Persiste la discusión por el límite de imputabilidad de los menores

Si bien han transcurrido diez días del asesinato de un chico en el populoso barrio La Gloria (Godoy Cruz) en manos de otro menor, la sociedad mendocina contiene con el dolor de la familia que perdió a su hijo ese gran interrogante, qué hacer con el menor que produjo el hecho.

La crónica policial detalla que en horas del mediodía Cristian Ávila fue ejecutado al bajarse de un colectivo de línea por dos sujetos, uno de ellos un menor, cuya edad apenas alcanza los 14 años, en un intento de robo de su celular.

Inmediatamente toda la sociedad volvió sobre el tema de bajar la imputabilidad de un menor que comete un delito. Mucho más cuando ese menor produjo la muerte de otro ser y no puede ser procesado, ni juzgado. La indignación es generalizada de solo saber que ese ser cometió un hecho grave y no se lo puede tocar, literalmente hablando.

El exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano presentó en su momento un proyecto de ley para ser debatido por el Congreso de la Nación, todo un tema, que como otros, se envuelven más en lineamientos ideológicos que en la sensatez de una sociedad que debe resolver graves lesiones de su vivir como nación. Solo termina sucumbiendo en estériles debates que no dan un ápice de respuestas de crecimiento institucional y de esa respuesta que merecen los ciudadanos, fundamentalmente sus hijos. Este asunto emblemático, es ese contundente ejemplo.

Por eso, para que la cuestión se mantenga latente y en algún momento desde las instituciones del estado se la resuelva, El Ciudadano mantuvo breve diálogo con el abogado mendocino Carlos Aguinaga, quien integró el equipo de asesores jurídicos de Garavano, quien en primera instancia dijo: “Es un tema que se renueva cuando aparece algún hecho que conmociona. Creo que lo que deberíamos intentar es que se aplique un régimen penal juvenil, ausente en todo el país”.

El preguntarle por qué parámetros, amplió su respuesta: “Es una cuestión que debe tener un abordaje integral de la problemática de los menores, donde uno de los ejes es el tema de la edad de la imputabilidad, algo que no sea lo único, que contenga medidas mucho más amplias y contenedoras de lo que es hasta ahora el sistema cuando un menor comete un hecho delictual”.

Organismos que aborden la problemática del menor marginado

El especialista del fuero penal asegura: “Debe entenderse y asumirse que eso del abordaje integral que hasta ahora no se ha resuelto y solamente se habla de ello cuando ocurre un hecho grave. Muchos sectores del Derecho Penal sostenemos que las soluciones pasan por ese abordaje anticipado donde intervengan diferentes actores sociales, educativos, familiares y judiciales que rodean a los menores”.

“A veces se generan debates que no son los centrales y se buscan más las diferencias que hay en las propuestas que se hacen, que en lo positivo que podría ser integralmente el tema”, agregó. 

“Insisto que si acá se logra un régimen penal juvenil, que garantice los derechos de los menores, donde además los coloque en situación de poder responder cuando conocen lo que están haciendo, mucho más cuando entienden y descifran que están cometiendo un hecho delictivo y ahí puede intervenir la Justicia Penal. Será entonces una forma de poner un límite”, consideró.

Cuando nuestro diario le observó la molestia social que queda tras un hecho de tamaña gravedad, y el menor involucrado no recibe proceso y condena judicial, confesó: “Es cierto y es como que estalla la gente ante un hecho de estas características, donde ve que se apagó la vida de un hijo, con responsabilidad directa de otro chico de la misma edad. Por eso digo que lamentablemente el sistema que tenemos hoy garantiza la impunidad, porque presume que este último menor desconoce lo que hace, cuando todos sabemos que con la edad que tienen, en muchos o en la mayoría de los casos, saben muy bien lo que están haciendo”.