Extinción de dominio: el choque de dos legisladores nacionales de Mendoza

Llegó a la Cámara Baja del Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre extinción de dominio que firmó recientemente el presidente Mauricio Macri. Como sucedió con el fallido tratamiento de la ley respectiva, el decreto se encontró con la fuerte resistencia de la oposición, sobre todo de legisladores del kirchnerismo, que no quiere que entre en vigencia un instrumento jurídico que haría devolver lo sustraído en actos de corrupción del anterior gobierno que hoy investiga la Justicia.

Al respecto, y como se recordará, la primera provincia del país que adhirió inmediatamente al decreto presidencial fue Mendoza. Un paso que implicará modificaciones al Código Procesal Civil y algo que increíblemente la oposición desconoce y para lo que el oficialismo prepara los pasos legislativos.

El Ciudadano entrevistó a dos diputados nacionales que se expidieron en forma enérgica y dispar sobre este asunto, como Luis Petri (UCR–Cambiemos) quien dijo: “Creemos que debe aprobarse sin dilaciones. Esto debe tener dictamen favorable por parte de la Comisión de DNU y posteriormente la aprobación por la Cámara de Diputados de la Nación. El Congreso de nuestro país no tiene excusas para no aprobar este decreto, más allá de que ya es válido tras haber sido publicado en el Boletín Oficial y por eso no hay razones para rechazar ese decreto”. 

“Más aún –agregó– cuando existe una injustificada dilación en el tratamiento por parte del Congreso de una ley que es absolutamente necesaria y requerida por la ciudadanía que nos interpela y nos demanda a que recuperemos los bienes de la corrupción y del narcotráfico”.

El legislador radical destacó más adelante que “la República Argentina viene incumpliendo con compromisos asumidos a nivel internacional en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. Una cuestión que la obliga a dictar normas como las que sancionó el Presidente a la hora de dictar el decreto”. 

“No me extraña que el justicialismo se oponga”

Cuando El Ciudadano le observó que el justicialismo dice que es inconstitucional y que viola el fuero penal, Petri respondió que “la oposición está desconociendo la naturaleza de este tipo de acciones. Acciones que son fundamentalmente civiles y así son vistas y aplicadas en todo el mundo. Porque toda extinción de dominio tiene naturaleza administrativa y no tiene naturaleza penal. Por eso no me extraña que el Frente para la Victoria (FpV) se oponga al decreto. Porque cuando tratamos la ley en Diputados también se opusieron y ni siquiera presentaron dictamen alternativo”. 

“En definitiva, una oposición que solo actuó para impedir y trabar el tratamiento de la ley. Debe quedar en claro que el kirchnerismo hace todo lo posible para que los más de cien funcionarios procesados no devuelvan los bienes adquiridos en acciones de corrupción”, consideró.

Por último, destacó la actitud de Mendoza en cuanto a la adhesión provincial al decreto nacional de extinción de dominio. “Es imprescindible acompañarla con una medida con modificaciones al Código Procesal Civil, para que los casos de delitos de corrupción de funcionarios provinciales puedan ser alcanzados por las disposiciones del decreto firmado recientemente por el Presidente de la Nación”, expresó Petri.

“El gobierno tiene naturaleza de matriz corrupta”   

Verborrágico como en su bloque se mostró el diputado nacional Guillermo Carmona a la hora de argumentar un nuevo rechazo a la ley de extinción de dominio. “Hay un proyecto de ley que ha estado bajo tratamiento del Congreso y no ha salido justamente porque lo que pretende el oficialismo es inconstitucional. Con él se pone en riesgo la seguridad jurídica y de garantías al derecho de propiedad de cualquier ciudadano. Por eso la comisión de Decretos de Necesidad y Urgencias de Diputados considera que este decreto es inconstitucional, porque la materia penal no puede ser regulada por DNU. Lo que constituye esta acción del Ejecutivo en algo grave”, resaltó. 

Cuando se le consultó cómo se puede recuperar lo sustraído por corrupción, consideró que, “de acuerdo a los procedimientos constitucionales, cuando existe sentencia firme se debe tomar una serie de medidas previas a los efectos precautorios para evitar que se distraigan esos recursos para fines que tengan que ver con lo delictivo. Es decir que los mecanismos constitucionales y legales están, y hay que aplicarlos”.

Sentenció más adelante que “la medida que toma el presidente Mauricio Macri es demagógica y le puede costar al Estado cifras multimillonarias por múltiples demandas. Insisto que tiene que haber un régimen que garantice que el Estado pueda contar con estos bienes incautándolos como indica la ley y el pleno respeto a normativas constitucionales”. 

“Creo que lo que se plantea para la dirigente Cristina Kirchner se lo debe plantear para Mauricio Macri, quien integra un Gobierno de matriz esencialmente corrupta”, opinó.