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Señor presidente: usted no está en guerra, no puede estarlo

Al calificar erróneamente la situación de su país, el presidente chileno cometió una equivocación garrafal al darles a los revoltosos el status de combatientes. Tomando en cuenta lo que ocurre en Chile y Bolivia, debemos ocuparnos en preparar acciones que van a requerir todos los resortes del Estado para conjurar conflictos que podrían ser violentos

01 de noviembre, 2019 - 16:59

Al declarar con severa estulticia el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que el gobierno que él dirige se encontraba, nada más y nada menos, que “en guerra”, cometió el fenomenal error de asignarles a los revoltosos que asolan las ciudades de su país un status que no se merecen. El de combatientes, cuando en realidad no son más que delincuentes.

La diferencia no es menor. Pues si se está en una guerra, como él afirma, las operaciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de las cuales es su comandante en jefe, deben aplicar los protocolos del Derecho Internacional de la Guerra.

Vale decir, tiene enfrente a enemigos a los que pueden matar y/o capturar, pero no interrogar. Porque eso es lo que establece la Convención de Ginebra para estos casos.

Por el contrario, si se trata de revoltosos, como estamos seguros que son, en alguna de las categorías posibles, se le aplica el Código Penal, se los detiene, se los procesa judicialmente y se los condena, si este fuera el caso. Y a otra cosa. 

Pero aún más importante que estas serias distinciones, es el grave error conceptual en el que Piñera incurre con su altanera declaración, que es equivocarse en la naturaleza del conflicto que su gobierno debe enfrentar por estos días. 

Precisamente, el más grave error que Clausewitz sostiene, es que tanto los decisores políticos como los altos mandos militares no pueden incurrir cuando administran la ultima ratio regum, la última razón del Estado que administran. 

En nuestro premonitorio artículo de la semana pasada decíamos que tenemos ejemplos de esto a la vista y cerca nuestro. Nos referíamos a las situaciones que se viven en nuestra región, algunas de ellas lamentables, otras, simplemente, interesantes. 

Nos preguntábamos qué tenían en común las situaciones emergentes en el Perú y, aún en desarrollo, en el Ecuador. No incluimos a Chile porque los desórdenes, aún, no se habían iniciado. 

También, dijimos que: “...si el presidente Maduro se mantiene en el poder pese a sus excesos; o si el Presidente de Perú le bastó su apoyo para concluir sin mayores consecuencias una crisis institucional y si el del Ecuador ha tenido que apelar a ella para mantenerse en el poder. Ha sido,  justamente, por la posesión de la “ultima ratio regum” del que venimos haciendo referencia”.
Y agregamos que “probablemente, los argentinos tengamos, todavía, presente en nuestra memoria los excesos del denominado Proceso Militar. Está bien que así sea. En una República, el poder militar se encuentra bajo el control de las autoridades civiles. Pero lo dicho no invalida que los problemas que llevaron, primero a los monarcas absolutos y luego a los poderes republicanos a construir y pagar por sus cañones, vale decir, por sus Fuerzas Armadas, no persistan o que hayan desaparecido como por arte de magia”.

También nos anticipamos sosteniendo que “lamentablemente, las diversas realidades regionales y mundiales nos avisan de una creciente conflictividad. La que, aún, por sus consecuencias indirectas, es necesario estar preparado. Tales como las grandes migraciones, las organizaciones criminales del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas; también la depredación de nuestros recursos naturales, como los pesqueros y los forestales. Sin dejar de olvidar la necesidad de respaldar a las decisiones de nuestra política exterior”.

Finalmente, pedíamos lo imposible: “Para terminar, si bien no hemos visto el interés en incluir a estos temas entre los del debate presidencial, esperamos verlos en la agenda de quien tenga la responsabilidad de gobernar los destinos de la República a partir del próximo 11 de diciembre”.

Es el momento de actuar

Bueno, el momento ha llegado. Tenemos un grave proceso de violencia instalado en Chile y, probablemente, otro que puede estallar en Bolivia a caballo de su complejo proceso electoral, con consecuencias que serán profundas y que desconocemos, aunque las podamos intuir en su conjunto.

Pero lo más importante es que son lugares muy próximos a nuestro país. Concretamente, Bolivia a nuestras provincias norteñas y Chile, como sabemos, a Mendoza.

En rigor de verdad, las condiciones sociales y políticas de nuestra República no son buenas; tampoco tan malas –al parecer– como la de los países de la región.

Seguramente, las expectativas políticas que tenemos los argentinos puestas en las próximas elecciones sean la causa de nuestra relativa tranquilidad. 

Lo dicho nos da un poco de tiempo, aunque éste no sea mucho. 

Al respecto, se preguntarán ustedes qué es lo que habría que hacer en el interín de calma que disfrutamos.

Primero: Es imprescindible que los políticos, especialmente los que ostentan cargos ejecutivos, tomen conciencia que lo que sucede en la región por causas que no vamos a juzgar ni a analizar, pero que bien pueden anticipar sucesos similares –en forma localizada o generalizada– por estas tierras.

Segundo: Admitida la primera premisa, es menester actuar en consecuencia. En principio, no incurrir en el error del presidente Piñera. No se trata de una guerra, pero sí de un conflicto violento que va a requerir el empleo de todos los resortes del Estado para conjurarla. Probablemente, aún, el último recurso de sus FF.AA.

Tercero: Actuar en consecuencia. Y si como lo hemos dicho tantas veces antes, las batallas se ganan en los preparativos, hay que empezar con ellos.

De los preparativos mencionados, el ordenar las ideas es el más importante. Con ello nos referimos a que las fuerzas que van a intervenir en el mantenimiento del orden no son robots y como todo ser humano necesitan de un tiempo para “metabolizar” sus decisiones.

Sabemos que ha sucedido en el pasado. En aras de la corrección política y de no alarmar a nadie, los distintos ministerios del Estado –aquí nos interesan el de Seguridad y el de Defensa–, han esperado hasta el último momento para impartir directivas y autorizar las reglas de empeñamiento pertinentes a la situación.

Creemos que la seriedad de la situación exige actuar en consecuencia. No hacerlo podría incurrir en una grave negligencia por omisión. Y si de la misma resultara la pérdida de vidas o de bienes valiosos para la Nación y sus ciudadanos, ésta adquiriría características de criminal.

El Doctor Emilio Magnaghi es Director del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional Santa Romana. Autor de El momento es ahora y El ABC de la Defensa Nacional.