Cornejo presentó un proyecto para agilizar las demandas contra el Estado
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Cornejo presentó un proyecto para agilizar las demandas contra el Estado

El gobernador de Mendoza envió a la Legislatura una iniciativa que tiene como fin la reducción de tiempos y costos administrativos en causas judiciales en las que el Estado sea parte

Por Redacción

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo presentó este martes en la Cámara de Senadores un proyecto de ley para aplicar un procedimiento ágil en demandas contra el Estado

El nuevo proyecto trata sobre el procedimiento transaccional de causas judiciales o prejudiciales en las que el Estado provincial o los organismos descentralizados o autárquicos sean parte. El fin es lograr un acuerdo en alguna de las etapas del proceso.

Al hablar de Estado provincial se incluye a la Administración Central, los entes descentralizados y los entes autárquicos. En este sentido, se invita a los municipios a adherir.

De esta manera, se busca lograr una reducción drástica de costas judiciales como honorarios de abogados, peritos, gastos de justicia, etc., además de evitar un desgaste jurisdiccional y administrativo.

Esta iniciativa busca mejorar el servicio público de justicia mediante la implementación de medidas que reduzcan sustancialmente el tiempo de resolución de las controversias judiciales.

En el procedimiento judicial de la demanda, dentro de la Comisión Valuadora (CV) se creará una sala adicional para intervenir y lograr estos acuerdos.

Aplicación y procedimiento

El proyecto establece tiempos a respetar en cada etapa del procedimiento, para lograr el acuerdo.

El representante judicial del ente estatal demandado tendrá cinco días para remitir un informe a la máxima autoridad del ente, donde se fundamente el acuerdo transaccional, para finalizar el proceso judicial.

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, desde la recepción del informe y en el tiempo mencionado, la Fiscalía de Estado deberá emitir la opinión coincidiendo o no con el informe. Se podrán requerir informes técnicos a cualquier organismo o repartición del Estado.

En el caso de que la causa tenga contenido patrimonial, la Fiscalía de Estado remitirá a la Comisión Valuadora los antecedentes de la causa. En el plazo de 10 días, la CV deberá emitir un informe determinando el importe de la transacción para ofrecer y lograr el acuerdo definitivo.

En las causas que no tengan contenido patrimonial, la máxima autoridad del ente, antes de remitirse a la Fiscalía de Estado, solicitará un dictamen fundado a su servicio jurídico.

El demandado hará una única oferta, que no podrá superar la suma máxima que surgió de los informes.

En caso de aceptar el ofrecimiento se firmará un acuerdo homologado judicialmente por la Fiscalía de Estado o el órgano competente.

Todos los pasos administrativos del proceso tendrán carácter de reservados. En ningún caso podrán utilizarse contra el demandado directo. La pena será la nulidad de los informes.

El procedimiento transaccional regirá para todos los procesos que estén en trámite o que se inicien luego de la entrada en vigencia de esta ley. Podrá aplicarse también en los casos de reclamo administrativo, con o sin contenido patrimonial, cuando resulte conveniente para prevenir la deducción de una demanda.

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