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Diputados dio media sanción al proyecto sobre Ley de Alquileres

La iniciativa contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación y un nuevo sistema de garantías

Por Redacción

20 de noviembre, 2019 - 19:57

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles en general el proyecto sobre Ley de Alquileres, la que, entre otros aspectos, prevé nuevas condiciones para establecer la relación entre inquilinos y propietarios.

La iniciativa logró el voto positivo de 192 legisladores, mientras que 23 diputados se abstuvieron y ninguno votó en contra.

Las deliberaciones en el recinto comenzaron en horas del mediodía, en una sesión en la que se espera que también se apruebe la Ley de Góndolas, que apunta a combatir la competencia desleal y los abusos de posición dominante en supermercados.

De qué se trata la Ley de Alquileres

El proyecto de alquileres llegó al recinto tras un trabajoso acuerdo entre el oficialismo y la oposición, y luego de varios años de estancamiento parlamentario con marchas y contramarchas que impedían que el tema avanzara.

Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto consensuado dispone una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).

Por otra parte, se fija que el depósito de entrada sea por un monto no mayor al valor del primer mes de alquiler.

A su vez, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no solo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.

También, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino.

Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo.

Además, el proyecto obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP, para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.