El proyecto Hierro Indio fue aprobado en la Legislatura

Con fuertes exposiciones de diferentes legisladores, la Cámara alta provincial transformó en ley la reactivación de la mina ubicada en el extremo Sur de la provincia. El proyecto recibió 30 votos a favor, uno en contra (Lautaro Giménez –FIT) y cuatro abstenciones de los senadores justicialistas Patricia Fadel, Marcela Lacoste y Luis Böhm, y de Víctor Da Vila, de la izquierda.

La discutida sesión fue observada desde adentro y desde afuera. En el recinto se lo vio al secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, además de empresarios industriales y mineros. Afuera, docentes universitarios, vecinos, ambientalistas e integrantes de asambleas por el agua. 

Todos tuvieron la absoluta certeza de que la aprobación de esta ley se convirtió en la punta de lanza para hacer aterrizar en Mendoza la explotación minera metalífera. 

La semana pasada, El Ciudadano expresaba que “para muchos es propicio el momento político, social y económico de la Argentina en general, y de la provincia en particular, para una nueva andanada de acciones que desbloqueen el bastión inexpugnable que implica la Ley 7.722”. 

Agregábamos que “el proyecto minero de Hierro Indio podría ser la puerta que se abra al objetivo de diferentes sectores económicos, financieros y empresarios. Dicen desde éstos que ‘Hierro Indio invertirá en la primera etapa US$ 2 millones y dará cabida a un puñado de fuentes de trabajo. Mientras que la minera San Jorge tiene prevista una inversión de US$ 600 millones y unos 3.000 puestos de trabajo’”.

Por otro lado, y analizando a los observadores locales, también afirmábamos que “otros temas que podrían ser desempolvados en ámbitos legislativos son dos proyectos de ley que este año fueron muy debatidos en sucesivas y polémicas audiencias públicas: los proyectos de modificaciones de la Ley 7.722 del senador Alejandro Abraham (PJ-UC) y la de creación de parques mineros del senador Juan Antonio Agülles”. 

La aprobación de Hierro Indio muestra que el camino es ese, aunque no se sepa de qué manera finalmente se torcerá la denominada “ley antiminera”. 

Quizá valga entender las expresiones de satisfacción de la senadora Silvina Camiolo (PJ), oriunda de Malargüe, quien expresó: “Es una nueva oportunidad de demostrarle a toda la provincia que se puede hacer minería con responsabilidad en exploración y explotación. Mendoza, en ese sentido, tiene diversos recursos que pueden explotarse de manera responsable. Esta es una oportunidad única y debemos estar a la altura del momento”.

A la hora de detallar los perjuicios que las trabas legales impusieron al departamento sureño, la legisladora aseguró que “Malargüe tiene todo para explotación minera y petrolera. En los últimos años, en la Legislatura solo se ha puesto trabas para que esas actividades se puedan concretar”.

“Por eso se vio acotada la producción del departamento y producto de ello tenemos uno de los índices más altos de desocupación, sobre todo de muchos jóvenes. Mientras, Malargüe tiene una de las escuelas técnicas mineras más importante de todo el país y sus egresados no tienen dónde desempeñar su profesión”, agregó.

“Se ha iniciado el camino para destruir la Ley 7.722”

Por su parte, quienes no están de acuerdo con la instalación de la minería en la provincia mostraron caras de mucha preocupación.

Uno de ellos es el médico Guillermo Martínez Agüero, quien dijo que “Hierro Indio no se hizo con todos los recaudos que merece esa ley, ya que se trata parcialmente a la exploración, mientras que nuestra visión es total: exploración, explotación y la parte industrial. Además, la audiencia pública para su reactivación no se llevó a cabo como correspondía, fundamentalmente porque se coartó la posibilidad que la ciudadanía se expresara libremente”.

En tanto, la docente universitaria Nora Moyano apuntó: “Nosotros logramos que la Suprema Corte de Justicia declarara por unanimidad la constitucionalidad de la Ley 7.722. Para nosotros, la Justicia mendocina ya se expidió, pero la megaminería y un cierto número de políticos siguen acechando sobre nuestros bienes comunes, nuestro territorio y sobre las leyes”.

Finalmente, reflexionó: “Por eso nosotros pensamos en otro tipo de medidas contra esta nueva embestida sobre la Ley 7.722, que sean mucho más sustantivas para que entiendan el valor del agua de nuestra tierra y de nuestro medio ambiente. Por eso creo que vamos a tener que llegar a otro tipo de acciones”. 

“La gente tiene que saber (sobre el tema) para entender ante qué y quiénes estamos. En Inglaterra está suspendida la utilización del método no tradicional de extracción de petróleo y gas, denominado fracking. Sin embargo, capitales oriundos de ese país, aquí invierten para que se aplique la fractura hidráulica. Lamentablemente, nosotros los ‘sudacas’ somos los conejillos de Indias de las corporaciones industriales que provienen de países del primer mundo”, expresó.

Las generaciones del futuro y las que no tienen trabajo

El senador y exintendente de Malargüe por el justicialismo Juan Agulles explicó a CNN Radio Mendoza que “la prioridad es pensar también en las generaciones presentes que no tienen trabajo”.

En ese sentido, el legislador remarcó: “Es un proyecto que tuvo su intento de aprobación para empezar a explorar la posibilidad de explotar hierro en este yacimiento de Malargüe en 2014 y no se llegó a buen término.

“Hoy, dadas otras condiciones, hay más claridad con respecto al tema del glaciar, porque ya tenemos inventario, tenemos un ordenamiento territorial del subsuelo donde cada municipio expresó lo que quería realizar en su territorio, y todo este tipo de leyes y los distintos consensos se fueron construyendo a partir de este nuevo escenario, y también la situación económica que atraviesa la provincia y el país, sería la posibilidad de avanzar con este proyecto".

“Se reformuló la declaración de impacto ambiental, se hicieron las audiencias públicas correspondientes y se llegó a una aprobación para permitirle a la empresa que explore y certifique si tiene factibilidad económica el proyecto y se pueda constituir finalmente en una mina que empiece a producir el hierro que hoy el país está importando. Esto también beneficiaría la balanza comercial porque vamos a sustituir importaciones y daría posibilidad de trabajo y puestos genuinos”, explicó.

—Si uno mira el resultado electoral, la mayoría de la sociedad apoyó fuerzas que proponen el desarrollo minero en sus bases de desarrollo. ¿Queda algún resquicio para aquellos sectores que se oponen a la minería invocando la 7.722, de que puede haber alguna acción de amparo o algo así que frene nuevamente toda esta iniciativa?

—En este proyecto diría que es casi imposible, porque el proyecto se ha aprobado dentro del marco de la 7.722. O sea, en la declaración de impacto ambiental la empresa demostró que no usa ningún tipo de sustancia química que prohíbe la ley. Otro conflicto que tiene esa norma, que es que cada declaración de impacto ambiental tiene que ser aprobada por la Legislatura, ya la aprobó Diputados por amplia mayoría y Senadores hoy (por ayer). O sea, se ha cumplido con la legislación vigente.

Ahora hay que avanzar con este proyecto que puede llegar a entrar en conflicto con la 7.722, pero tenemos que avanzar en el sentido de que ya la sociedad también ha madurado y las leyes que se han formado en estos últimos años ya se consiguieron. Entonces, ya está bien definido dónde se puede hacer y dónde no. Ya es una cuestión de la autodeterminación de los pueblos con el ordenamiento territorial de cada municipio. Se respeta lo que piensan algunos departamentos de que no quieren hacer minería y no se hará minería. Pero los que sí decidimos, como Malargüe, desarrollar nuestro territorio porque es la posibilidad que tenemos, podremos avanzar en este sentido.

Seguridad jurídica

—Cualquiera que venga a Mendoza a invertir en un proyecto minero, obviamente pedirá una seguridad jurídica que hasta el momento no la tenía...

—Justamente es lo que estamos intentando, dar una seguridad jurídica. Seguiremos trabajando en los proyectos que están presentados desde el año pasado que promueven modificar estas inequidades y desigualdades que señala la 7.722, para poder abrirles también a otros proyectos mineros, que es distinto al caso de Hierro Indio, porque no usa sustancias químicas, ya que se hace con los métodos extractivos que son mecánicos, magnéticos y no utilizan tampoco agua.

En cuanto a la posible y futura contaminación, Agulles indicó: “Coincido en que tenemos que pensar en las generaciones futuras. Pero la prioridad es pensar también en las generaciones presentes que no tienen trabajo. Y lo otro, rescatar que los dos accidentes que tuvo San Juan con respecto a derrame después las auditorías realizadas determinaron que no hubo contaminación. Entonces, las empresas fueron multadas por los errores que cometieron y provocaron los accidentes pero no hubo contaminación. Eso hay que rescatar”.

Ante la consulta sobre si en esos casos las aguas de los cauces nunca estuvieron contaminadas, Agulles fue enfático: “No, eso lo determinaron las auditorías locales e internacionales, es la información final de todo el accidente”.