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Las obras no tienen dueño

En estos días, en Mendoza, se discuten en sede legislativa algunos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la provincia pero enfrentan la dura negativa del PJ con argumentos lineales y poco sólidos. Es una pena.

14 de octubre, 2019 - 07:31

Pese a que sería el sueño de muchos, las obras que los ciudadanos usamos cotidianamente no tienen nombre. La tentación histórica de la dirigencia ha sido que lo tengan, pero los de a pie nos olvidamos férreamente de la pleitesía para que lo nuestro (al fin y al cabo, lo pagamos nosotros) sea nuestro y ya está, a otra cosa.

Así, cuando cruzamos una plaza no pensamos si la hizo el intendente tal, o cuando llegamos a una ciudad no pensamos “estoy transitando el acceso hecho por el gobernador cual, o el presidente fulano”.

Los intentos han sobrado en nuestra historia. Todos recordamos el “ponele Néstor a todo” de hace unos años, o cuando La Plata se llamaba Ciudad Eva Perón, la provincia de La Pampa ídem, y hasta un desarrollo urbano del Gran Buenos Aires refleja en la traza de sus calles la silueta de "la abanderada de los humildes".

Pero después, en la práctica, esa tentación se diluye, se olvida, para justicia de lo que debe ser capital social y no vanos homenajes a autoproclamados líderes y prohombres. No transitamos pensando quién puso la baldosa que pisamos. Afortunadamente.

Viene a cuento la reflexión porque en estos días, en Mendoza, se discuten en sede legislativa algunos proyectos que tienen que ver con el desarrollo. Fueron inicialmente cuatro, con financiamiento blando del BID, uno de los cuales) la Ruta Provincial 82, sorteó rápidamente el trámite legislativo y se aprobó la toma del crédito para la ejecución.

El compromiso era tratar los otros tres después de las elecciones. Se trata del proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), imprescindible para que Mendoza resuelva un atraso de décadas en la gestión de la basura; la doble vía que une las tres ciudades más importantes del este provincial, como San Martín, Rivadavia y Junín, y el acueducto ganadero La Paz.

Los argumentos esgrimidos por la oposición se centraron en el endeudamiento a contraer. Poco importa que sean obras para el desarrollo, y no meros adornos urbanos. Pero a la hora de explicarlo la delgadez argumental quedó de manifiesto.

Otro argumento, deslizado por un legislador, fue más confuso aún, señalando la necesidad de saber quiénes son los propietarios de los campos que se beneficiarían por las obras hídricas, por ejemplo. En Mendoza los sistemas de irrigación benefician a tierras de propiedad privada, que pagan su canon y acceden al derecho, por lo que el manto de sospechas es demasiado llamativo.

Si hay un beneficio dirigido para algunos, deberían denunciarlo públicamente con los elementos probatorios correspondientes.

También se señaló la necesidad de saber qué empresas se beneficiarían con la gestión de residuos, arrojando sospechas, cuando las licitaciones correspondientes permiten ser examinadas con todo el rigor del caso. Si hay en esto también un intento de favorecer a alguien, correspondería la misma conducta que en el ejemplo anterior.

Lo grave del tema es que la provincia se vería privada de obras sustancialmente necesarias para el futuro, y los argumentos de la negativa no convencen. Suenan a egoísmo político.

Las obras que utilizamos cotidianamente no tienen nombre propio. Es una pena que su ausencia deba tenerlos.