¿Por qué negarle al mendocino que diga qué hacer con la ley 7.722?
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¿Por qué negarle al mendocino que diga qué hacer con la ley 7.722?

A diferencia de otros momentos donde se fue sobre la ley,hoy se nota una poderosa presencia de empresarios e industriales, que junto a empresas mineras conforman un bloque que presiona para que se traten en el Senado dos proyectos que terminarían con los efectos legales de la 7.722.

La última embestida que no pudo tocar la Ley provincial 7.722 dejó ecos que no acallaron la fuerza de quererla sacar del camino para que penetre en Mendoza la millonaria inversión minera, que dicen, está destinada a 19 proyectos para extraer oro, plata y cobre, entre otros metales.

Si bien el instrumento jurídico que lleva 12 años de vigencia no prohíbe la explotación minera metalífera, su efecto en dos letales artículos bloquean cualquier posibilidad de utilizar elementos químicos para una rápida extracción de minerales pesados por el método de lixiviación.

Es ahí donde se centra todo el problema, y de allí las intensas gestiones que lleva adelante el empresariado local ante altos estamentos políticos para debilitar la ley en los artículos 1° y 3°. El primero se refiere a los químicos altamente contaminantes y  el segundo le otorga potencial potestad al Poder Legislativo para convocar a audiencias públicas.

Hoy, a diferencia de otros momentos donde se fue sobre la ley, se nota una poderosa presencia de ejecutivos, empresarios e industriales, que junto a empresas mineras conforman un bloque compacto que presiona y presiona para que se traten en el Senado dos proyectos que terminarían con los efectos legales de la 7.722.

Todos ellos han visto que este es el momento. Algo que no se había presentado hasta ahora, quizá porque las señales desde el futuro gobierno provincial son claras y precisas: modificar la ley. Tal es el compromiso del gobernador electo Rodolfo Suarez.

La cosa se cierra con una oposición que se muestra cada vez más proclive a acompañar el objetivo final.

El escenario tiene el otro sector, compuesto por productores agropecuarios, vecinos y asambleas ambientalistas y por el agua, que no quieren que se toque la ley.

Esgrimen como presea dorada el marco jurídico que la respalda con la declaración de constitucional que la Suprema Corte de Justicia dictó.

En el medio de todo este asunto, que por lo visto está por librar la batalla de las batallas legales, productivas, políticas y sociales de este Estado provincial cuyano, aparece la iniciativa de convocar a todos los mendocinos para una consulta popular vinculante.

El punto fue puesto sobre la mesa de la fuerte cinchada por el senador Marcelo Romano. El legislador ya hizo público el proyecto y lo trató personalmente con el futuro primer mandatario y con otros sectores políticos.

La idea paralizó a todos los que propician la modificación de la 7.722 y al oficialismo, que pensaba lograr los dos tercios que necesita el Senado para tratar sobre tablas los proyectos de los exsenadores Alejandro Abraham y Juan Antonio Agülles.

El primero para que se desarticule la ley y el segundo para crear parques mineros en toda la provincia. Pero, además, entusiasmó algunos sectores que protegen la ley porque ellos dicen que el mendocino no quiere minería en su tierra y una votación sería lapidaria para terminar con este tema.

El entorno de Rodolfo Suarez respondió en primera instancia que el plebiscito propuesto es innecesario, porque sería costoso y porque la gente en un 52% ya apoyó la propuesta de campaña del gobernador electo de modificar la ley y hacer minería en Mendoza.

Algo que, desde muchos sectores consideran que es una chicana, porque el electorado votó en un clima de deterioro económico del país y una buena gestión de Alfredo Cornejo.

Todo un combo de puntos de buen manejo de las cuentas públicas, obras e institucionalidad, que no se había dado, dicen, en los gobiernos anteriores. Por lo que la minería, no fue una propuesta prioritaria.

El medo del oficialismo a un posible pronunciamiento ciudadano coincide con los temores de algunos sectores que defienden la ley.

Temores cruzados de ambos, ante la lógica de la posibilidad que la gente no respalde lo que cada uno cree que debe hacerse con la ley, fundamentalmente conocer cómo se protegerá el agua.

Al respecto de todo esto y cuando los observadores de lo que sucede en Mendoza conocieron que asesores encabezados por Suarez están preparando un tercer proyecto o iniciativa propia de modificar la 7.722, no son pocos los que están convencidos que el sufragio de la gente zanjaría definitivamente el tema.

Sería lo más democrático y lo que correspondería. Esto último por lo que implica la razón de ser del mismo Estado mendocino, con su tierra, viento, agua y la vida vegetal, animal y humana que lo habita.

El tema no es fácil de resolver por los poderosos objetivos políticos y millonarios intereses que encierra. Con el nada despreciable argumento de lo que implicaría para la provincia la fuerte inyección de inversiones y la creación de fuentes de trabajo.

Sería el resurgimiento de las pymes con el 'compre provincial' que implicaría la minería. Lo contrapuesto son los lógicos temores de una gran porción de la comunidad mendocina que maneja otro tipo de información de lo que ha implicado la minería en otras provincias como San Juan, La Rioja o Catamarca.

Donde las inversiones solo fueron para obtener millonarios réditos en dólares que salieron del país y dejar, como herencia, un delicado pasivo ambiental contaminado sobre cursos de agua y napas subterráneas.

Incluso con datos de organismos de medición oficial que indican, por ejemplo, que San Juan sigue manteniendo altos índice de pobreza y desocupación de Cuyo.

Sin lugar a dudas transcurren días cruciales para saber qué sucederá con un tema que no resiste mayor dilación. Ni para los que empujan la explotación minera metalífera para quienes se abroquelan en defensa de ese elemento vital para la vida de la provincia, el agua.

Por lo que la pregunta cabe con la lógica del momento que se vive: ¿por qué negarle al mendocino que diga qué hacer con la Ley 7.722?

interrogante que nace, más allá del autor de la idea, de la razón misma de la democracia, ejerciendo un derecho constitucional a expedirse por medio del voto.

Del mismo modo que tendrá que hacer el mendocino cuando decida sobre su Constitución, por la posibilidad cierta de reformarla.

Sería histórico el pronunciamiento generalizado de la gente que habita Mendoza. 

Por las consecuencias que ello traería y porque cerraría definitivamente este capítulo que tiende más a separar que unir a los mendocinos.

Todos quienes viven en la provincia deberán acatar, como indica todo acto democrático, lo que las urnas expresen.

Sin más, con sensatez y lejos de especulaciones sectarias y mezquinas.

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¿Por qué negarle al mendocino que diga qué hacer con la ley 7.722?

A diferencia de otros momentos donde se fue sobre la ley,hoy se nota una poderosa presencia de empresarios e industriales, que junto a empresas mineras conforman un bloque que presiona para que se traten en el Senado dos proyectos que terminarían con los efectos legales de la 7.722.

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