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Inquietud sectorial por las propuestas del PJ para modificar la ley que regula la minería

Algunos espacios comienzan a moverse para defender la norma que fue definida como constitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2015

18 de noviembre, 2019 - 20:20

Ante los decididos pasos que se están dando dentro y fuera de la Legislatura, para tratar de sancionar dos proyectos que modifiquen el estatus provincial minero, se han expedido en los últimos días algunos sectores políticos y productivos.

En ese sentido, es claro el interés que exhiben importantes sectores empresarios, industriales y mineros para que se modifique la Ley 7.722 e instalar la producción minera metalífera sobre 19 proyectos que existirían en la provincia. 

También es claro que hay otro importante sector social, poblacional y agroindustrial que se resiste a tal modificación. Lo que se fortaleció aún más cuando la Suprema Corte de la Provincia declaró constitucional a la denominada ley antiminera.

Algunas fuentes aseguran que en el sur mendocino, sobre todo en los departamentos General Alvear y San Rafael, y también en el Valle de Uco, se estarían preparando gestiones y medidas para solicitarle al Poder Legislativo provincial que no se lleve a cabo ningún tipo de modificación a la 7.722.

Un pronunciamiento al respecto provino de un importante organismo rural que nuclea a toda la producción agraria del Valle de Uco, la Sociedad Rural, que en un comunicado firmado por su presidente y representante en Cuyo de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Mario Leiva, expresa: “Frente a los transcendidos de la prensa acerca de un avance del lobby minero, de que se avanzaría en modificar (previo a su anulación definitiva) la Ley 7.722, la Sociedad Rural del Valle de Uco expresa su repudio y la necesidad de estar alertas todas las organizaciones que representan al pueblo del Valle de Uco”.

En otro tramo del documento, la entidad afirma que “está de más aclarar que hay algunas excepciones honorables entre los legisladores, pero que no podrían torcer una votación (en caso) de tratarse un proyecto que todavía no sabemos cuál es”. 

El comunicado recuerda más delante que los principales candidatos a la gobernación expresaron en su momento “que iban a respetar el consenso social de cuidar y proteger nuestros recursos y nuestro medioambiente. A nuestros representantes les recordamos que la Ley 7.722 es un ejemplo en el mundo, que fue ratificada por la Corte Suprema provincial el año pasado”.

El comunicado cierra expresando que “la Sociedad Rural de Valle de Uco llama a la Cámara de Comercio de Tunuyán, a la Cámara de Comercio de Tupungato, a la Federación de Cámaras Vitícolas de la Provincia de Mendoza, a la Cámara de Comercio de San Rafael, a la Cámara de Comercio de Alvear, a la Sociedad Rural de San Rafael, a los productores Oasis Sur de Real del Padre y demás entidades agropecuaria ligadas a la producción, a adherir a la consigna de no modificación de la Ley 7.722”.

Pronunciamiento político de General Alvear

En un breve diálogo con El Ciudadano, el intendente de General Alvear, Walter Marcolini, se mostró sorprendido por lo que se pretende modificar en la Legislatura. 

Empero, reconoció que sabía de los proyectos de los senadores del PJ Alejandro Abraham, de pretender modificar la Ley 7.722, y de Juan Antonio Agulles, para la creación de parques mineros

En ese sentido, aseguró que se comunicará con el gobernador electo Rodolfo Suarez para interiorizarse de su pensamiento sobre este tema.

De todas maneras, ante la pregunta sobre lo que significa para su departamento esta ley, fue contundente al responder que “es muy conocido que General Alvear fue protagonista en la sanción la Ley 7.722 y siempre vamos a defender y proteger el agua. Porque nosotros entendemos que con esta ley, que ha sido declarada constitucional por la Corte de la Provincia, se puede hacer minería, como Hierro Indio, que se ajusta a ella. Eso siempre lo vamos a sostener”.

Cuando se le preguntó si tiene conocimiento de lo que se pretende hacer con la ley, contestó: “No sabemos qué se está intentando concretar en la Legislatura. En ese sentido no tenemos ninguna información, porque todavía no hemos sido consultados o informados sobre algún proyecto para cambiar el estado de situación en la provincia. Inclusive, no he mantenido contacto directo con Rodolfo Suarez para conocer su pensamiento al respecto”.

Finalmente recordó que “está más que claro que la 7.722 prohíbe una serie de sustancias para la megaminería a cielo abierto. Pero, más allá de eso, General Alvear no está en contra de la minería”. 

“Sí somos estrictos en la necesidad de controles y la ley nos garantiza que no se utilicen sustancias toxicas químicas en todas las etapas, es decir exploración y explotación. Esa es nuestra posición”, aseguró Marcolini.