dicho sea de paso, se alentó el ingreso del capital industrial extranjero, con el objetivo de incrementar y mejorar la producción de petróleo y sus subproductos.

Lo que vino después es historia conocida. Una contradictoria puja de intereses que llevó a absurdos procesos privatizadores y/o estatizantes que nos legaron la actual crisis del sector con la pérdida del denominado autoabastecimiento.

En forma análoga, creemos que lo que necesitamos hoy en una verdadera política de Estado que nos permita no solo una explotación rentable de nuestros recursos mineros, sino también una que sea segura para el medio ambiente y que logre ser sustentable a largo plazo.

A los efectos, sostenemos que hay que volver a recrear los instrumentos, como la YPF estatal de la década de 1940, que nos permitieron una explotación racional y nacional de nuestros recursos.

Solo una empresa de esa magnitud estará en condiciones de generar los recursos, especialmente los técnico-profesionales, que nos permitan no solo controlar la actividad minera, sino incluso una sana interacción con las corporaciones mineras internacionales que fueran autorizadas a desarrollar explotaciones mineras en el país.

Seguramente habrá voces que se alzarán en contra de lo que ellos denominan “estatismo”, y que abogarán no sólo por la total autonomía provincial, incluso por la transferencia definitiva de estos derechos a los superficiarios y a la absoluta vigencia de la propiedad privada.

Creemos que la actual situación no sólo no conduce a una salida que pueda ser políticamente apta, pues tampoco lleva a una condición económicamente factible y, lo más importante, no a un sustento ambientalmente aceptable.