Denuncian que cambios en la OSEP 'saturan el sistema de salud pública'

La situación planteada unos meses atrás entre la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y los organismos que representan a profesionales de la salud se agravó, a punto tal que los afiliados, al no tener cobertura en estudios y patologías complejas, recurren a los efectores públicos. De esta manera, hospitales y centros de salud de toda la provincia –en especial en el Sur y el Este–, ya mostrarían signos de saturación. 

El tema se agrava con la utilización que hacen los agentes públicos en toda prestación médica e insumos que son necesarios en la atención, sobre todo en complejos cuadros de salud en los que el afiliado a la OSEP o algún familiar directo necesitan atención casi urgente. 

Por eso, diferentes gremios que representan a trabajadores del Estado pidieron una rápida intervención del Poder Legislativo a través de las comisiones de Salud y Derechos y Garantías, para que se convoque a las máximas autoridades de la obra social en búsqueda de soluciones. 

Al mismo tiempo, los dirigentes gremiales advirtieron que esta cuestión se podría judicializar, ya que hay muchos afiliados con delicados cuadros de salud que estarían preparando presentaciones ante los estrados judiciales.

“Denunciaron aspectos graves”

Al concluir la tensa reunión que mantuvieron miembros de sindicatos y legisladores, se expresó el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, Carlos Sosa, quien expresó: “Hemos recibido a los representantes gremiales ante la grave situación que atraviesan afiliados de la OSEP en el Este y el Sur de la provincia. Ellos dicen que no hay comunicación con las autoridades de la obra social para que, en carácter de representantes gremiales, le puedan comunicar a los trabajadores el porqué de las modificaciones que hacen faltar estos servicios y el pago de coseguros que, en la mayoría de los casos, la gente no puede afrontar, sobre todo en las prácticas de alta complejidad”.

“Este es un punto que ha llevado a la saturación de los efectores públicos a los que se han volcado los afiliados de la OSEP para hacerse atender. En ese sentido hay aspectos graves que se han denunciado, como el tema referido a anestesia, prácticas por imágenes y resonancia magnética”, consideró el legislador.

Macho: “Decisión unilateral que perjudica al afiliado” 

Al respecto, El Ciudadano mantuvo un diálogo con algunos dirigentes gremiales, primero con el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, quien aseguró que “hoy sería exagerado declarar la emergencia en salud, pero no podemos descartar que de aquí a dos meses haya una saturación del sistema sanitario debido a que todos los estatales, al no tener sus efectores en condiciones para poder hacerse atender, concurran, como lo hacen ahora, a los hospitales públicos o a los centros de salud, ocupando todos los insumos de la estructura asistencial que solo está dispuesta para humildes trabajadores y desocupados que no cuentan con obras sociales”.

“Por esto señalamos que si esto no se soluciona en los próximos dos meses, se entraría en una profunda saturación de la salud pública, con graves problemas debido a la decisión unilateral del director de la OSEP”, expresó.

“En el directorio hace falta un representante de los obreros”

También se expresó ante El Ciudadano el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, indicando que “esto afecta a todos los que tengan delicados problemas de salud. Por lo que, con una obra social en problemas, están absolutamente desprotegidos, siendo el Este y el Sur los lugares más vulnerados por la recesión de los convenios con los círculos médicos”. 

“Este complicado asunto se inició cuando no se comunicó lo que estaba pasando y no se estableció un mecanismo de transición. Algo que se hubiera logrado si existiera en el Directorio la figura del director obrero, un aspecto que no se puede dar mientras la Legislatura no sancione la ley de su creación”, consideró.

“Por eso, los gremios somos meros intermediarios en una situación en la que deberíamos ser más activos, con un reclamo con grave contenido contra una obra social compulsiva que deja a mucha gente sin cobertura y provoca su asistencia a los hospitales públicos. Algunos ejemplos en el caso de los docentes es haber interrumpido convenios con el Colegio de Psicólogos, profesionales muy necesarios en el andamiaje laboral de los docentes”, denunció Henríquez.

La OSEP podría ser demandada

Por su parte, la secretaria general del gremio de los Judiciales, Adriana Domínguez, dio más precisiones sobre la parálisis del convenio y las prestaciones que hoy tiene la obra social de los empleados públicos, y aseguró que “la situación de la OSEP es crítica”. 

“Hemos recibido por parte de trabajadores judiciales muchas quejas, sobre todo en el Sur y en el Este, ante la decisión de la obra social de romper el vínculo con los círculos médicos de cada uno de esos lugares. Eso ha generado una situación muy crítica, donde la mayoría de los afiliados de esas zonas se han quedado prácticamente sin prestación. Ante esto, la OSEP no elaboró ningún plan de contingencia, teniendo en cuenta que una cantidad elevada de afiliados necesita un número razonable de médicos que los atiendan”, dijo Domínguez.

Y agregó que “el ejemplo son los 25 médicos que, solamente en el departamento San Rafael, atienden 45 mil afiliados. Esto ha generado que los afiliados se vuelquen al sistema de salud pública y eso ya está resintiendo el servicio”.

“Todo esto se lo hemos informado a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, lo que ha motivado que sean citadas las máximas autoridades de la obra social para que, en forma conjunta con la comisión de Salud, le pidan explicaciones al titular de la OSEP, Sergio Vergara, para que indique una salida a todo este gran problema”, comentó. 

Finalmente, la dirigente judicial advirtió: “Nos encontramos con trabajadores del Estado y familiares directos con graves patologías, un motivo más que suficiente para que muchos de ellos hagan presentaciones o soliciten amparos judiciales, porque la salud no es solo un derecho, ya que al afiliado, al ser el principal motor de mantención de la obra social con sus aportes, le asiste el derecho de concurrir a la Justicia en busca de esa respuesta que hasta ahora no le ha dado su obra social”.