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El as en la manga

Por Martín Gastañaga Periodista de El Ciudadano

Finalmente, en la semana que comienza este lunes se develarán ciertos misterios que son esenciales para el rumbo y futuro del gobierno de Cambiemos y para las veleidades reeleccionistas de Maurico Macri, que ambicionan la triple corona. Es decir, no solo la reelección del presidente en la Nación sino también de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y del mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de la apertura de los sobres para los PPP, los proyectos de obras con participación pública y privada. En esta primera etapa se entregarán 60 proyectos, por un monto de inversión cercano a los 26 mil millones de dólares, a desarrollarse en cinco años, pero básicamente el bienio 2019/20 se llevará el grueso, con más de 16 mil millones.

La jugada es arriesgada, porque es un sistema que no registra antecedentes de esa magnitud en el mundo, pero por otra parte parece ser el único camino para que la Argentina pueda recomponer en algo la impresentable infraestructura actual fruto de décadas de desinversión y corrupción.

La primera parte, que se pone en marcha a partir de la apertura de sobres del viernes, afecta a gran parte de las rutas que actualmente son explotadas mediante el sistema de peajes. En un plazo de cinco años el compromiso es completar una red de 2.800 kilómetros de autopistas y 4.000 kilómetros de lo que han denominado rutas seguras (una traza más ancha, banquinas de 1,80 metros asfaltadas y un tercer carril que se suma a una cierta cantidad de kilómetros y que sirve como vía de descongestión para evitar el sobrepaso en la mano contraria). También se licita la reparación de otros 13.000 kilómetros que hoy se encuentran en muy mal estado.

La red vial actual de la Argentina se compone por un 12% de autopistas, un 6% de semiautopistas y en un 82% por rutas comunes. El plan es que en estos cinco años se llegue a un sistema donde el 54% de la red sea de autopistas, mientras que desaparecerán las actuales rutas comunes.

Según los especialistas, el sistema es sumamente complejo, pero en el haber del gobierno se registra un optimismo inicial a raíz del entusiasmo que ha despertado el programa, no solo en las empresas nacionales sino también en algunas extranjeras.

Pero la ambición del proyecto no es solo cambiar la cara y la realidad de la infraestructura vial, sino que se aspira a que también sea aplicado, aunque en cifras más bajas, a otros sectores deficitarios de servicios. Agua, saneamiento y vivienda es el segundo ítem que se llevaría fondos con el sistema PPP. Energía y minería es el tercer sector en recibir obras a partir de este modelo de construcción y en última instancia quedan salud, educación y justicia.

Las concesiones de este nuevo programa son por 15 años, frente a los cinco que tienen de vigencia los contratos anteriores. Pero a diferencia de aquellos, las obras deben ser ejecutadas por los mismos privados, y no ya por el Estado, teniendo más tiempo para la amortización. Queda en manos de esos privados también la obtención del financiamiento.

La jugada es arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta el largo historial de promesas incumplidas y, sobre todo, el terrible saldo que ha dejado la corrupción en la obra pública. Nada se sabe por ahora de cómo serán los controles y fiscalizaciones de esas obras. Pero al menos algo es seguro: será imposible un país integrado y competitivo con el actual estado de la infraestructura y los terribles costos que genera (como muestra basta un botón, algún transportista señaló que en promedio rompen un neumático por viaje por las condiciones del pavimento). El tiempo dirá si el sistema es virtuoso o perverso, pero consuelo de tontos, peor que con Lázaro Báez no nos puede ir.

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Finalmente, en la semana que comienza este lunes se develarán ciertos misterios que son esenciales para el rumbo y futuro del gobierno de Cambiemos y para las veleidades reeleccionistas de Maurico Macri, que ambicionan la triple corona. Es decir, no solo la reelección del presidente en la Nación sino también de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y del mandatario porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de la apertura de los sobres para los PPP, los proyectos de obras con participación pública y privada. En esta primera etapa se entregarán 60 proyectos, por un monto de inversión cercano a los 26 mil millones de dólares, a desarrollarse en cinco años, pero básicamente el bienio 2019/20 se llevará el grueso, con más de 16 mil millones.

La jugada es arriesgada, porque es un sistema que no registra antecedentes de esa magnitud en el mundo, pero por otra parte parece ser el único camino para que la Argentina pueda recomponer en algo la impresentable infraestructura actual fruto de décadas de desinversión y corrupción.

La primera parte, que se pone en marcha a partir de la apertura de sobres del viernes, afecta a gran parte de las rutas que actualmente son explotadas mediante el sistema de peajes. En un plazo de cinco años el compromiso es completar una red de 2.800 kilómetros de autopistas y 4.000 kilómetros de lo que han denominado rutas seguras (una traza más ancha, banquinas de 1,80 metros asfaltadas y un tercer carril que se suma a una cierta cantidad de kilómetros y que sirve como vía de descongestión para evitar el sobrepaso en la mano contraria). También se licita la reparación de otros 13.000 kilómetros que hoy se encuentran en muy mal estado.

La red vial actual de la Argentina se compone por un 12% de autopistas, un 6% de semiautopistas y en un 82% por rutas comunes. El plan es que en estos cinco años se llegue a un sistema donde el 54% de la red sea de autopistas, mientras que desaparecerán las actuales rutas comunes.

Según los especialistas, el sistema es sumamente complejo, pero en el haber del gobierno se registra un optimismo inicial a raíz del entusiasmo que ha despertado el programa, no solo en las empresas nacionales sino también en algunas extranjeras.

Pero la ambición del proyecto no es solo cambiar la cara y la realidad de la infraestructura vial, sino que se aspira a que también sea aplicado, aunque en cifras más bajas, a otros sectores deficitarios de servicios. Agua, saneamiento y vivienda es el segundo ítem que se llevaría fondos con el sistema PPP. Energía y minería es el tercer sector en recibir obras a partir de este modelo de construcción y en última instancia quedan salud, educación y justicia.

Las concesiones de este nuevo programa son por 15 años, frente a los cinco que tienen de vigencia los contratos anteriores. Pero a diferencia de aquellos, las obras deben ser ejecutadas por los mismos privados, y no ya por el Estado, teniendo más tiempo para la amortización. Queda en manos de esos privados también la obtención del financiamiento.

La jugada es arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta el largo historial de promesas incumplidas y, sobre todo, el terrible saldo que ha dejado la corrupción en la obra pública. Nada se sabe por ahora de cómo serán los controles y fiscalizaciones de esas obras. Pero al menos algo es seguro: será imposible un país integrado y competitivo con el actual estado de la infraestructura y los terribles costos que genera (como muestra basta un botón, algún transportista señaló que en promedio rompen un neumático por viaje por las condiciones del pavimento). El tiempo dirá si el sistema es virtuoso o perverso, pero consuelo de tontos, peor que con Lázaro Báez no nos puede ir.

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